Defensoras y defensores del Perú denuncian injerencia del Estado a organizaciones

Decenas de líderes de pueblos amazónicos y comunidades campesinas costeras y andinas se reunieron en el  Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, realizado en Lima, Perú, del 7 al 9 de julio, en un contexto de profundización de los extractivismos y la coerción a través de normativas. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos. 

Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.

Seis niñas y niños fallecieron, entre abril y mayo, por contaminación e intoxicación con metales pesados y sustancias tóxicas. La  Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas reportó este año que más de 10 millones de personas beben agua y respiran un aire con altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

“Estamos siendo perseguidos, despojados de nuestros territorios, donde nuestras abuelas y abuelos nos dejaron nuestra cultura, las semillas, las reservas para los que vienen. Hoy somos sacrificados, saqueados, los recursos que tenemos están siendo manchados de sangre. Nuestra sangre está con metales pesados, nuestros hermanos campesinos originarios están luchando las 24 horas porque conviven con la naturaleza, con la madre tierra”, expresó Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, en resistencia contra la contaminación minera en la provincia de Espinar (región Cusco).

Entre 2019 y 2024, fueron asesinados 57 defensores ambientales en el Perú, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el mismo período, las vidas de más de 650 activistas se encontraban en riesgo.

Cerco a la organización de defensores

El nuevo marco legal sobre la cooperación internacional es una herramienta para imponer sanciones económicas y penales a organizaciones de defensores de territorios. Ante esta posibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Gobierno peruano, en resolución emitida el 2 de julio, abstenerse de multar a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y  EarthRights International por sus acciones en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento mashco piro, yora y amahuaca. 

La  Fenamad representa a estas comunidades en el proceso de la Corte IDH contra el Estado del Perú por violaciones a los derechos de las etnias amazónicas. La ley APCI es una amenaza para los colectivos ambientalistas, con mayores riesgos para los situados en los territorios.  

“Estamos exigiendo que se deroguen las leyes que atentan a nuestros territorios, como la ley antiforestal, la ley APCI. No podemos defendernos porque esta ley APCI está maniatándonos. La ley antiforestal está incitando a que todos los territorios peruanos estén despojándose. Va a haber conflictos, nosotros vamos a ser más perseguidos, más amenazados. Exigimos que todas las leyes que atenten contra la vida, la integridad, la salud y el medio ambiente sean derogadas, antes de que entren en colapso”, observó la lideresa amazónica Olivia Bisa, presidenta del  Gobierno Territorial Autónomo Nación Chapra  (región Loreto). 

Entre estas, la ley que amplía el plazo de registro de formalización para la minería pequeña y artesanal, además del dictamen que permite que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales con fines de vivienda, en casos que no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en contiendas judiciales de reivindicación.

Por ello, se resaltó la necesidad de que el Estado reconozca a todas las comunidades campesinas, para que ejerzan la autodeterminación sobre sus territorios, amenazados por la minería, agroindustria y megaproyectos de infraestructura.

El 15.51% del territorio nacional está ocupado por concesiones mineras, según el  monitoreo de CooperAcción actualizado en mayo. Sin contar las tierras entregadas para explotación de hidrocarburos, tala legal y monocultivos, estos en expansión en la Amazonía.

Gobiernos autónomos frente a complicidad estatal

La mayoría de procesos judiciales, señalan las defensoras y los defensores, proviene de las instituciones estatales. Se han normalizado las acusaciones de delitos ambientales a los propios guardianes de territorios, como método de intimidación y desgaste.

El defensor de la comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoyape (región Lambayeque), Javier Ruiz Gutiérrez, relató que el Ministerio Público denunció por maltrato animal a los guardabosques del  área de conservación Chaparrí, donde se protege al oso andino y aves en peligro de extinción en la costa norte peruana.

Entre las conclusiones de las defensoras y defensores se resaltó la necesidad de reforzar las formas ancestrales de autogobierno.

“Demandamos la titulación, demarcación y georreferanciación integral de todos los territorios indígenas y campesinos. El Estado debe reconocer y fortalecer nuestros sistemas de autogobierno, como las Guardias Indígenas y Gobiernos Territoriales Autónomos. Exigimos que se respete de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante en todos los casos”, destacan las y los defensores en un pronunciamiento.

El día en que concluía el encuentro, el  Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís decidió hacerse cargo de la expulsión de los mineros ilegales del río Santiago, en márgenes de las regiones Amazonas y Loreto, ante la inacción del Estado.

“El gobierno peruano nos abandonó al cancelar una operación conjunta (contra la minería ilegal) a último minuto, demostrando su falta de voluntad para proteger la Amazonía y a sus pueblos originarios. Años de promesas vacías han permitido que la devastación avance. No esperaremos más”, manifestó la organización en un comunicado.

La Nación Wampís demandó al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que garanticen que este proceso se realice en paz.

Sin embargo, el Ejército no autorizó la estadía de un puesto de control del Gobierno Territorial Wampís en el área donde, el 12 de julio, una comitiva de guardianes indígenas fue atacada con armas de fuego y explosivos por mineros informales, durante un recorrido pacífico de control y defensa de su territorio. 

Del mismo modo, el 14 de julio la comunidad nativa Flor de Ucayali denunció que la Región Policial Ucayali optó por no acompañar el patrullaje comunitario contra el narcotráfico, a pesar de compromisos acordados con autoridades regionales. 

Fuente: Avispa Midia