EEUU: bioproteccionismo en el reino del libre comercio, por Antonio Pita

Podría haber sido una exportación como cualquier otra, pero aquel millón de limones argentinos con rumbo a Canadá fue incinerado a su paso por territorio estadounidense. El motivo: la Secretaría de Agricultura norteamericana había recibido un mail anónimo en el que se indicaba la existencia de ántrax en los limones, lo que hizo que la carga se confiscase y destruyese pese a no encontrarse rastro de la bacteria.

Las autoridades estadounidenses tienen capacidad para realizar acciones como ésta del pasado agosto por virtud de la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta al Bioterrorismo, más conocida como Ley sobre Bioterrorismo, de junio de 2002. Se trata de una de las numerosas medidas restrictivas adoptadas por el gobierno estadounidense a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los ataques generaron un clima de miedo ante una nueva agresión terrorista que se convirtió en pánico unas semanas más tarde, cuando instituciones y medios de comunicación recibieron una serie de cartas que contenían ántrax. Poco importó que, pasada la tempestad, todas las pruebas indicasen que el envío de cartas había sido realizado por norteamericanos y desde territorio estadounidense: se adoptó una ley basada en que el peligro siempre viene de fuera.

La Ley sobre Bioterrorismo obliga a todos los operadores comerciales que quieran exportar a Estados Unidos a registrase en el país, a contar con un agente domiciliado en el mismo y a notificar todos los productos a la entrada de territorio estadounidense, no menos de 8 horas ni más de 5 días antes del envío. Como en el caso de los limones argentinos, esta notificación previa afecta no sólo a los alimentos que se importen en Estados Unidos, sino a los que discurran por suelo norteamericano. Y, como en el mismo caso, la Food and Drug Administration (FDA) -el organismo competente- puede retener administrativamente, e incluso destruir, alimentos si posee ?información creíble? de que dichos alimentos representan una amenaza para la salud de personas o animales. Vista la aplicación de la norma, se entiende por ?información creíble? un mail anónimo. Además, si hay un problema con el embarque y la FDA lo detiene en el puerto para su control, los costos (almacenaje, transporte, inspección,...) serán soportados por el dueño del producto.

Tal número de trabas ha generado ya el surgimiento de algunas actividades fraudulentas en la red. Así, un importante número de nuevas empresas realizan en la red una labor de publicidad engañosa, ofreciéndose como agentes de las empresas extranjeras, e incluso indicando que tienen relación o experiencia con la FDA, a cambio de unos 600 dólares anuales.

La Ley ha sido muy criticada por los importadores de alimentos, no sólo porque supone un aumento de gastos y demoras en sus operaciones, sino porque consideran que se trata de una medida desproporcionada que va mucho más allá de la lucha contra el bioterrorismo. ?Es una formidable barrera para-arancelaria que Estados Unidos puede aplicar discrecionalmente a cualquier país que lo perjudique en el comercio exterior", asegura Jesús González, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina. Proteccionismo encubierto, que impide la libre circulación de mercancías que tanto propugna -y a la vez tanto vulnera- la Administración estadounidense.

Este verano estaba previsto que la Ley entrase en su cuarta y última etapa -tras tres de información y capacitación-, pero finalmente se decidió posponer la fecha hasta noviembre, ya que de las 420.000 compañías a las que teóricamente afecta la norma, sólo se habían registrado poco más de la mitad. "Realmente no tenemos claro si sobrestimamos la cifra de compañías o si hay aún 200.000 que no se han registrado?, reconocía Leslye Fraser, directivo de la FDA, en lo que pone de manifiesto que una legislación restrictiva no significa necesariamente mayor control de las actividades.

Tras el 11-S, Estados Unidos vive más que nunca obsesionado por su seguridad y por la posibilidad de un nuevo atentado, sea o no con armamento biológico. La Ley sobre Bioterrorismo es fruto de este momento histórico en el que se mezclan la posibilidad real de un atentado con la utilización partidista de ese miedo. La reducida visión de la misma (sólo concibe la amenaza exterior), la dificultad de su implementación y su papel como traba al comercio internacional la convierten más en un instrumento de ?bioproteccionismo? que de seguridad.

Antonio Pita
Periodista
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