Certificadora de aceite de palma reconoce que empresa ecuatoriana se instaló sin consentimiento en territorio afro

En teoría, dicha certificación debe garantizar que el aceite de palma producido y comercializado cumpla con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

En palabras simples, tras un informe técnico independiente,  la RSPO reconoce algo que la comunidad viene sosteniendo desde hace al menos ocho años: que parte de los cultivos de la palmicultora están en tierras que les fueron otorgadas como territorios ancestrales mucho antes de que la empresa llegara y que existe una “superposición de terreno” en 283 hectáreas.

Los habitantes de Barranquilla de San Javier, al ser una comuna afrodescendiente, recibieron en 1997 los títulos de propiedad de 1430 hectáreas de manos del desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Sin embargo, un par de años después, un vacío legal permitió que algunos de ellos recibieran, de manera individual, otros títulos de propiedad y los vendieran a  Energy & Palma. Esto llevó a que algunos terrenos tengan dos dueños y la empresa pudo avanzar en la extracción de aceite de palma en una parte de las tierras ancestrales de la comunidad.

Desde entonces, la vida en el territorio se convirtió en un constante conflicto, como viene informando Mongabay Latam desde hace unos cinco años. La palmicultora y la comuna comparten vías de acceso, territorio. Además, los sembríos de palma colindan con los caminos y las viviendas de la gente. La relación ha sido tensa desde el inicio.

Los comuneros plantearon, en diciembre de 2022, una acción de protección que duró casi tres años en tener respuesta. Allí demandaban el reconocimiento de sus territorios, pero la  Justicia ecuatoriana le dio la razón a la empresa en última instancia en julio de este año. Poco después, Barranquilla presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que aún se encuentra en trámite.

En otro proceso judicial (iniciado en 2019), Energy & Palma demandó a siete dirigentes de la comuna tras una protesta pacífica realizada en ese año, en la que cerraron la vía de acceso a la palmicultora durante tres meses.  La empresa alegaba pérdidas por unos 320.000 dólares, por no haber podido ingresar a sus plantaciones durante ese tiempo.

Inicialmente, la Justicia condenó a los dirigentes afroecuatorianos al pago de esos 320.000 dólares, pero, tras la apelación, el monto se redujo a 5000 dólares. Los abogados de los demandados esperan que en las dos instancias judiciales que faltan, ese monto se reduzca a cero porque insisten en su inocencia.

En ambos casos, si los resultados adversos se mantienen, los comuneros están dispuestos a llegar a instancias internacionales.

Lo que implica la decisión

Si aún falta darle solución definitiva a los casos judiciales, ¿por qué la decisión de la RSPO tiene tan contentos a los comuneros de Barranquilla? Lo manifestado en el documento no es de obligatorio cumplimiento para la empresa, pero si Energy & Palma quiere mantener la certificación de RSPO, que es vital para exportar su aceite a Europa, tendrá que acatarlo.

Mongabay Latam pidió la versión de Energy & Palma sobre esta decisión. Entre varias consultas, preguntamos si tienen pensado apelar o no. Nos comunicamos tanto telefónicamente como a los correos que constan en la página web de la palmicultora y del grupo LaFabril, propietario de la compañía. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Según el documento, un informe técnico independiente confirmó la entrega del territorio ancestral por parte del INDA y reconoció que existe esta “superposición” de tierras. Además, asegura que la empresa no hizo una consulta previa libre e informada y tampoco un estudio sobre los riesgos sociales y ambientales a los que se exponía a Barranquilla, a fin de establecer un procedimiento consensuado de compensaciones.

Adicionalmente, establece que “no están claras” las razones por las que la empresa no pudo usar vías alternas durante la protesta de 2019 para evitar las pérdidas económicas que declaró.

La RSPO exige a Energy & Palma que haga un mapeo “participativo” para determinar con exactitud las áreas que se superponen. Luego de ese mapeo deberá crear con la comunidad un plan conjunto de remediación. Finalmente, establece el envío de reportes mensuales de cumplimiento firmados por ambas partes.

Aunque la empresa puede apelar en un plazo máximo de 60 días a partir de emitida esta decisión (28 de agosto de 2025), Natalia Bonilla, presidenta de  Acción Ecológica, organización que viene acompañando el caso desde 2019, confía en que no habrá cambios sustanciales respecto a lo resuelto.

“Es una victoria de la comunidad y de su perseverancia desde 2017, una muestra de cohesión y coherencia. Estamos muy contentos y lamentamos que la justicia ecuatoriana no haya actuado igual. Lo consideramos un acto de reparación”, dice Bonilla.

Según el sitio oficial de la RSPO, Energy & Palma,  una empresa del grupo LaFabril, económicamente uno de los más sólidos de Ecuador,  tiene esta certificación desde 2009. Bonilla dice que el hecho de que recién se den cuenta de estos vacíos e incumplimientos, gracias a una queja de la comunidad, también es una muestra de que algo falla en los seguimientos y auditorías de la certificación.

