Decretos presidenciales para destruir la agricultura familiar y el INTA

Horas antes del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso con la  Ley Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunciaron la publicación del  Decreto 462/2025 que confirma la disolución del Instituto Nacional de Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) —cierre que es una realidad desde marzo del 2024—, y pone fin a la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al transformarlo en un organismo dentro de la Secretaría de Agricultura y con un presidente designado por la Casa Rosada (y que tomará las decisiones de políticas de investigación y extensión).

En solo un año, el Gobierno firmó  65 decretos delegados, con más de 100 modificaciones, entre ellos una decena que amplían aún más la destrucción de las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar: la eliminación de regímenes especiales y fondos fiduciarios, y la disolución y centralización de organismos como el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (estos dos últimas, decisiones tomadas también en el decreto 462).  

La Comisión Bicameral Permanente del Congreso podría tratar el decreto presidencial y revertir las decisiones, pero hasta el momento lo hizo solo con uno, el que otorgaba recursos extraordinarios a la SIDE. El Poder Legislativo ni siquiera revirtió el  DNU 70/2023.

“La destrucción de estas políticas públicas es la revancha de cualquier instancia que trabaje con y para el pueblo, que en el caso del sector agrario, sea el Inafci o el sistema de extensión del INTA, bregan por una transformación en el agro a favor del pequeño productor, de peor o mejor manera. Eliminarlo significa entregar el campo al agronegocio, sin más vueltas”, analiza Nahuel Levaggi, coordinador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), que reúne a más de 9000 productores solo en los cordones hortícolas bonaerenses, donde se producen el alimento que llega al Mercado Central de Buenos Aires.  

“No les interesa la agricultura familiar, no les interesa la investigación y el desarrollo para los productores que producen el 70 por ciento de la comida y los alimentos que llegan directo a los argentinos. Es una pésima noticia este decreto”, denunció Ricardo Garzia, secretario de Fecofe y presidente del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf), organismo dependiente del INTA, y que podrá desaparecer si así lo decide el flamante presidente que la Casa Rosada ponga al frente del organismo.  

La FAO (organismo de Naciones Unidas para el agro y la alimentación) precisa que el 70 por ciento de los alimentos proviene de la agricultura familiar y también reconoce que el alimento que se produce en el mundo es suficiente para todos. Afirma que los sistemas agroindustriales (en manos de grandes empresas) contribuyen a la deforestación, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas de salud global.

Todo eso desconoce el gobierno de La Libertad Avanza cuando niega y cuando ataca a la agricultura familiar, en el  decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. En la larga lista de decretos delegados también entraron la eliminación del  Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la degradación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es también política pública a favor del  agronegocio y del extractivismo, que disputa esas tierras para avanzar con su acaparamiento por parte de socios como Eduardo Elzstain. 

“¡Cuánto trabajamos este año!”, celebró ayer en conferencia de prensa el ministro Sturzenegger y anticipó que el presidente Javier Milei daría un festín en Casa Rosada para los 200 funcionarios que se encargaron de trabajar en los decretos delegados. “Hay que tener memoria sobre aquellos legisladores y gobernadores que habilitaron los términos de la Ley Bases, término que va a sufrir la Argentina en las próximas décadas. Esperemos que haya un grado de reversibilidad a estas políticas”, invitó a resistir Garzia.  

INTA, el Ejecutivo a la presidencia y el agronegocio al poder  

El vocero Adorni anticipó la intención del Gobierno de  modificar la estructura del INTA en noviembre pasado cuando habló de un “plan de modernización” y lo justificó con la idea fija: “Desde el año 2007, el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”. Desde entonces comenzaron los rumores de despidos que iban desde 220 a 1500, la venta de tierras y el desarme de las agencias de extensión.

El plan de motosierra disputado entre el Ministerio de Economía, al mando de Luis Caputo, y el de Desregulación tuvo como representante en todos estos meses al actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; y su vicepresidenta, María Beatriz Giraudo; a quienes la Mesa Agroalimentaria Argentina ya había denunciado por ser representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). 

