El dilema del trabajo en la minería de tierras raras en Penco

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Región del Biobío lidera la lista de desempleo a nivel nacional, alcanzando un 10,1% en el trimestre julio-septiembre. Acorde al boletín del INE, "las personas desocupadas aumentaron 18,3% en la comparación interanual, lo que significó 12.317 personas más en esta condición".

Este escenario en el Biobío ha empujado la legítima preocupación respecto a las oportunidades laborales, como también a la calidad del empleo que se puede obtener en una región cuyo acelerado proceso de desindustrialización ha arrastrado graves impactos a la población.

La famosa reconversión neoliberal —que se caracteriza, entre otras cosas, por el desmantelamiento de históricas formas productivas de la población en favor de los intereses del bolsillo privado— ha dejado un nuevo escenario desfavorable en la región. 

Según datos del último boletín del INE, del total de personas empleadas, la mayoría en la región está en el sector del comercio con un 16,5%, seguido de la industria manufacturera (13,0%), enseñanza (9,9%) y actividades de salud (9,9%), siendo estas dos últimas donde las mujeres representan más de un 70% de la ocupación en dicho campo laboral.

Así, el empresariado y representantes políticos han colocado el grito en el cielo para promover proyectos de inversión mediante la apertura de caminos que pueden entregarse bajo la ilusión de mejorar la empleabilidad en el Biobío. El ejemplo matriz se ha visto en el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío (PFIB), un acuerdo entre dirigencias políticas, grupos empresariales y dirigencias sindicales para promover, entre otras cosas, la agilización de cuestionados proyectos de inversión bajo la tendenciosa óptica de “más y mejor” empleo tras el proceso de cierre de la histórica siderúrgica Huachipato.

El PFIB se lanzó en septiembre de 2024, incluyendo una serie de cuestionados proyectos que mantienen un amplio historial de conflictividad en los territorios pero que serían priorizados por la orgánica liderada por una alianza público-privada en la ejecución de este plan. Dentro de los proyectos priorizados se encuentra el proyecto extractivo de Aclara Resources, el cual busca instalarse en los cerros de Penco.

El empleo prometido

La empresa Aclara Resources ha promovido datos relacionados al impacto laboral en el Biobío que significaría desarrollar el proyecto minero. 

Acorde a datos disponibles en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) actualmente en tramitación, la mano de obra alcanzaría en sus tres etapas (construcción > operación > cierre) un promedio de 901 personas y un máximo de 1.423 trabajadores, siendo la etapa de construcción donde se concentraría el máximo de personas con 745.

La fase de construcción duraría 25 meses (2 años aproximadamente), la de operación seis años, pero que "dependerá de las condiciones operacionales, específicamente, en el caso que el procesamiento anual sea menor al esperado" —indica el EIA— y la de cierre tendría una duración de 12 meses (un año). En conjunto, en nueve años el proyecto generaría, de forma directa, un promedio de 901 empleos y un máximo de 1.423, donde se potenciaría, declaran, el empleo local-regional.

Durante este tiempo, la empresa ha potenciado la promesa laboral mediante la materialización de acuerdos junto a proveedores, generando un vínculo "con más de 250 proveedores del Biobío y que cerca del 40% de nuestros proveedores en Penco sean liderados por mujeres", en palabras del gerente general de Aclara en Chile, Nelson Donoso.

En conversación con RESUMEN, Fernando Illanes, gerente de Asuntos Corporativos de Aclara, señaló que "nuestro compromiso voluntario, que después se devuelve la obligación que el 40% de mano de obra local viene con políticas de perspectiva de género", para lo cual se han asociado con organizaciones como Women in Mining (WIM), además de realizar diversas capacitaciones en alianza con otras instituciones como Inacap.

En este sentido, Illanes enfatiza que, durante todo este tiempo, "hemos seguido con diferentes trabajos, tanto para las mujeres, para los jóvenes y para las familias".

Sin embargo, comunicacionalmente, y también en la población, se ha hablado de una cifra mucho mayor: los 2.200 empleos directos e indirectos. Esta cifra se ha reproducido en diversos medios como también en las intervenciones públicas de Aclara Resources, la cual se basa en un estudio de abril de 2023, realizado por Tomás Flores y Felipe Berger y escrito como Working Paper Tierras Raras, publicado al alero de la Universidad Bernardo O’Higgins.

El documento establece que Chile es un país minero, "pero la explotación de tierras raras es un nuevo desafío, sin duda para la industria", para lo cual sería necesario, como política pública, "fomentar los proyectos que puedan abrir nuevos mercados", siguiendo la línea de aquellos horizontes que el empresariado y el Estado han planteado respecto a acelerar y ampliar las inversiones mineras.

En este sentido, el documento establece que, utilizando como base metodologías de la International Copper Association, "podríamos llegar a un total de empleo de 2.200 personas aproximadamente durante el peak de la fase construcción". Asimismo, en el área de la construcción, el texto establece que el proyecto “tendrá un efecto sustancial en el mercado del trabajo local, dado que el proyecto dará preferencia a los postulantes que residan en la comuna. Esto podría representar cerca del 37% de los ocupados de dicho sector en el periodo peak de construcción”.

Cuestionamientos a los datos

Sin embargo, las justificaciones y métodos del estudio que sustenta la cifra planteada por Aclara Resources ha sido cuestionada.

