El Gobierno busca reformar ley para construir obras en territorios indígenas

El presidente Bernardo Arévalo anunció que presentará una iniciativa de reforma al Artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto para garantizar inversión pública para los pueblos indígenas en tierras comunales sin la necesidad de ceder la propiedad de la tierra al Estado.

Actualmente el artículo que se pretende reformar señala que “las obras de infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo, deberán ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado. Bajo ningún caso se podrán realizar construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de carácter privado”.

Según Arévalo, la ley genera un problema que obliga a la división del territorio de pueblos indígenas cuando se trata de realizar una obra pública, situación que se busca cambiar con la propuesta de reforma para la construcción de obras.

“Hablamos de la posibilidad de construir escuelas, hospitales, centros de Salud, centros de atención permanente, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las comunidades”, dijo.

Según el mandatario la construcción de las obras de infraestructura será por medio de una relación contractual por 20 años, al cumplirse el plazo se discutirá nuevamente si continúa el uso de la construcción para el servicio público para el que fue construido o se cambia para otro servicio en acuerdo mutuo de las partes.

Proyectos afectados  

El presidente del Parlamento Xinka, Amilvar Urias, señaló que la forma en la que está redactada la ley ha provocado que no se construyan obras en las comunidades de su región. “Son más de 200 proyectos que no se han realizado en el territorio Xinka, les estoy hablando de Jutiapa y Jalapa, pueblos como San Carlos Alzatate, son tierras comunales”, dijo.

El abogado Juan Castro del Bufete para Pueblos Indígenas mencionó que la Municipalidad Indígena de Sololá había obtenido un financiamiento del Ministerio de Cultura y Deportes para la construcción de la Casa de Pueblo de Sololá, un edificio de cinco niveles, pero no se realizó.

“Cuando las 83 comunidades se enteraron de que había que ceder la tierra a nombre del Estado, realizaron una consulta y no lo autorizaron. Se tuvo que rechazar el proyecto. No obstante que el edificio ya estaba por derrumbarse”, dijo.

El gobierno informó que le propuesta no es una reforma agraria, ni expropiación de tierras, tampoco aborda conflictividad de tenencia, conflictos limítrofes entre municipios, tampoco beneficia a particulares, tampoco las tierras pasan a propiedad de la municipalidad.

Arévalo señaló que con la reforma se solventa parte de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas, además, se presenta la iniciativa de ley en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el próximo 9 de agosto.

Fuente: Prensa Comunitaria