Denuncia pública a la comunidad nacional e internacional
Las 139 Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC – NACIONAL), pertenecientes a los 11 pueblos (Ampiuille, Polindara, Nasa, Kizgo, Misak, Epedara-Siapidara, Yanakuna, Inga, Totoroez, Embera, Kokonuko), de manera conjunta rechazamos y denunciamos a la opinión pública, medios de comunicación nacionales e internacionales el vil asesinato del ex coordinador de la guardia indígena, defensor de la vida y los DD. HH., José Albeiro Camayo Guetio; el menor Kiwe Thegnas, defensor ambiental del territorio, Breiner David Cucuñame. Así como los más de trescientos catorce compañeros y compañeras asesinados en nuestros territorios indígenas en los últimos 3 años, el 98% por ciento de estos pertenecientes al pueblo Nasa.
Los pueblos indígenas milenariamente hemos existido y pervivido en nuestros territorios, en ellos nos hemos caracterizado como un actor político colectivo constructor de paz que ejerce el control territorial alejado de las dinámicas de la guerra. En este ejercicio venimos realizando diferentes procesos para proteger y garantizar el buen vivir comunitario, la armonía y el equilibrio territorial desde el gobierno propio en el marco de nuestra autonomía y libre determinación, con un posicionamiento firme y claro para proteger la vida frente a la presencia de actores armados, economías ilícitas, reclutamiento forzado de menores, extorsiones, asesinatos en contra de comuneros, guardia indígena y autoridades tradicionales, entre otras desarmonías.
El día 24 de enero de 2022, durante la tarde y noche la comunidad los Thuthenas, las Autoridades del Resguardo Indígena de las Delicias y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunciaron el ataque armado en contra del territorio, la comunidad y la guardia indígena que dejó como consecuencia el asesinato de quien en vida representó a nuestro cuerpo colectivo de paz de la guardia indígena. Estos actores armados, que aparecen en la reconfiguración por el dominio territorial para el control de las rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas con posterioridad a la firma e incumplimiento del Acuerdo de Paz, son responsables de más de 350 asesinatos de comuneras y comuneros, líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y autoridades indígenas.
El compañero Albeiro Camayo era víctima acreditada del conflicto armado en Colombia; su caso se encontraba priorizado en la jurisdicción Especial Para La Paz. Hoy, él trasciende al otro espacio sin haber tenido acceso a la verdad, justicia y la reparación por los hechos de los que fue víctima.
El ataque a nuestro compañero no es un hecho aislado, obedece como hemos denunciado en incontables oportunidades a una política de exterminio físico, cultural y espiritual contra los pueblos indígenas, configurando un genocidio sistemático, generalizado y extendido en nuestro territorio a manos de grupos armados, con la aquiescencia del Estado.
Después de la emboscada a la comunidad y el asesinato de Albeiro Camayo, en su huida fueron secuestrados los menores Arlin Camayo y Breiner Camayo, hijo y sobrino de Albeiro. Así mismo, fueron obligados a trasladar las maletas y los fusiles de este actor armado. Debido a la presión de la comunidad y los Kiwe Thegnas en la zona, los niños fueron liberados y entregados a sus familiares.
Este desolador balance deja en evidencia la instrumentalización y sometimiento de los menores en la curva creciente de la exacerbación del conflicto armado interno, y se circunscribe como una muestra más de indiferencia y complicidad estatal, pues al no existir respuesta formal inmediata, eficaz y diferencial de los entes competentes, incide de forma directa en el incremento de las fuertes agresiones a los niños, niñas y adolescentes indígenas que también desempeñan un rol activo como defensores de la vida, el territorio y los DD.HH.
No obstante, el ataque continuó a las 10:00 am del día 25 de enero de 2022 con la publicación de un panfleto firmado por el autodenominado “Comando Coordinador de Occidente de la columna Móvil Jaime Martínez/Columna Móvil Dagoberto Ramos de las FARC-EP”. En esta comunicación el grupo armado pretende usurpar el ejercicio ancestral y legítimo de gobierno propio en nuestros territorios realizando acusaciones injuriosas en contra de nuestros Kiwe Thegnas, Autoridades y nuestro proceso organizativo en miras a justificar el derramamiento de sangre que han causado en nuestras comunidades y demás sectores sociales presentes en el Departamento del Cauca, las cuales hemos rechazado rotundamente su presencia y actuar en nuestros territorios.
