Denuncian la participación de empresas españolas en el oleoducto de crudos pesados (OCP) en Ecuador
Ecologistas en Acción y organizaciones de Ecuador han denunciado la participación de las empresas españolas BBVA, Caja Madrid y Repsol-YPF en el proyecto de OCP. La construcción del oleoducto se esta llevando a cabo con la violación de los Derechos Humanos y ocasionando un desastre medioambiental en la selva amazónica ecuatoriana.
El OCP, es un polémico proyecto de construcción de un oleoducto de 503 kilómetros, que unirá las concesiones petrolíferas de la Amazonía ecuatoriana con el puerto atlántico de Esmeraldas. Esta obra ha sido rechazada por ONGs, como Ecologistas en Acción, Urgewald de Alemania y Oilwatch de Ecuador, por las poblaciones afectadas y por los pueblos indígenas, cuyos territorios están amenazados por la ampliación de las explotaciones petrolíferas que ocasionará la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP).
El consorcio OCP está formado por siete empresas: Encana (Canadá, 31,40%); Repsol-YPf (España, 25,69%); Petrobras (Brasil, 15%), Occidental Petroleum (Estados Unidos, 12,20%); ENI-AGIP (Italia, 7,50%), Techint (Argentina, 4,1%) y Perenco (UK, 4%).
El proyecto, con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, está financiado por los bancos WestLB (Alemania), BNL y Unicrédito (Italia), Banco Spiritu Santo (Portugal), Bank of Scotland (Gran Bretaña), BBVA y Caja de Madrid (España).
La oposición de la población ecuatoriana al proyecto, el cual reportará un 85% de beneficios a manos privadas y el resto irá a aliviar la Deuda Externa de Ecuador, ha sido ejemplar. En marzo de 2002 fueron desalojados, encarcelados y desalojados 17 activistas en la selva montañosa de Guarumos, después de obstaculizar durante 3 meses el avance del trazado del oleoducto. En mayo, el ejército desalojó varios campamentos de campesinos que simultáneamente habían instalado en el trazado del OCP para protestar por el proceso de expropiación forzada. La ciudad de Lago Agrio, capital de la provincia petrolera de Sucumbíos, fue militarizada después de varios días de bloqueo de los pozos petroleros. Hasta ahora 44 personas han sido encarceladas por mostrar su oposición al megaproyecto.
La campaña internacional contra el oleoducto se inició en Alemania e Italia presionando a los bancos de ambos países para que retiren el préstamo a un proyecto que no cumple las normas ambientales impuestas por el Banco Mundial. Esto fue demostrado tras las visitas de diputados italianos y alemanes a Ecuador y del informe "Robert Goodland". En diciembre de 2002, se reunieron en Alemania representantes de 20 organizaciones de 8 países para articular una campaña conjunta de presión a los bancos para que retiren el apoyo financiero al proyecto.
En el Estado español, una delegación formada por representantes de Acción Ecológica, Campesinos de Lago Agrio e indígenas Kichwa de Sarayacu realizan una gira denunciando la complicidad de BBVA, Caja Madrid y Repsol-YPF en el OCP.
En Madrid se han reunido con represantes sindicales de la empresa Repsol-YPF para presionar a la empresa para que cambie su actuación que repercute muy negativamente en las poblaciones y el medio ambiente. Repsol-YPF, promotora del consorcio OCP, tiene en la Amazonía ecuatoriana 3 concesiones petroleras que invaden ecosistemas muy frágiles como el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Yasuni. También invade el territorio indígena Huaorani, donde el 85% de la población ha sido contagiada de hepatitis tras el contacto con los trabajadores de la compañía al invadir sus tierras.
Fuente: Rebelión