Colonia Dignidad: Una vergüenza para la sociedad chilena

El sábado 6 de septiembre, centenares de personas, pertenecientes a agrupaciones de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, campesinos y habitantes de distintas ciudades cercanas y de Santiago, llegaron hasta la ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, ubicada en Parral, región del Maule. La actividad, convocada por dichas organizaciones en conmemoración del 11 de septiembre, tuvo como motivación central el esclarecimiento de la verdad de lo allí ocurrido desde su instalación en Chile a comienzos de los sesenta, demandar justicia frente a las gravísimas violaciones de derechos humanos allí cometidas que involucran a los integrantes de la ex Colonia, en particular a sus jerarcas liderados por Paul Schäfer, así como al Estado chileno y sus agentes. Ello, además de exigir reparación por los daños causados y el establecimiento de un sitio de memoria, de modo que la sociedad chilena pueda conocer lo allí ocurrido, contribuyendo a evitar que ello vuelva a repetirse.

La masividad de dicha visita está relacionada con diversos hitos recientes que han puesto al centro de la atención del país a la Ex Colonia, su pasado, presente y futuro. El primero de ellos es el informe de la misión de observación que el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizará a la Ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera .  Dicho informe devela la oscura historia de la ex Colonia, desde su establecimiento por ciudadanos alemanes en el fundo Lavadero en Parral bajo el paraguas de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, entidad supuestamente destinada a prestar ayuda a los niños y jóvenes huérfanos y desvalidos de las provincias afectadas por el terremoto de 1960 “mediante su educación en un ambiente física y moralmente sano”, hasta nuestros días.

En él se identifican los abusos cometidos por los jerarcas de la ex Colonia a los propios colonos alemanes sometidos por la cúpula dirigente a un régimen de trabajo forzado, a la segregación por sexo y edad, a la separación de los niños de sus padres, facilitando así los abusos sexuales de que estos fueron objeto. También aquellos cometidos en contra de familias campesinas aledañas a las propiedades de la ex Colonia, quienes fueron expulsados de sus predios, sufrieron la destrucción de sus hogares y el arrebato de sus niños, antes y después del golpe de Estado. Y finalmente, las víctimas de la represión política de la dictadura a través de la relación y colaboración activa que la ex Colonia tuvo con Pinochet, con sus órganos de inteligencia, convirtiéndose en centro de reclusión y tortura de detenidos políticos opositores a la dictadura y de desaparición forzada.

En el mismo se enfatiza la responsabilidad que, tanto por acción como por omisión, ha tenido el Estado de Chile ante estas atrocidades, incumpliendo su deber de prevenir, de investigar y sancionar, y reparar estos graves hechos imputables a la ex Colonia y sus jerarcas. No obstante las acciones impulsadas desde el retorno a la democracia en relación a la ex Colonia, las que van desde la cancelación de la personalidad jurídica de la “Sociedad Benefactora” por el primer gobierno democrático en 1991 hasta las acciones orientadas a investigar y sancionar los crímenes allí cometidos entre 1973 y 1990, el informe concluye que el Estado chileno tiene una deuda pendiente con las víctimas de su accionar. Para abordar esta deuda, el INDH recomienda el fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda, reforzando las acciones periciales que allí se están desarrollando; la creación de una Comisión con la participación de las víctimas de los distintos sectores afectados, para identificar y reparar las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en la ex Colonia; y la expropiación de parte de espacios del Fundo Lavadero de la ex Colonia y el desarrollo en estos de un sitio de memoria.

El segundo hito de relevancia sobre el particular es el Decreto de expropiación de los inmuebles que forman parte de la denominada Villa Baviera, Decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 7 de julio de 2025 (D.O. 22 de julio de 2025). Mediante dicho Decreto se aprueba un programa para la expropiación de inmuebles que forman parte de la denominada Villa Baviera, identificando 6 polígonos a expropiar, con una superficie total estimada de 117,27 hectáreas. Estos incluyen el área urbana de la Villa, donde se encuentran los sitios ligados a la represión durante la dictadura militar, la casa de Paul Schäfer, el lugar de reuniones, el restaurante, el hospital y los espacios donde se realizaron inhumaciones y exhumaciones de personas víctimas de desaparición forzada, varios de los cuales habían sido declarados por el Ministerio de Educación como Monumento Histórico en 2016. La expropiación se fundamenta en tratados internacionales ratificados por Chile que establecen la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como de reparar integralmente a las víctimas, incluyendo medidas de satisfacción, como lo son los sitios de memoria.

La masiva actividad desarrollada en la ex Colonia días atrás es de enorme importancia. Ella interpela a tomar acción urgente frente a esta verdadera vergüenza nacional: el que un grupo extranjero pudiese establecer en el país “un Estado dentro del Estado” pasando por encima de las leyes chilenas, como lo denunciara tempranamente en 1968 el entonces senador por la zona, Patricio Aylwin, quien instó a los distintos poderes a hacer cumplir las leyes chilenas en su interior, denuncia que lamentablemente no encontró acogida en el parlamento ni en el gobierno de la época, así como tampoco en gobiernos posteriores. Dicha tolerancia con la entonces Colonia, difícil de entender en una sociedad eurocéntrica como la nuestra, sino en razón del origen germano de la misma, es la que permitió a ella posteriormente, en el contexto de la dictadura, convertirse en un centro de detención y tortura y desaparición forzada, donde se cometieron los crímenes más horribles de los que se tenga conocimiento en nuestra historia.

De allí el imperativo de profundizar en la determinación de la verdad de lo allí ocurrido, particularmente en relación a las personas que fueron desaparecidas en los recintos de la ex Colonia, las que, de acuerdo a investigaciones judiciales y testimonios de ex colonos, suman entre 30 y 40, identificar a los responsables y realizar justicia respecto de esos graves crímenes. De igual importancia es la materialización de la expropiación decretada por el gobierno y el establecimiento de un sitio de memoria, con la participación de quienes fueron víctimas de su accionar, análogo al que existe en otras partes del mundo en que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ello no solo contribuiría a la reparación de dichas víctimas, sino también a la formación de una conciencia en la sociedad chilena sobre lo allí ocurrido, conciencia cuya inexistencia, en gran medida, hizo posible las atrocidades allí cometidas.

Fuente: Diario UChile