Chile: Ralco: un conflicto mal resuelto y sus lecciones

Según los antecedentes disponibles, dicho acuerdo, suscrito en La Moneda, se habría materializado a través de dos "memorandos de entendimiento" que se refieren fundamentalmente a las compensaciones económicas a ser pagadas a las mujeres pehuenche en razón de este proyecto.

En el primero de estos memorando, suscrito por las mujeres pehuenche y Endesa, en que el gobierno actúa como garante, se establece que Endesa otorgará $200 millones y 77 has. de terrenos similares a las tierras por ellas permutadas. Además, la empresa aportará $ 300 a una institución definida de común acuerdo entre las partes para impulsar programas de desarrollo indígena a favor de los llamados "afectados indirectos" por la construcción de Ralco. Las mujeres pehuenche, por su parte, se comprometen a desistirse de las acciones judiciales y administrativas que han presentado en contra de la central.

En el segundo memorando, suscrito por el gobierno con las propietarias pehuenche, este se compromete a adquirir 1.200 has. del Fundo vecino El Porvenir, tierras que serán transferidas gratuitamente a los familiares directas de las mujeres pehuenche (12 en total). Además, se compromete a otorgar subsidios habitacionales, vías de electricidad, pensiones y becas de estudio para ellas y sus familiares directos. La central cubrirá un total de 3 mil 500 hectáreas e implicará la relocalización de 675 personas, 500 de las cuales son pehuenche.

Para todos quienes han seguido de cerca el conflicto esta "solución" aparece como soprendente. Ello, en primer término, por cuanto se produce luego de que un fallo del Sexto Juzgado Civil dictado en mayo de 2003 declarara la nulidad de derecho publico del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) y de la autorización ambiental de la central Ralco, confirmando la existencia de graves vicios en el proceso de aprobación gubernamental de esta central. A ello se agrega una resolución del mismo tribunal dictada en junio de 2003 frente a una medida precautoria de paralización de las obras de Ralco solicitada por los abogados de las mujeres pehuenche, resolución en que se prohíbe a Endesa la inundación de la presa mientras no se resuelva el fondo del asunto.

El mismo acuerdo resulta sorprendente, además, por cuanto se produce luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la denuncia presentada el año pasado por las mujeres pehuenche por la violación de sus derechos humanos contenidos en la Convención Americana 1(1969), había acogido en el mes de agosto pasado una medida cautelar solicitada por ellas, y ordenado al gobierno de Chile a abstenerse de realizar cualquier acción que modificase el "status quo del asunto", en especial "evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que implique el desalojo de las peticionarias de sus tierras ancestrales."

El acuerdo difundido por la prensa en los últimos días también constituye una ocasión para recordar las irregularidades del camino hasta ahora recorrido en la ejecución de este proyecto, así como a identificar las lecciones a aprender de este conflicto. En efecto, Ralco fue aprobado por CONAMA en 1997 a pesar del rechazo inicial de 20 servicios públicos en razón de sus insuficiencias en el cumplimiento de la normativa ambiental, y más grave aún, contra la voluntad expresa de las dos comunidades directamente afectadas (Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, 1996). CONADI, por su parte, aprobó en 1999 las permutas de tierras pehuenche por tierras no indígenas de similar valor comercial requeridas por la ley indígena (art. 13 Ley 19253 de 1993) luego de la remoción por el ejecutivo de sus dos primeros directores nacionales, los que se opusieron a Ralco por afectar los derechos de los indígenas. A ello cabe agregar las presiones que Endesa ejerció sobre los pehuenche a objeto que suscribieran los contratos de permuta de sus tierras, las que se encuentran bien documentadas.

Se trata de irregularidades que han sido constatadas por prestigiosas entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la que luego de misiones en terreno (1997, 2002), ha emitido informes cuestionando el accionar de ENDESA y del gobierno al intentar imponer el proyecto Ralco sin un proceso de consulta adecuado de los pehuenche, sin su consentimiento, y sin garantizar de un modo adecuado sus derechos humanos básicos. Las mismas irregularidades fueron constatadas más recientemente por el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

En un comunicado hecho público el día 24 de setiembre por entidades mapuches se explicita que:

" 1. Ellas (las cuatro peheunches) manifestaron que NO han firmado un acuerdo final de entrega de las tierras, sino que fueron obligadas a firmar un documento que no fue leído en ningún momento, diciéndoles que si no lo hacían perdían las posibilidades de un buen negocio. Lo grave de esto es que las lamñienes no saben leer ni escribir, por lo cual actuaron de una manera tramposa los abogados que supuestamente las asesoran que son Alex Quevedo y Roberto Celedón de la Universidad Arcis.
....
3. Para consolidar esta trampa, se les había obligado a las lamñienes a dar una conferencia en conjunto con los abogados, las autoridades de gobierno y el gerente de Endesa España, para comunicar a la opinión pública que se había zanjado definitivamente el conflicto de resistencia en el Alto Bío Bío. Sin embargo las lamñienes se negaron a esta solicitud."

Tomado de: http://www.mapuexpress.net/

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