El Cerrejón, la lucha wayúu y el carbón para Alemania: la doble moral de la transición energética

A raíz de una llamada telefónica en 2022 entre el canciller alemán, Olaf Scholz, y el entonces presidente colombiano, Iván Duque, Colombia analizó la posibilidad de aumentar las exportaciones de carbón a Alemania. Esto ocurrió a pesar de que, durante los primeros tres meses de ese año, producto de la guerra, la cantidad de carbón importado desde Colombia se había incrementado en un 62% respecto al año anterior, según la Asociación de Importadores Alemanes de Carbón.

Estos mensajes, publicados en mayo de 2022 por la agencia de noticias N-TV, fueron llamativos porque salieron a la luz poco antes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en Alemania. Tras años de esfuerzos de la sociedad civil, en 2021, Alemania había decidido ratificar el Convenio 169 que protege los derechos indígenas. La ratificación tenía como objetivo expresar la solidaridad de la República Federal de Alemania con los Pueblos Indígenas a nivel mundial y, se esperaba que la potencia europea respetara, protegiera y cumpliera sus derechos en su política económica internacional. 

Sin embargo, la creciente demanda de carbón colombiano por Alemania dio un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de América Latina, que en 2021 había anunciado un cierre gradual por la baja demanda del mineral. Desde ya que la reactivación de la mina ha tenido graves consecuencias para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que viven en la zona.

El Cerrejón y el pueblo Wayúu

El Cerrejón está ubicada en el departamento de La Guajira, en la región caribe de Colombia, en territorio ancestral wayúu. Este Pueblo Indígena es el más numeroso de Colombia: cuenta con más de 300.000 personas en La Guajira y también habita en el estado venezolano de Zulia, al otro lado de la frontera. El complejo minero fue establecido en 1976 tras la firma de un Acuerdo de Asociación entre el Estado colombiano, a través de Carbocol, y la International Colombia Resources Corporation (Intercor), una compañía subsidiaria de Exxon. 

De este modo, la extracción de carbón comenzó en 1983. Durante varias décadas, dos transnacionales mineras, Anglo American y BHP Billiton, se repartieron equitativamente la participación accionaria en la empresa. Finalmente, entre 2000 y 2002, el Estado colombiano vendió su participación a través de Carbocol y, en la actualidad, la empresa Carbones del Cerrejón, encargada de operar la mina, es propiedad de la transnacional suiza Glencore.

Desde su inicio, las comunidades locales en la esfera de influencia de El Cerrejón han sufrido severos impactos ambientales, sociales y culturales a causa de la mina. Aproximadamente 35 comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reubicadas de sus territorios históricos. Las actividades de la mina contaminaron el suelo, el aire y el agua. En una de las regiones más secas de América del Sur tropical, desaparecieron varios ríos, que son las principales fuentes de agua. Las emisiones de polvo fino de la minería y el alto contenido de mercurio afectan la salud de los habitantes: casi todos los wayúu sufren enfermedades respiratorias y erupciones en la piel. 

Desde 2013, la empresa Cerrejón se propuso desarrollar un nuevo tajo minero de nombre “La Puente”, para expandir la extracción de carbón. Con este propósito había sido necesario el desvío del arroyo Bruno: un afluente relevante del único río importante de esta región árida, el río Ranchería, que fluye a través de la coregión de concesión minera del Cerrejón. La compañía desvió el arroyo Bruno al norte de su cauce natural, para explotar el carbón que hay debajo. Ante esta situación de escalada, varias comunidades locales, tanto wayúu como afrodescendientes, denunciaron que no habían sido consultadas.

El conflicto por el Arroyo Bruno

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia reconoció que la empresa Carbones del Cerrejón y las instituciones del Estado amenazaron los derechos al agua, la soberanía alimentaria y la salud del pueblo Wayúu, al haber autorizado y realizado la desviación del cauce natural del arroyo Bruno para ampliar la mina. Así, la Corte suspendió la ampliación de la zona de explotación de carbón realizada sin consulta por el complejo El Cerrejón. Todo el proceso legal estuvo acompañado de amenazas, que recibieron los demandantes.

La  sentencia SU 698/17 fue considerada como un éxito jurídico para los demandantes en la Corte Constitucional, la cual justificó su decisión con los efectos sobre el clima y la salud de los habitantes de la zona, así como con sus derechos culturales protegidos en el marco constitucional de Colombia. También consideraba la relevancia espiritual del río. Para los wayúu, los ríos no sólo son fuentes de vida, sino entidades sagradas. Como lo explicaba la abogada Mateus Parra: “Una de las deidades supremas de los wayúu vive en los ríos. Cuando el río se va, esta diosa ya no puede ser invocada”. 