Desde noviembre, por el Consejo Directivo del INTA, los  planes de ajustes y transformación del organismo fueron varios y todos respaldados por la Sociedad Rural y otras entidades del agro con voz y voto, con la excepción de la Federación Agraria y la Facultad de Veterinaria de la UBA. La  agricultura familiar nunca tuvo asiento en el organismo.  La resistencia también estuvo en la Dirección Nacional del INTA, funcionarios designados por concurso, y el propio director nacional, Ariel Pereda, salió en mayo a denunciar cómo eran desoídos. Ayer, antes del anuncio de Adorni y Sturzenegger, se denunció que los  directores y presidentes de consejos nacionales habían sido cesados en sus funciones. 

Con el decreto 462 el Gobierno modifica la Ley 21.680, que creó el organismo hace 70 años. Pone fin a la autarquía poniendo al organismos bajo el ala de la Secretaría de Agricultura y elimina el cuerpo de conducción designando la dirección bajo un presidente puesto por el Poder Ejecutivo. El decreto crea un Consejo Técnico “ad honorem” para avanzar con la ansiada “modernización” y que “se determine los Centros de Investigación, Centros Regionales, Estaciones Experimentales, Institutos de Investigación y Laboratorios que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Quienes se sienten en ese Consejo Técnico serán los aliados definitivos del Gobierno en el desarme del INTA y el decreto anticipa también la intención declarada de reducir la planta del personal de 6000 empleados por el “sobredimensionamiento de su estructura”. 

La Mesa de Enlace se había pronunciado en junio para exigir la autarquía del organismo, el sistema de gobernanza y la estructura de centros regionales. Todo eso fue desoído por Milei, tanto como el  reclamo monolítico por las retenciones, que el 1 de julio volvieron a subir tras la baja temporal para la soja y el maíz. En una semana, la Mesa de Enlace quedó minimizada en su rol de aliado del gobierno para conseguir reclamos del sector.  

“La intervención del Poder Ejecutivo dentro de las decisiones del INTA va a avanzar sobre la reprimarización y la estrategia de subordinación de la Argentina al capital financiero internacional”, alerta Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) y advierte que el cierre de las agencias de extensión rural “va a desmantelar la pata territorial del INTA que mantiene el diálogo con los productores y organizaciones, terminará con la estructura federal del organismo, algo valioso más allá de que la agricultura familiar nunca tuvo representación en el Consejo Directivo”.  

El secretario de Fecofe convoca: “Le queda a las entendidas, a las universidades, al sector agropecuario en sí mismo la responsabilidad de oponerse y resistir esta medida. Los diputados y diputadas que aprobaron la Ley Bases tienen que saber que han ayudado a la destrucción del futuro y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que tendría que tener Argentina. Reducen al INTA a una expresión insignificante”. 

Desde ATE-INTA y la  Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) comenzaron a resistir el decreto con concentraciones en la oficina central y reparticiones del organismo denunciando que “con el verso de la motosierra, Caputo y Sturzenegger se quedan con la caja del INTA”. En la negociación de la Casa Rosada para aprobar la Ley Bases se estableció una lista, dentro del artículo 3, que protegió de la disolución al INTA y también se aseguró que “se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.   

La avanzada contra la agricultura familiar y las economías regionales  

El Inafci no corrió con la misma suerte que el INTA en junio pasado, cuando gobernadores negociaron y legisladores aprobaron las facultades delegadas. El  Instituto creado por decreto en el gobierno del Frente de Todos, a ocho años de la sanción de la Ley de Agricultura Familiar, no quedó protegido y Adorni anunció ayer su disolución. Repitió el mismo y único argumento que en marzo de 2024, cuando comunicó que sus trabajadores serían despedidos y las funciones reducidas al mínimo. “El 85 por ciento del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1000 empleados en total”, dijo Adorni. 

En más de un año, el Gobierno desoyó las voces de todas los rincones del país reclamando la vuelta de la asistencia técnica del Inafci y reafirma que generó “un entramado normativo excesivamente intervencionista” y que “provocó una distorsión en los incentivos del sistema productivo”. El decreto 462 tiene la gracia de las facultades delegadas, pero no puede atribuirse funciones legislativas, por tanto la Ley 27.118 permanecerá vigente, incumplida en sus ejes centrales como el  Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, el Banco de Tierras y el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), organismos que, con la firma de Milei, en el decreto se mofa de su falta de implementación desde 2014.

