Ecuador: REDD+ significa pérdida de derechos colectivos

Entre el 27 de noviembre y 7 de diciembre del presente año se llevará a cabo en Cancún, México, la 16ta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En esta reunión nuevamente se espera ningún compromiso real frente al cambio climático, al contrario, se teme que las negociaciones profundicen los mecanismos que se enmarcan en el mercado de carbono así como los planes de Reducción de emisiones por Deforestación Evitada y forestas degradadas (REDD+). Esto ocurre a pesar de que las críticas al mercado de carbono, y a REDD+, no cesan a nivel mundial desde infinidad de sectores y organizaciones que trabajan por la justicia climática. Las posiciones del Ecuador en este sentido no pueden ser contradictorias.

Por un lado, el gobierno ecuatoriano, sigue promocionando la iniciativa Yasuni/ITT -que implica un cambio en el modelo de desarrollo petroleo-dependiente-, mientras que por otro, alienta el programa SocioBosque, como parte de los planes REDD+. Esto significa en la práctica mercado de servicios ambientales a cambio de permisos para seguir contaminando y destruyendo la naturaleza. Con REDD+ en el Ecuador se estaría pensando en promover al menos tres tipos de servicios ambientales: agua, biodiversidad y “almacenamiento y captura” de carbono.

El Ministerio del Ambiente se encuentra empeñado en promover obsesivamente el Programa SocioBosque como uno de los 6 componentes directos de la estrategia nacional REDD+ en el Ecuador. También está diseñando el Programa Nacional Conjunto (PNC-REDD+) que se enmarca en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este programa viola abiertamente la constitución, las leyes nacionales y acuerdos internacionales referentes a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque ha sido implementado desde hace dos años sin ningún proceso previo de consulta a los pueblos indígenas. No solamente que el PNC-REDD+ profundiza la mercantilización de la naturaleza sino que se encamina hacia posicionar al Ecuador como proveedor de servicios ambientales en el mercado mundial.

Esto conlleva graves problemas. El primero es que el Ecuador estaría introduciéndose con fuerza en el mercado de carbono que es volátil, poco confiable, sujeto a alta especulación y que cada vez presenta mayores síntomas de fraudes y estafas, como lo señala la Interpol (REUTERS, 4 de junio 2010). Actualmente el control del mercado de carbono está casi en su totalidad en manos del sistema financiero internacional y de intermediarios o empresas que contaminan y destruyen el medio ambiente. Otro problema es que se estaría involucrando al Ecuador en la perversidad del mercado mundial de agua y de biodiversidad, pues significaría consolidar lo que se conoce como “compensación” por destrucción o contaminación. Con este mecanismo se permitiría el menoscabo de fuentes de agua o de zonas con rica biodiversidad y poder “compensarlo” a través de inversiones en su conservación en otros lugares del planeta. El mercado de servicios ambientales resultaría un incentivo a prácticas destructivas sobre páramos, bosques, o fuentes de agua.

Otro problema de REDD+ y su modalidad SocioBosque o SocioPáramo es que el estado ecuatoriano, al negociar con los contratos en el mercado internacional, podría estar colocando grandes territorios del Ecuador -que pertenecen en gran medida a pueblos y nacionalidades indígenas- como garantías o hipotecas en el mercado global de servicios ambientales. Para los compradores es prioritario asegurarse los derechos de propiedad sobre el carbono o sobre la captación de carbono, sobre la biomasa, los árboles y otra vegetación y sobre las fuentes de agua. Así, se estaría trasladando los derechos de los pueblos, en primer lugar al Estado, y posteriormente a los compradores de bonos, los mismos que pueden ser bancos o empresas. REDD+ significaría la pérdida de los derechos colectivos de los pueblos sobre sus tierras y territorios. Es por esto que el PNC REDD+ enfatiza el interés en la medición, monitoreo y continuidad de los “beneficios múltiples” pues a los tenedores de bonos les interesa poder venderlos o simplemente garantizar a la industria la posibilidad de emitir más gases con efecto invernadero o destruyendo la naturaleza con total impunidad y de manera permanente.

En el desarrollo del Programa Nacional Conjunto REDD+ están involucrados diversos actores, entre los que destacan la USAID, el gobierno alemán, la ONG alemana GTZ y el Banco de Reconstrucción Alemán (KfW), entre otros.

