Ecuador: Criminalizados por Defender la Naturaleza

La mayoría de los casos se están dando en las últimas áreas de bosque tropical que quedan en el país, que es donde se localizan también los recursos mineros y petroleros. En esta reunión se han analizado las circunstancias del número creciente de estos casos de criminalización injusta en las poblaciones indígenas y campesinas en las que está habiendo oposición a actividades empresariales extractivas, nacionales y transnacionales.

El encuentro de Quito quiso y logró ser un primer paso para “visibilizar frente a la opinión pública nacional e internacional la escalada de persecuciones políticas, jurídicas y para-judiciales a líderes sociales defensores de la naturaleza y la vida, frente a un modelo de desarrollo economicista, violador de derechos”, tal y como anunciaba la convocatoria a la Cumbre. En Ecuador, la criminalización a los campesinos se ha estado dando al Norte, en la zona subtropical de Intag y actualmente en el Sur del país, en la región amazónica.

Algunos de los rostros presentes en el evento parecen aliviados, seguramente al ver que no son los únicos que están pasando por eso. Policía, juzgados, investigaciones, indagaciones, sentencias, jueces, abogados, fiscales, doctores. Este mundo los sorprendió repentinamente a todos ellos. Algunos se han hecho ya expertos en leyes y procedimiento penal. No es raro, cuando una sola persona enfrenta diez, quince y hasta veinte juicios.

Es el caso de Tarquino Cajamarca, del cantón Limón Indanza en la provincia amazónica de Morona Santiago, perseguido por Sipetrol, gestora del proyecto Hidroabanico; de Rodrigo Aucay de El Pangui en la también amazónica Zamora Chinchipe, perseguido por la minera Corrientes Resource de la canadiense Ecuacorrientes; o de Polibio Pérez, de la zona subtropical de Intag, que ha sido perseguido también por la minera canadiense Ascendant Copper. En el evento se escuchan testimonios acerca de estos casos. El mayor delito de estos tres líderes comunitarios, respetados y reconocidos en sus zonas de origen, fue tal vez haber sido los que se opusieron más enérgicamente a las actividades de las transnacionales, aseguran los representantes de las organizaciones de derechos humanos. Desgraciadamente no son casos aislados.

Los costos de la defensa de estos y todos los campesinos acusados son enormes, tanto en términos económicos como en esfuerzo físico y psicológico. No sólo son los honorarios de los abogados lo que hay que pagar. Las distancias que los criminalizados tienen que recorrer hasta llegar a las audiencias son enormes. Muchos viven en parajes remotos, donde prácticamente no existía la delincuencia hasta la intervención de las transnacionales en sus zonas. Estas personas están siendo víctimas de un modelo de desarrollo totalmente ajeno a sus formas de vida y de entender el mundo. Algunos han pasado por la prisión, otros se han visto obligados a esconderse días o semanas para evitar la cárcel, viéndose alejados de sus familias y sus actividades cotidianas. Sobre Tarquino Cajamarca de Limón Indanza pesa una orden de captura en estos momentos.

Es difícil la defensa. En muchos de estos casos, la acusación no es ejercida directamente por las transnacionales o personas abiertamente relacionadas con éstas, sino por personal pagado para dar falso testimonio y acusar a un líder campesino de un delito común, que éste no ha cometido. Durante algunos de los procesos, testimonios idénticos aportados por diferentes testigos evidenciaron que éstos estaban repitiendo un guión que se les había entregado previamente. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU así como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, ambas con sede en Quito, poseen documentación completa sobre muchos de estos casos. Según un miembro de INREDH, los campesinos están siendo vinculados a listas negras. Se les roba material de trabajo como computadoras, como parte de una estrategia para inmovilizar a las organizaciones de reivindicación social. La Unidad de Investigación de la CEDHU reporta además numerosos casos de agresiones de personal de las empresas extractivas o de personal pagado por éstas, que incluyen amenazas de muerte, persecución, agresiones físicas, hostigamiento, calumnias y otras muchas.

Pero cada vez son más los acusados de algún delito común que no han cometido, lo que hace necesario y urgente que se tomen medidas. El número de líderes comunitarios y campesinos que están siendo criminalizados por empresas como respuesta a la resistencia que oponen algunas comunidades a sus actividades extractivas de petróleo, minería u otras en áreas de bosque tropical es alarmante. Según la Unidad de Investigación de la CEDHU, las acusaciones superan las 100, y los acusados son muchos más, teniendo en cuenta que gran parte de estas causas son múltiples, es decir, que acusan a más de una persona. Todos ellos saben muy bien porqué se oponen a estas actividades económicas: “¿A quiénes ha beneficiado 30 años de explotación petrolera? Las calles de los países del Norte están cada vez más embellecidas e iluminadas, mientras en Lago Agrio (ciudad petrolera en la Amazonía Ecuatoriana) siguen a oscuras, y peor aún, enfermos de cáncer y contaminados” dice Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari. Muchas poblaciones manifiestan que no quieren acabar en condiciones similares y por eso rechazan la extracción de los recursos naturales en sus zonas. Hay clara resistencia a la minería en Intag, Pacto, El Pangui, Napo, Machala y en otros lugares del país.

