Colombia registró 43 asesinatos de defensores de derechos humanos en tres meses
Los primeros tres meses de 2025 han sido letales para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues la violencia contra ellos se incrementó un 43 % respecto a 2024, con 43 asesinatos. Esta es solo una parte de las 128 agresiones documentadas por la organización Somos Defensores en su reporte trimestral.
Ninguna de las personas defensoras asesinadas contaba con medidas de protección. Seis de ellas sufrieron desaparición forzada previamente. Una fue torturada y en cinco casos hubo un exceso de crueldad contras ellas.
El incremento de los asesinatos vino acompañado del aumento de los atentados, con un 14 %, y el doble de secuestros de los registrados en 2024. Esto, pese a la reducción de las amenazas, los casos de tortura, los desplazamientos y desapariciones.
Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, estas son algunas señales del recrudecimiento de la violencia selectiva, al detectar que las agresiones buscaron atentar directamente contra la vida de las personas defensoras.
“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger esos liderazgos que ya están advertidos que están en riesgo, esa es la complejidad”, indica la defensora.
Comunidades y líderes indígenas se enfrentan constantemente con las dinámicas de grupos armados en Colombia, lo que aumenta los riesgos de violencia contra este grupo. Foto: Defensoría del Pueblo y la Naturaleza
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente pero también a líderes políticos y miembros del Estado.
Consultada al respecto, la Defensoría sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.
El reporte de Somos Defensores no incluye a liderazgos políticos como alcaldes o representantes municipales, a menos que tengan una experiencia comprobada como defensores de derechos humanos, antes de llegar a esos cargos.
El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, recorriendo los municipios más afectados del Catatumbo. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Ambos registros coinciden en una tendencia sostenida de la violencia, principalmente contra líderes indígenas y comunales, principales víctimas de los asesinatos cometidos en 2025.
Crisis humanitarias, los focos rojos
Si bien las 128 agresiones se realizaron en el 67 % del territorio colombiano, el informe de Somos Defensores detalla que los asesinatos se concentraron en 17 departamentos y el Distrito Capital, principalmente en territorios donde las autoridades han alertados crisis humanitarias por conflictos armados que impactan de forma desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas.
Los territorios donde hubo más asesinatos fueron Cauca, con nueve casos; Norte de Santander, con seis casos; Antioquia y Valle del Cauca, con cuatro casos cada uno; y Nariño, con tres asesinatos.
Chocó, el Distrito Capital, Putumayo y Santander registraron dos casos cada uno, mientras que Atlántico, Caquetá, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, Tolima y Vichada, un caso cada uno.
Torres sostiene que este saldo tiene vinculación con los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos entre los grupos armados, los cuales han terminado por impactar a la población civil y cada vez más a defensores de derechos humanos.
Unos 65 integrantes del frente 33 en el Catatumbo se sometieron ante las fuerzas militares el 25 de enero de 2025. Se incautaron numerosas armas, munición de distintos calibres y una tonelada de explosivos. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
“Habría que anotar el contexto de ese incremento muy ligado a las crisis humanitarias, la actuación de los actores armados que no respetan el derecho internacional humanitario y una fuerza pública que no responde a la protección de los líderes y lideresas”, sostiene la defensora.
En el caso del departamento del Cauca, el informe destaca que en el territorio los grupos armados mantienen enfrentamientos en medio de la población civil, dando lugar a hechos de desplazamiento, confinamiento y reclutamiento, así como violencias contra liderazgos comuneros e indígenas.
En Norte de Santander, por ejemplo, se vive una de las crisis humanitarias más grandes que vive Colombia en la región del Catatumbo —frontera con Venezuela—, donde la disputa entre grupos armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 —una disidencia surgida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— ha derivado en el desplazamiento forzado de 65 000 personas y en más de 100 homicidios en lo que va del año.
En este departamento, junto con Valle del Cauca, Somos Defensores detectó que las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos aumentaron hasta en 200 %, respecto a 2024.
Los asesinatos de defensores en Colombia se concentraron en 17 departamentos y el Distrito Capital, principalmente en territorios donde las autoridades han alertado sobre crisis humanitarias por conflictos armados. Foto: cortesía Somos Defensores
Torres señala que los asesinatos y agresiones contra personas defensoras se concentraron en territorios donde las crisis humanitarias se profundizaron, pues observa que las acciones contra la población civil y las organizaciones aumentaron en estos contextos.
“Ese aumento de los asesinatos y otras violencias contra la vida e integridad de las personas defensoras estuvo muy traspasado por esos primeros tres meses que fueron tan difíciles en esos territorios”, considera.
El informe de la Defensoría del Pueblo también ubica al departamento del Cauca a la cabeza de su registro con 16 asesinatos de personas defensoras, seguido por Antioquia, con 10 casos, y Norte de Santander, con siete.
Liderazgos agredidos y responsables del conflicto
De las 43 personas defensoras asesinadas en el primer trimestre de 2025, de acuerdo con Somos Defensores, la mayoría, un 37 %, eran líderes comunitarios; 25 % eran indígenas; 18 % comunales; y 9 % campesinos. El resto eran de tipo ambiental, de víctimas, juvenil y sindical.