“Que la empresa haya tenido durante tanto tiempo este certificado, pese a todos estos impactos, pone en evidencia una falencia de la RSPO. La entrega de este certificado evidencia que no han hecho bien su trabajo. Por eso, creemos que esta decisión es un acto de remediación y de reparación a un certificado que nunca debió haberse entregado”, comenta Bonilla.

El plan de reparación

Luis Quinteros, presidente de Barranquilla de San Javier, confirma que esta es una decisión “muy importante para la comunidad”. “Hemos logrado algo por lo que venimos luchando desde hace muchos años: RSPO nos dio la razón”, agrega.

Sin embargo, en medio de la euforia, su voz se torna enseguida hacia un tono de desazón: “Veníamos luchando por otros lados [vía judicial] y es algo penoso: las autoridades, a pesar de que saben que son tierras comunales, siempre salieron a favor de la empresa. A nosotros nos desconocen, pese a que hemos sido luchadores y defensores de la naturaleza. Hemos sido ultrajados y maltratados por las autoridades. Es algo inaudito: una casa, un carro o una comunidad no pueden tener dos títulos de propiedad”, dice.

¿Qué medidas podría incluir el plan de reparación que se debe construir? Quinteros responde que se reunirán con Acción Ecológica, su equipo de abogados y otras personas y organizaciones que han seguido el caso para poder definir las propuestas que llevarán a las conversaciones con la empresa.

Bonilla, por su parte, plantea que debe ser una reparación integral. Pese a que la decisión de la RSPO establece que el informe técnico no encontró evidencia de deforestación, la comunidad estima que hay al menos unas 100 hectáreas de palma aceitera en la parte norte de su territorio ancestral que arrasaron con el bosque original. Y el uso de ese territorio y su proximidad con las viviendas ha generado a lo largo de los años  denuncias por contaminación de los ríos y los bosques, enfermedades de los peces (que ya no serían aptos para el consumo), afecciones a la salud, tala de árboles nativos y desaparición de especies animales.

“Estamos en el país de los derechos de la naturaleza [reconocidos en la Constitución]. Esta reparación tendría que ir anclada a estos derechos porque son también los derechos de la comunidad”, dice Bonilla. “Y tendría que ir anclada a la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano, que se basa en la relación naturaleza-seres humanos-ríos-bosque-animales”.

La presidenta de Acción Ecológica plantea que deberían existir, para empezar, disculpas públicas. En segundo lugar, que la empresa debería sacar su palma de la zona ancestral y sembrar de nuevo especies nativas: “La empresa tendría que restaurar ese ecosistema: el bosque del Chocó. Es un trabajo que tiene que recurrir a la memoria de los ancianos: ellos saben qué árboles había ahí, qué hierbas, qué animales”, agrega Bonilla, aunque enseguida aclara que cualquier decisión tendrá que tomarla la comunidad.

El tiempo del cumplimiento

El abogado Franklin Bucheli, magíster en derecho ambiental y especialista en desarrollo sustentable, explica que esta decisión de la RSPO “de ninguna manera implica el reconocimiento judicial de afectaciones a derechos o recursos de la comuna”, pero sí es vinculante para las partes, en caso de que la empresa quiera mantener la certificación. Y remarca que la posibilidad de apelación hace que esta decisión no sea aún definitiva, ni siquiera en esta instancia de mediación.

Luego de leer la decisión, el experto acota: “El mapeo se refiere a subsanar, reconocer y remediar la superposición territorial de las 283 hectáreas, mas no a temas de carácter ambiental”. Por eso, agrega Bucheli, la propia decisión de la RSPO recomienda la mediación de un tercero para que escuche las demandas de los dos sectores y pueda guiar a un acuerdo.

Bonilla sugiere que esa mediación podría venir desde la academia o desde otras organizaciones que trabajen temas ambientales.

La solución del conflicto entre la comuna de Barranquilla de San Javier y la empresa parece estar lejos de llegar a un final. A partir de la recepción de la decisión de la RSPO (tomada el 28 de agosto), Energy & Palma tiene 60 días hábiles para presentar la apelación. Luego habrá que esperar una resolución final y, si todo se ratifica, la empresa tendrá 90 días calendario para presentar un plan para el mapeo participativo de la zona y luego ejecutarlo (para lo cual no se establecen plazos). Concluido el mapeo, tendrán 30 días calendario más para presentar el plan de remediación.

Bonilla acepta que “esto será largo” y asegura que el hecho de que estos procesos tarden tanto “es una de las injusticias que existen”. “Pero la comunidad sí está muy esperanzada con que se cumpla toda la recuperación —agrega—, que años de abandono, de alguna forma, se puedan remediar”.

Y Quinteros es todavía más enfático: “La comuna de Barranquilla no va a bajar los brazos. Nosotros seguiremos hasta instancias nacionales e internacionales”.

Fuente: Desinformémonos