En su sentencia, la Corte pidió a la empresa, a las autoridades y a los afectados que busquen juntos una solución sobre los aspectos más controvertidos. En lugar de acatar la decisión, Anglo American y Glencore emprendieron acciones legales contra Colombia a nivel internacional. Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión. La base de tal reclamo es que el Estado ha alterado las condiciones bajo las cuales se realizó la inversión, menoscabando sus expectativas legítimas de ganancia. Las empresas consideraron que la decisión de la Corte constituía una medida equivalente a una expropiación indirecta sin indemnización, a pesar de que se basó en normas constitucionales nacionales, principalmente para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.

El uso de mecanismos de arbitraje internacional (ISDS) muestra cómo la defensa de los derechos indígenas choca con el régimen global de protección de inversiones, que concede recursos legales asimétricos a favor de las empresas frente a los Estados. En su demanda al arbitraje de diferencias entre el Estado y el inversor, Glencore y Anglo American calificaron la sentencia SU-698/17 como “discriminatoria e irrazonable”, utilizando tratados bilaterales para proteger sus intereses económicos sobre los derechos humanos. 

El incumplimiento del espíritu de la sentencia de la Corte

En abril de 2022 salió a la luz un informe elaborado por la Mesa Técnica Interinstitucional, presidida por el Ministerio de Ambiente, que concluye que el Arroyo Bruno permanecerá desviado en el canal artificial. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo explicaba: “La Mesa espera dar por satisfecho el ‘propósito de la sentencia de la corte’. A su vez, advierten que las recomendaciones en ‘el tema cosmogónico, espiritual y cultural de la etnia wayuu’ ya fueron incluidas en el estudio con los aportes de la comunidad de La Horqueta. A cambio de la destrucción definitiva del ecosistema natural del arroyo Bruno, la empresa ofrece como medidas de ‘compensación’ construir un sitio para rituales y ampliar viveros”. 

Este resultado fue interpretado por las organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como un incumplimiento del espíritu de la sentencia de la Corte y una anticipación de los arbitrajes internacionales iniciados por Glencore y Anglo American contra el Estado colombiano. Sin embargo, los procedimientos de arbitraje internacional iniciados por las compañías contra la decisión del Tribunal Constitucional fueron archivados en 2023. Esto ocurrió en el contexto de las negociaciones con Gustavo Petro sobre el futuro de la mina, como parte de una “transición energética” planificada por el nuevo gobierno.

De este modo, avalada por decisiones administrativas, la empresa suiza Glencore siguió desviando el cauce del arroyo. El apoyo institucional ha sido interpretado por las organizaciones de derechos humanos como una “captura del Estado”: el lobby de los ejecutivos de El Cerrejón habría influido en las entidades para torcer el resultado de la Mesa de Trabajo Interinstitucional (creada por orden de la misma Corte) y lograr que esta avalara el desvío del arroyo. Así, se ignoró la oposición de las comunidades.

Un informe de Censat Agua Viva estima que El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable. La deprivación hídrica ha sido tan severa que en 2023 el presidente Gustavo Petro acusó públicamente a la empresa de ser corresponsable de la muerte de “miles de niños wayúu” por hambre y sed. Aunque sus palabras fueron objeto de debate político, ilustran la magnitud de la crisis humanitaria percibida a nivel nacional. Sumado a esto, ni El Cerrejón ni la Mesa Interinstitucional consideraron la conexión espiritual de los wayúu con los ríos.

La Guerra de Ucrania y la importación alemana

Históricamente, El Cerrejón fue operada por un consorcio de tres gigantes mineros: Anglo American, BHP Billiton y Glencore. Cuando en enero de 2022, Glencore adquirió la totalidad de la mina, asumió la plena responsabilidad por sus impactos sociales y ambientales. Semanas después, la guerra en Ucrania disparó la demanda de carbón colombiano desde Alemania. Este repunte contrasta con las acciones legales de la empresa: mientras aprovechaba el boom, litigaban contra Colombia mediante el mecanismo ISDS por “pérdidas” derivadas de la protección constitucional del arroyo Bruno.

