Colombia: convocatoria para el 12 de octubre

Mientras el pueblo sufre el desplazamiento forzado, el hambre, el desempleo, la escasez de vivienda popular, las alzas de precios, matrículas y tarifas, la represión oficial; las transnacionales y los grandes ricos de Colombia hacen un festival con el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, pues los precios de sus acciones en las Bolsas de Valores se han multiplicado a costa del crecimiento de la deuda de la nación; sus utilidades crecen gracias a la reforma laboral que saqueó a los trabajadores; se negocia el llamado ?Tratado de Libre Comercio? TLC con Estados Unidos; en tanto que aparecen normas y procesos tendientes a legalizar la más descarada concentración de la propiedad del 61 % tierra en manos de un puñado de latifundistas especuladores, que se han valido de la violencia y también de las quiebras de los agricultores por cuenta de la política neoliberal y las importaciones.

Las repetidas huelgas y movilizaciones que expresan la inconformidad popular son respondidas con un plan para instaurar en Colombia una dictadura civil autoritaria mediante sucesivas reformas reaccionarias a la Constitución. El gobierno intentó legitimar este proceso con el referendo y fracasó, pero de todos modos continúa con su plan. Ha logrado mediante oscuras maniobras que el Congreso apruebe los allanamientos y detenciones sin orden judicial. Ahora se enfila contra la acción de tutela que defiende los derechos colectivos fundamentales; ataca las facultades de control de la Corte Constitucional y amenaza romper con la separación de la rama judicial del poder. Las reformas constitucionales, que incluyen la reelección inmediata de Uribe, abarcan los más diversos campos, como las transferencias a las entidades territoriales y el ordenamiento territorial y seguramente se extenderán a todos los aspectos que Estados Unidos imponga en el TLC.

Esta política de instauración de un régimen represivo que aplaste al movimiento social civil, se ve apuntalada mediante la llamada ?seguridad democrática?, signada por la continuidad de los asesinatos de dirigentes populares (por ejemplo 102 sindicalistas entre mayo de 2003 y abril de 2004), masacres como las de Cajamarca, Bahía Portete, Tame y muchas más; constantes detenciones masivas especialmente en el sector rural, detenciones selectivas de sindicalistas, líderes populares, artistas e intelectuales a quienes después de muchos meses tienen que dejar en libertad, torturas, desapariciones, ataques a manifestaciones pacíficas como la del 18 de mayo contra el TLC en Cartagena, y todo tipo de violaciones de los derechos humanos y desconocimiento de las libertades ciudadanas.

Continúa el gobierno de Uribe y lleva al extremo la fumigación aérea de los cultivos ilegales, programa fracasado mil veces en lo que se refiere a la erradicación de tales cultivos, pues los cultivadores para subsistir simplemente se desplazan y dispersan en la selva o adoptan nuevos métodos y técnicas de cultivo para mantener la producción. Las fumigaciones aéreas han demostrado ser sólo un nuevo método de desplazamiento forzado que como lo han certificado asociaciones científicas, perjudica gravemente los suelos, el medio ambiente y la salud.

Las aventuras del gobierno para financiar la solución militar del conflicto armado y la obediencia servil al FMI lo llevan a tomar medidas directamente contra el pueblo como las alzas de la gasolina y electricidad y las proyectadas enésimas reformas pensional y tributaria, la última de las cuales pretende gravar con 4 % los alimentos básicos.

Creemos las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas que no podemos quedarnos paralizados ante tanta violencia, prepotencia e injusticia social del actual gobierno. Por eso el 18 de mayo las organizaciones del CNI y otras de carácter regional y local decidimos convocar a todas las colombianas y colombianos a acompañarnos en octubre en un paro nacional, que será el ejercicio legítimo de nuestro derecho a la movilización y a la protesta civil, en el cual levantaremos este pliego de exigencias:

I. Retiro de Colombia de las negociaciones del TLC. No al ALCA, defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad, nuestras semillas, del patrimonio y propiedad intelectual y cultural colectivos y de la producción nacional agropecuaria.

II. Derecho a autoabastecerse de alimentos sanos, nutritivos y balanceados. Soberanía Alimentaria. Apoyo estatal prioritario a los mercados campesinos y trueques rurales y con la población urbana.

III. No más alzas contra el pueblo: No al lVA a los alimentos, atrás las alzas de la gasolina, los medicamentos, los insumos agropecuarios, la educación y la electricidad. No a las privatizaciones, defensa de Ecopetrol y demás empresas del estado.

IV. No al Plan Colombia; alto a las fumigaciones aéreas de cultivos campesinos y demás métodos de erradicación forzada; establecimiento planes alternativos con perspectivas de éxito basados en entrega de tierras buenas y precios de sustentación para los productos.

V. Respeto a los derechos humanos; no más masacres; libertad de protesta y organización; alto al uso de la política de ?seguridad democrática? y el Plan Patriota para golpear a las comunidades, las organizaciones populares y apresar campesinos, indígenas y afrocolombianos.

VI. Reparación plena para todas las víctimas de la violencia y de los proyectos de inversión que deterioran el ambiente. Verdad y Justicia, no a la impunidad. Derogatoria de las normas que legalizan el despojo de la tierra de los desplazados.

VII. NO a las reformas constitucionales que desnaturalizan la acción de tutela, limitan la independencia del poder judicial y las facultades de la Corte Constitucional, golpean las libertades democráticas y eliminan el carácter de entidad territorial de TODOS los Territorios Indígenas.

VIII. Defensa de la territorialidad campesina, indígena y afrocolombiana y la diversidad cultural; defensa de los resguardos indígenas, tierras colectivas de las comunidades negras y reservas campesinas; distribución de las 4 millones 700 mil hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas en manos del latifundio especulativo; retorno de los desplazados a sus parcelas; alto a los embargos, desalojos y remates por deudas de los productores agropecuarios.

IX. Cumplimiento de todos los acuerdos suscritos por el gobierno nacional y demás autoridades con las comunidades y organizaciones.

Este pliego y esta lucha están abiertos a las contribuciones de los sindicatos, organizaciones de mujeres, jóvenes, viviendistas, ambientalistas, juntas comunales y demás organizaciones populares. Sin discriminación, la organización del paro convoca local, regional y nacionalmente a todas las organizaciones que participarán, para preparar, conducir y realizar en forma pluralista y masiva esta gran protesta civil.

¡Todos a preparar el paro y a movilizarnos el 12 Octubre!

Fuente: Indymedia Colombia