En este sentido, seguiremos defendiendo nuestras estructuras de gobierno propio, nuestra ancestralidad y nuestro territorio a la luz de los mandatos emitidos por nuestras comunidades, y reafirmamos como sujetos colectivos nuestro rechazo a todo actor armado, desde la consciencia de que un sujeto armado carente de bases políticas que defiende los intereses de un Estado narco-paramilitar y de sectores privados, que mata y condena a la guerra a nuestros niños y niñas no podrá venir a nuestro territorio a hablarnos del buen vivir.
La ausencia, indiferencia y omisión del Estado seguirá siendo el arma más letal en contra de las comunidades; en los territorios indígenas, no solo nos desangra la guerra, también lo hace el hambre, la falta de oportunidades, la carencia de puestos de salud, centros educativos y vías de acceso, y la inexistencia de una política real en materia de derechos humanos que proteja eficazmente la vida de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas.
En medio de la profunda tristeza e indignación por el asesinato sistemático de nuestras compañeras y compañeros indígenas y el exterminio colectivo de nuestras comunidades, pero también desde la fuerza de la unidad de los pueblos indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca hacemos un llamado a la comunidad internacional asuma un rol activo en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente en el departamento del Cauca.
Con valentía comuneros y comuneras de los pueblos originarios defienden todos los días el territorio, su comunidad, sus costumbres y el derecho de nuestros pueblos a vivir en paz. En esa lucha que es por la defensa del buen vivir desde nuestros planes de vida comunitarios hemos sido discriminados y marginados por las instituciones del Estado colombiano en el nivel municipal, departamental y nacional, cada vez más ausentes en su obligación de brindar garantías para el ejercicio de los derechos humanos e indiferentes frente al derramamiento de sangre de nuestra gente y nuestra madre tierra.
Es por esto que acudimos a la comunidad internacional para que desde todas sus esferas y organismos acompañe a la comunidad indígena de las Delicias en el Norte del Cauca y sus autoridades, quienes en este momento se encuentran en inminente riesgo de ser asesinados a manos de los actores armados presentes en el territorio, y se pronuncie sobre los hechos que hoy enlutan a la comunidad, las masacres ocurridas en el departamento del Cauca, la ausencia del gobierno nacional en el territorio y la falta de medidas de protección colectivas con enfoque diferencial para nuestras autoridades, líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y la comunidad.
De la misma manera, solicitamos a la Organización de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión IDH se realice una comisión de verificación en terreno sobre la grave situación de derechos humanos que enfrentamos las comunidades indígenas del departamento del Cauca, especialmente en la Zona Norte, Nororiente, Tierra adentro, Bota Caucana y Occidente, fuertemente azotadas en los últimos meses por el actuar criminal y paraestatal de los actores armados. En consecuencia, se establezcan rutas metodológicas, procedimientos y mecanismos de protección urgente con las organizaciones para la protección oportuna de las comunidades indígenas del Cauca tales como el otorgamiento de medidas cautelares para la protección de la familia, los niños, niñas y adolescentes de la organización indígena y de los pueblos, las autoridades y la comunidad por parte del Estado colombiano de manera concertada.
Instamos a la comunidad internacional a instalar un observatorio humanitario permanente que haga presencia en el territorio en miras a brindar acompañamiento constante a las comunidades y servir como garantes frente a las graves vulneraciones de los derechos humanos. Asimismo, llamamos a la comunidad internacional a generar y fortalecer una articulación directa con las organizaciones indígenas en el marco de la implementación del capítulo étnico de los acuerdos de Paz y a la vez conocer las iniciativas de paz que vienen gestando los pueblos indígenas a fin de que los esfuerzos y colaboración de la comunidad internacional en la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia se vea reflejada en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y no se siga fortaleciendo el sistema de corrupción del actual gobierno colombiano.
Responsabilizamos a los grupos paramilitares reunidos en el “Comando Coordinador de Occidente” y otros, a los sectores privados con intereses de explotación y extracción de nuestros recursos naturales y al Estado colombiano y sus instituciones de todas las violaciones de los derechos humanos que sigan ocurriendo en el territorio que pretenden desestabilizar y exterminar el ejercicio de gobierno propio, ancestral y legítimo de los pueblos indígenas.
Finalmente, reafirmamos la declaratoria de la emergencia humanitaria en los territorios indígenas del departamento del Cauca y nos declaramos en asamblea permanente. Alertamos el inminente riesgo de la comunidad, las Autoridades y el cuerpo colectivo de paz de la guardia indígena por la presencia de los grupos armados luego de las acciones de la Jurisdicción Especial Indígena y ejercicio del control territorial.