En cuanto a los presuntos responsables, el informe señala que en la mayoría de los asesinatos (52 %) se desconoce a las personas agresoras. El 28 % se atribuyen a grupos que se formaron postacuerdo de paz de 2016; el 14% al ELN; el 3% a autores individuales; y el 2% a paramilitares. El resto, presuntamente habrían sido cometidos por Los Comuneros del Sur, grupo disidente del ELN, y por alianzas criminales.
Gráfico sobre las agresiones según tipo de liderazgo: los liderazgos indígenas han sido los más afectados por la violencia. Foto: cortesía Somos Defensores
La coordinadora de Somos Defensores destaca este cambio en los generadores de la violencia contra personas defensoras, pues los grupos postacuerdo de paz han ido desplazando a los grupos paramilitares, quienes históricamente han sido los principales responsables de estas agresiones.
“Hay cambios de estrategias en territorios, en las formas de agresión, de cooptación y también de silenciamiento. Ahí hay que analizar muy bien los territorios, los actores, los intereses que se mueven y cómo se confrontan”, explica la defensora.
Mongabay Latam ha dado seguimiento a casos de personas defensoras y líderes agredidos en 2025 en Colombia. Uno de ellos es el secuestro de Arnold Alexander Rincón López, presidente de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), ocurrido en el mes de abril en este departamento del Pacífico colombiano y una de las regiones donde la Defensoría del Pueblo advirtió crisis humanitaria por conflictos armados.
Aunque la propia institución, junto con líderes de la iglesia católica, han realizado gestiones humanitarias para su liberación, la ubicación del dirigente y su estado de salud siguen siendo desconocidos.
Integrantes de Codechocó se manifestaron por el secuestro de su dirigente y exigiendo su liberación inmediata. Foto: cortesía Codechocó
También está el caso de Aurelio Araujo Hernández, coordinador indígena del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), que fue asesinado junto a sus escoltas a comienzos de junio en el departamento de Nariño, también foco rojo por conflictos armados en la región.
El círculo cercano a Araujo contó a Mongabay Latam cómo la influencia de los grupos armados en la zona se ha ido permeando entre las comunidades.
Aurelio Araujo Hernández era coordinador del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) por tercera ocasión. Foto: cortesía Camawari
Al respecto, Torres señala que los grupos armados, especialmente en zonas como Nariño, poseen estructuras militares y políticas que tratan de imponerse en los territorios, lo que ha encontrado resistencia en líderes comunitarios e indígenas.
“Compañeros como la autoridad del pueblo Awá vienen siendo remitidos porque se oponen a esa forma de control de los actores armados, sean de la insurgencia, grupos disidentes o paramilitares”, sostiene.
Torres agrega que las agresiones cometidas contra personas defensoras evidencian “la presión que los actores armados están haciendo en el territorio y sobre liderazgos indígenas”, quienes intentan ejercer su autoridad frente a actores armados que buscan expandirse, fortalecerse y que se niegan a respetar a las comunidades.
La defensora también señala el doble riesgo que corren las mujeres defensoras y lideresas al defender derechos en contextos de alto riesgo.
“En una sociedad patriarcal machista, cuando eres defensora tienes otro riesgo mayor, porque te enfrentas a actores armados, a dinámicas de economías extractivas e ilícitas, las mujeres sufren riesgo por defender la naturaleza”, matiza.
El registro de la Defensoría del Pueblo también ubica a los liderazgos comunales, comunitarios, indígenas y campesinos como los sectores más impactados por la violencia en los primeros cinco meses del año. De acuerdo con el registro de la institución, van ya 1569 personas defensoras asesinadas en Colombia, desde 2016.
Mesas de garantías una apuesta contra el conflicto armado
En medio del clima de violencia contra las personas defensoras, el informe destaca la importancia de mantener la Mesa Nacional de Garantías y las Mesas Territoriales, espacios de concertación entre el Estado y las organizaciones y plataformas de derechos humanos para definir acciones en el tema, ejercicios que nacieron en 2009 en Colombia.
Los primeros meses de 2025 muestran una tendencia sostenida de la violencia, principalmente contra líderes indígenas y comunales. Foto: Defensoría del Pueblo y la Naturaleza
Para la coordinadora de Somos Defensores, esto implica también la construcción de la política integral de garantías para personas defensoras, como un nuevo modelo de protección y que dé seguimiento a las agresiones.
“Es importante porque es el espacio de máximo nivel que tenemos donde podemos concertar la agenda de garantías para personas defensoras. Desde ahí se puede empujar, se puede exigir, por eso es que nos la jugamos tanto con ese espacio”, insiste.
Torres destaca que un reto en este tema es avanzar en las mesas territoriales que involucran a las autoridades locales. De los 32 departamentos de Colombia, precisa, en 24 están activos estos mecanismos de trabajo.
El mayor reto de esas mesas territoriales, afirma, es que funcionen, que los gobernadores como máxima autoridad en territorio acudan a estos espacios y se involucren. “Que se junten con los defensores y defensoras, hablen de las situaciones de riesgo y de cómo las autoridades también a nivel territorial pueden responder a la protección”, agrega.
Fuente: Desinformémonos