Lo único que queda en pie de la norma es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura y por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”. Solo revisar el relevamiento del Renaf permite observar la dimensión federal que debía cumplir el Inafci:  70.033 núcleos de agricultura familiar en el NEA; 56.503 en NOA; 42.083 en la región Centro; 27.962 en Cuyo y 12.587 en Patagonia. Un universo de 250 mil productores. A ellos asistían los 900 trabajadores despedidos, muchos contratados de forma irregular desde la creación del Programa Social Agropecuario durante el menemismo. 

“Hace más de un año venimos denunciando y reclamando por la única política pública nacional con presencia en las 23 provincias, destinada a mejorar las condiciones de vida y producción del sector de la agricultura familiar campesina e Indígena”, reclamaron desde ATE-Agricultura Familiar para rechazar la disolución del Inafci y volvieron a aclarar lo que la Casa Rosada oculta: “Somos 900 profesionales e idóneos de diversas disciplinas con más de 30 años de trabajo con el sector campesino e indígena hasta los parajes más lejanos, con un enfoque integral, socio-territorial e interdisciplinario, con perspectiva de género, generacional, étnica y ambiental”.

En la lista de los más de 100 modificaciones vía decretos delegados que Adorni leyó en conferencia de prensa hubo otros que se sumaron al ataque a la política pública para la agricultura familiar y las economías regionales, entre ellos, la disolución del Inase, que será disuelta y sus facultades quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura —cuando en el mismo decreto el Ejecutivo sostiene que eliminó el Ceprosena por superponerse con las funciones del Inase—. “Se va a avanzar en la desregulación de los eventos transgénicos en el agro, sin posibilidades de control y seguridad, esto va a traer duras consecuencias”, resalta Montón.  

Otro punto fue el del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que quedará como unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura, y se eliminarán todas sus funciones de control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola otorgadas por la Ley 14.878. “Para darle mayor libertad a los productores”, dijo Adorni, pero la  política es una continuidad de lo ocurrido con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyas funciones fueron desguazadas con el DNU 70/2023 y los pequeños productores ya sufren las consecuencias de un modelo que favorece a las grandes empresas. En el caso del vino, la lógica ya se había iniciado durante el menemismo.

El vocero presidencial celebró también la derogación de los regímenes de promoción de la  Ganadería Ovina y de Llamas, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina, Ganadería Bovina en zonas áridas y semi-áridas, Búfalos de Agua y  Producción Algodonera. “Cuando toda actividad está promovida, ninguna lo estará”, dijo como una verdad revelada Adorni. Sin embargo, la elección de qué regímenes anular no escapa a la lógica guía contra la agricultura familiar.   

Según un  informe del desjerarquizado INTA, el tipo de producción en las zonas extrapampeanas es dominado por los pequeños productores en las existencias ganaderas totales del país en el caso de especies como llamas (87 por ciento) y caprinos (81 por ciento). “El sector de productor de cabras, que cuenta con una  potencialidad para la exportación al mercado internacional, está sufriendo todas las consecuencias del cambio climático, la sequía y la desaparición del acompañamiento estatal para poder financiarse en las épocas de sequía. Va a ser que desaparezcan muchos productores”, marcó el integrante del MNCI-Somos Tierra. 

La lista siguió e incluye la eliminación de fondos fiduciarios y regímenes especiales a lo largo de este año de facultades delegadas: 

• Disolución del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA)
• Disolución del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)
• Disolución del Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (Prodaf)
• Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)

“Un eje transversal del proceso de desregulación ha sido la ofensiva contra la agricultura familiar y la agroecología, eso ayuda a atender la perspectiva con la que se hizo el desguace del Estado”, concluyó Montón y amplía la mirada de la política de La Libertad Avanza respecto del contexto global: “Mientras se está hablando de un acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y Brasil aumenta 15.000 millones de dólares los subsidios al agro, la Argentina planifica un Estado cada vez más desmantelado y genera condiciones de inequidad para nuestras economías regionales, que no van poder ser competitivas a nivel internacional y van a perder terreno en el mercado local. Esto no tiene otra razón que la entrega del sistema agroalimentario al capital financiero”.

Fuente: Agencia Tierra Viva