Para 2023, la producción aumentó el 12% y Glencore anunció su intención de operar la mina hasta 2034. Hasta agosto de 2025, Glencore sigue siendo el único propietario, pese a las demandas internacionales y las presiones políticas. La producción actual ronda los 24 millones de toneladas anuales (2024). Si bien esta cifra está por debajo del pico histórico de 32 millones de toneladas alcanzado en 2015, representa una reactivación significativa respecto a los niveles previos a la guerra en Ucrania, cuando la mina se encaminaba a un cierre gradual. Sin embargo, este desarrollo contrasta con la tendencia europea a reducir progresivamente el consumo de carbón en favor de energías renovables. El carbón de El Cerrejón es un recurso en declive estructural, pero su extracción sigue dejando huellas irreversibles en el desierto guajiro.

El caso El Cerrejón adquirió aún mayor relevancia con la entrada en vigor en enero de 2023 del Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG): la “Ley alemana de debida diligencia en las cadenas de suministro”. Esta norma obliga a las grandes empresas alemanas a garantizar que sus cadenas globales estén libres de graves violaciones de derechos humanos y daños ambientales. En la práctica, esto significa que compañías importadoras de carbón de El Cerrejón como EnBW, Uniper y STEAG ahora deben responder por las denuncias de las comunidades wayúu. 

Este marco también representa un test sobre la eficacia de las normas internacionales frente a la realidad de los abusos. Hasta ahora, el historial de la mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y un uso extensivo del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria. Glencore y sus socios han desplegado múltiples iniciativas de “sostenibilidad”, pero los críticos alemanes y colombianos denuncian que se trata de greenwashing. El Bundestag alemán ha cuestionado cómo las afirmaciones de Glencore de cumplir con los Principios Rectores de la ONU contrastan con informes sobre enfermedades, hambre y desplazamiento en La Guajira.

Gobernanza y luchas sociales

El conflicto alrededor del Cerrejón no puede entenderse sólo como una disputa ambiental. Es un espacio relacional donde confluyen la visión desarrollista del Estado colombiano, los intereses de una multinacional y la supervivencia de un Pueblo Indígena. En este espacio, los actores movilizan diferentes tipos de poder (económico, jurídico y simbólico) y negocian constantemente sentidos, como el concepto mismo de “desarrollo”.

La negociación no se da entre bloques monolíticos. Las demandas wayúu han evolucionado desde un reclamo inicial por indemnizaciones económicas hacia una exigencia sofisticada de derechos étnicos: autonomía, territorio ancestral y el derecho a definir su propio modelo de desarrollo. Esta “política de reivindicación identitaria” les ha permitido articularse con el proyecto minero, sin subyugarse por completo, utilizando el marco multicultural de la Constitución de 1991 para ganar legitimidad. 

A pesar de estas dinámicas internas y de las estrategias divisivas de la empresa, el pueblo Wayúu ha resistido mediante bloqueos de vías férreas, demandas judiciales y alianzas internacionales. En 2015, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les otorgó medidas cautelares para proteger a niños y niñas wayúu de la desnutrición y la sed. En 2019, la Corte Constitucional colombiana reconoció que la contaminación de El Cerrejón violaba derechos fundamentales:  la T-614 de 2019 estableció que El Cerrejón vulneraba los derechos fundamentales a la salud, al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. Sin embargo, la implementación de las sentencias ha sido lenta y selectiva.

En este contexto, el rol de Alemania adquiere especial importancia: como país importador, y ahora regulador a través del LKSG, sus decisiones influyen directamente en la dinámica local. Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. El desafío es si la ley se convertirá en una herramienta efectiva para los wayúu o si quedará atrapada en un entramado de burocracia y declaraciones simbólicas.

La doble moral de la transición energética

El Cerrejón simboliza los dilemas de la transición energética global: mientras Europa busca reducir su dependencia del gas ruso y avanzar hacia fuentes de energía “limpias”, recurre en el corto plazo al carbón colombiano, profundizando la crisis en las comunidades indígenas. El impacto en el pueblo Wayúu es sólo un caso de los muchos que ocurren en Latinoamérica.

La historia reciente muestra cómo las luchas locales por el agua, la salud, la tierra y la espiritualidad se conectan con debates globales sobre la responsabilidad empresarial, la justicia climática y la soberanía. La presidencia de Gustavo Petro ha colocado nuevamente el tema en la agenda nacional, vinculando el hambre y la sed de los niños wayúu con la voracidad minera. En Alemania, la entrada en vigor del LKSG ofrece una oportunidad inédita para que los abusos documentados no queden sin respuesta.

La pregunta central sigue abierta: ¿será posible que un marco jurídico transnacional obligue a Glencore a respetar los derechos indígenas, o seguirá imponiéndose la lógica del capital global? En cualquier caso, la lucha de los wayúu continúa siendo un recordatorio de que la transición energética no será justa si se ignora a quienes pagan el precio más alto.

Fuente: Desinformémonos