“Los pueblos somos paridos por la madre tierra y es por eso que hay que defenderla”, dice Cholango. “Pero mediante la no violencia”, especifica Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, organización que también participó en este encuentro. “La no violencia es un arma mucho más poderosa y como defensores de la naturaleza no nos sale de otra forma”, añade. Esto a pesar de que entre los delitos de los que se acusa a los diferentes líderes y campesinos se encuentran el sabotaje y el terrorismo, los atentados contra la seguridad del Estado, la rebelión y atentados a funcionarios públicos, la apología del delito, la asociación ilícita, los delitos contra la propiedad como el robo y los delitos contra las personas como el plagio (secuestro). Con estos delitos comunes se intenta disfrazar los hechos de la resistencia popular y de paso, encarcelar para eliminar o neutralizar a las personas que ejercen mayor oposición a las actividades de las empresas en sus territorios. Para el trabajo sucio se contratan paramilitares o sicarios. Este caso ya se ha dado reiteradamente en Ecuador.

En la zona subtropical de Intag, cuatro de los 15 procesos iniciados por la compañía minera canadiense Ascendant Copper fueron concluidos con resoluciones absolutorias y favorables a las y los comuneros injustamente acusados. “La justicia nos dio la razón” dice Robinson Guachagmira, que expuso el caso de Intag durante el encuentro en Quito, “Yo mismo estuve ocho días en prisión, los peores días de mi vida, en los que me consolaba pensando que ojalá ese sacrificio contribuyera a que el medio ambiente y los bosques de mi zona permanezcan intactos para las futuras generaciones”. Más de 90 personas de la zona noroccidental de Intag fueron sorprendidas con esta clase de denuncias arbitrarias.

Según el Dr. Raúl Moscoso, abogado comprometido con las causas sociales y presente en la Cumbre, “Los actos de resistencia de las comunidades son actos políticos”. El doctor Moscoso construyó y sustentó la primera versión de la propuesta de Ley de Amnistía para este tipo de casos. La elaboración de este proyecto de Ley de Amnistía y la conformación de una Red Internacional de personas afectadas para evitar el enfrentamiento aislado e individual a las acusaciones, fueron algunas de las soluciones propuestas al gravísimo problema de la criminalización a campesinos, así como la propuesta de iniciativas de movilización conjunta. Mediante la propuesta de Ley de Amnistía, que el mismo día de la Cumbre se consiguió poner en manos de Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente así como ante la Fiscalía General de la Nación, se pretende proteger a personas que participen en actos de resistencia comunitaria en ejecución o por ejecutarse. Esta Amnistía general debería poder aplicarse a los casos individuales. También debería incluir la amnistía por responsabilidad civil.

Desgraciadamente, este fenómeno de la criminalización no es un hecho aislado ni exclusivo del Ecuador. En otros países de Latinoamérica se está dando en idénticas condiciones, asociado a otras industrias extractivas o al agronegocio, como es el caso del cultivo masivo de la soja en Paraguay, o de la palma africana en Colombia, donde las empresas hacen también un uso indiscriminado de la denuncia y la acusación contra la población campesina afrocolombiana, para acallar toda voz discordante que quiera impedir el desarrollo de la actividad económica empresarial en tierras comunitarias. También en relación con la minería se ha dado muy recientemente el caso de la criminalización de 7 indígenas Maya Mam en Guatemala. Idénticas noticias llegan desde este país: “A través de este juicio montado la empresa pretende debilitar el movimiento social anti-mina que está luchando por sus derechos en el municipio de San Miguel Ixtahuacan, mientras logra expandir su explotación en la región y desestructurar socialmente a las organizaciones que se oponen a la explotación minera”, según Derechos en Acción de ese país.

ULTIMA HORA: El tema de la criminalización de la protesta social, ha tomado en los últimos días rabiosa actualidad en el Ecuador al encontrarse en estos momentos detenida la Prefecta de la provincia amazónica de Orellana, acusada de haber organizado la protesta social que culminó el 29 de noviembre en los lugares de Tiguino y Dayuma. Junto a ella están detenidas otras 22 personas. Criminalizadas. Sus reclamos: asfalto para una carretera, abastecimiento de agua y electricidad, y reparación de los daños ambientales y a la salud causados por la extracción petrolera. Por esto, la provincia se encuentra en estado de emergencia y se ha declarado el toque de queda. Por su parte, el presidente Correa, en diferentes actos públicos, se refirió en la misma línea a la protesta social, calificando a los ecologistas de izquierdistas, románticos, infantiles y hasta terroristas, desconociendo el hecho de que la protesta procede de los pobladores y no de los “ecologistas”. En el fondo de las iras del presidente se encuentra su intención de explotar a toda costa minas y petróleos, en una desesperada búsqueda de recursos, y a pesar de haberse presentado reiteradamente como “amigo de la población indígena”, quienes en todo sentido serían los principales afectados. Al presidente parece no gustarle la resistencia social legítima que ha generado el balance de 30 años de explotación del petróleo de la Amazonía, donde la pobreza y el abandono persisten a pesar de todo lo prometido en su día por las petroleras.

Como conclusión podemos apuntar que se requiere la unión de líderes y campesinos afectados, a nivel nacional e internacional y una respuesta acorde al problema de la criminalización por parte de instituciones del Estado para evitar la persistencia de esta situación, así como la garantía de mecanismos –como la ley de Amnistía- que impidan a las transnacionales y al mismo Estado el hostigamiento de la población. Cualquier defensor del medio ambiente, de las selvas tropicales y los derechos humanos puede ser el próximo acusado de sabotaje, terrorismo, robo, secuestro, injurias, incendio, lesiones o asociación ilícita. Pero no olvidemos que de todas formas, defender los derechos sigue siendo una responsabilidad de todos.

Por Guadalupe Rodríguez, Campaigner Selvas Tropicales y Derechos Humanos, Salva la Selva, Latinoamérica, correo electrónico: gro.dlawneger@epuladaug, www.salvalaselva.org, www.activistas.nireblog.com

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