La GTZ, que ha comprometido 4 millones de euros, está apoyando entre otros temas el análisis del contexto legal, financiero e institucional y de los aspectos técnicos relacionados a los servicios ambientales en el Ecuador. También con fondos de la GTZ se espera normar el articulo 74 de la Constitución ecuatoriana que dice en su segundo párrafo que “los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. Esta situación es muy peligrosa porque se estaría pensando en la entrega de la gestión y lucro de servicios ambientales a las empresas y bancas privadas.

Por su parte, el KfW ha ofrecido un crédito de 10 millones de euros que se ejecutaría desde el 2011 para, entre otras cosas, hacer también un análisis de la viabilidad legal y financiera de REDD+. El programa financiado por KfW ha definido 5 componentes, entre los que se encuentra la promoción de la inclusión de los bosques comunitarios y privados en del mercado de carbono. Llama la atención que en septiembre de este año, el gobierno alemán a través del Ministro Neibel manifestara el retiro del apoyo dado inicialmente a la iniciativa Yasuni-ITT para en su lugar apoyar REDD en Ecuador, mientras que, al mismo tiempo, aprobaba un monto de 500 mil dólares para levantar información sobre las emisiones por deforestación en el Ecuador.

Por otra parte la USAID financió el análisis del contexto legal, financiero, e institucional a nivel internacional para la inserción del Ecuador en el mercado de carbono y otros esquemas relacionados con la provisión de servicios ambientales. A todos estos apoyos se suma los de FAO que incluyen un componente relacionado al inventario de emisiones y monitoreo de carbono contenido en los bosques. También hay el apoyo del GEF y varias instituciones de conservación como TNC, CI y otras entre cuyos objetivos está el cálculo de biomasa de los bosques. Varias ONG nacionales como Fundación Natura o Pachamama tienen el papel de ayudar con la difusión de estos planes o como actores involucrados directamente en la ejecución de proyectos REDD.

Los actores corporativos privados vinculados a REDD en Ecuador incluyen a Ecosecurities y Era Consulting. Estas empresas están en 2 de los 11 proyectos REDD+ a nivel nacional y son el Proyecto Putumayo en Orellana-Sucumbíos y el proyecto Bosque Protector Cutucú-Shaimi en Morona Santiago respectivamente. Es escandaloso mirar que los dos proyectos en los que están relacionados estas dos compañías incluyen cláusulas de confidencialidad.

Para que todos estos planes funcionen se necesita de la aplicación de una política de control forestal. De hecho el PNC-REDD+ busca aplicar medidas apeladas con el denominativo militar de “comando-control”. Si se revisa un contrato modelo de Socio Bosque claramente se puede leer que las comunidades que han firmado el convenio con el Ministerio del Ambiente y que infrinjan los compromisos -cortando árboles, cazando, cultivando o pescando, etc- pueden ser sujetas de sanciones civiles o penales; para esto, el estado se adjudica el derecho de monitorear in situ el lugar, usar sensores remotos, u otro tipo de control. El interés es conservar intactos los árboles cuyo carbono contenido y su permiso de contaminación correspondiente les pertenecen a quienes han comprado los certificados en el mercado internacional.

El Ecuador es parte de la iniciativa internacional de salvaguardas y “estándares ambientales y sociales de REDD+”. En la práctica esto es una manera de querer protegerse ante la avalancha de críticas que ya existen en el mundo frente a REDD. Tiene que ver con la garantía del reparto de beneficios pues a ningún inversor le interesa poner dinero en algo que luego se puede desarmar por las protestas o rupturas de contratos por violaciones a los derechos de las comunidades.

Acción Ecológica sostiene que la principal fundamento del cambio climático es la extracción y consumo de combustibles fósiles. En menor medida es la pérdida de bosques cuyas causas subyacentes son la expansión de los monocultivos agrícolas, la industria camaronera y maderera, los proyectos mineros y petroleros, la infraestructura vial o eléctrica. Enfrentar el cambio climático implica dejar de extraer y quemar petróleo y detener las verdaderas causas de la deforestación. Implica por lo tanto oponerse a REDD+ favoreciendo la agricultura campesina y respetando los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades sobre sus tierras y territorios.

Por este motivo nos sumamos al llamado de la Via Campesina cuyo lema es "Miles de Cancún por la Justicia Climática" y al Foro Alternativo Global "Por la Vida, la Justicia Ambiental y Social" que se llevará a cabo en México entre el 27 noviembre y el 10 de diciembre de este año.

¡PORQUE LA SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO LAS CONSTRUYEN LOS PUEBLOS!
¡POR LOS DERECHOS LA NATURALEZA!

ACCION ECOLOGICA HACIA CANCÚN

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Ivonne Yánez
gro.acigolocenoicca@yennovi

Fuente: Acción Ecológica