Benjamín Sáez, investigador de Fundación SOL, revisó el documento que proyecta a 2.200 los empleos directos e indirectos, identificando deficiencias metodológicas y, también, datos erróneos presentados en el estudio.

Entre los puntos tratados, Sáez explica que el informe señala que uno de los datos y cálculos erróneos se basa en la población regional utilizada por los autores. Indicando que “la cifra de 2.037.414 considera la población de la región del Biobío del 2017 sin descontar la población de Ñuble (creada en 2018). Al revisar la información censal con la división político-administrativa comparable, en 2017 Biobío registró 1.556.805. Es decir, la población de Biobío no disminuye en el periodo, sino que aumenta en más de 124 mil personas”. Esto, luego que el estudio indicara una reducción del 17,5% de los habitantes de la región “podría explicarse por la paulatina migración de empresas penquistas hacia Santiago u otras localidades del país”.

En relación con el impacto de la actividad minera en el empleo local, el investigador de Fundación SOL aseguró la presencia de falencias metodológicas en el estudio que respalda los datos usados por Aclara Resources. Concretamente, Sáez explica que no se considera la conmutación interna —referida al movimiento diario de personas entre residencia y lugar de trabajo— que en el caso del Biobío y en la minería es muy relevante. 

El investigador asegura que “incluso existiendo una política activa de reclutamiento que les dé preferencia, es difícil sostener que los puestos de trabajo requeridos se llenen solo con población local, sobre todo para los puestos permanentes. De acuerdo a datos de Cochilco, un tercio de los trabajadores de la gran minería residen en una región distinta a la región en que trabajan. A partir de esta información, sería relevante ponderar a la baja las cifras que se entregan”.

Por otro lado, Sáez explica que es de suma importancia recordar que toda actividad extractiva tiene un ciclo, por lo que “cuando se habla de un peak de trabajadores se refiere a la fase de construcción de la infraestructura. Aquí es donde se encuentra el mayor impacto potencial”. Sin embargo, comenta, “esto es solo temporal y en la operación habitual de la faena extractiva se requiere mucho menos personal y un personal generalmente más calificado, que no siempre se encuentra en las localidades. Esta es una de las razones de que una parte relevante de las y los trabajadores provengan de otras comunas”.

En relación con la ocupación del empleo utilizada en el documento de trabajo, el investigador explica que la información de servicios impuestos contempla apenas una parte de la ocupación, por lo que “la estructura de sectores presentada puede tener solo un alcance parcial y no necesariamente refleja la estructura efectiva del empleo en el lugar. Se estima en base a 10.097 trabajadores/as, sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Penco tendría más de 22.600 personas ocupadas”.

Así, señala Sáez, “se plantea una cantidad de 600 puestos de trabajo en el momento de mayor impacto de la construcción o montaje, y 320 de forma permanente (menos del 1,5% de la población ocupada), en puestos de trabajo principalmente técnicos y profesionales”. Paralelamente, acorde a “la Encuesta Nacional de Empleo (último trimestre MAM2024), en Penco hay 22.663 personas ocupadas. En su mayoría se ocupan en las ramas de Comercio (16,7%), Industria manufacturera (13,7%), Transporte (12,4%) y Administración pública (10,3%). La construcción ocupa a un 7,6% de las personas con empleo a nivel comunal (poco más de 1.700 personas)”. 

Estos datos permiten comprender que “el impacto sobre el empleo comunal es mínimo, a diferencia de lo que se plantea en el informe”.

Por último, Sáez revisó los factores mencionados en el documento que estiman el efecto multiplicador que podría tener la inversión. En este sentido, identificó que, en el fundamento metodológico del trabajo, “son factores calculados para la inversión pública, no para la inversión privada en minería”.

En concreto, el investigador plantea que “en el documento se hace referencia a un efecto multiplicador de 2. Sin embargo, como estima un reciente estudio de Cochilco sobre los encadenamientos productivos de la minería (hacia adelante y hacia atrás), el multiplicador de la actividad minera sería cercano a US$1,96. Es decir, se pasaría de una inversión de US$130 millones a US$254,8 millones”.

Ante esto sería relevante distinguir hacia qué actividades se distribuiría aquel efecto multiplicador. Según lo revisado por Sáez, “solo el 42,2% del total correspondería a obras de ingeniería civil y construcción. Es decir, el efecto multiplicador hacia el sector de obras de ingeniería civil y construcción en la comuna de Penco podría ser, en el mejor de los casos (si todas las actividades las realizaran unidades económicas y trabajadores locales), aproximado a US$52 millones. Muy alejado de los US$260 millones mencionados en el informe”.

Alternativas y caminos vinculados al trabajo

Sin duda alguna, el tema del trabajo ha sido uno de los puntos de tensión más álgidos en el conflicto que se vive en Penco ante los intereses por explotar tierras raras.

Esta situación ha empujado a que la comunidad local, como también organizaciones sociales hayan colocado especial énfasis en cómo construir propuestas alternativas que den respuesta a la legítima necesidad de ampliar el campo laboral de la población con actividades que no apunten a potenciar el negocio minero, como lo pueden ser actividades terciarias —turismo, hospedaje, comercio, investigación, protección ambiental, entre otras— e industriales de baja escala.

En el reciente informe ¿Qué se le cuestiona al proyecto minero de tierras raras en Penco?, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA, donde se sintetizan observaciones ciudadanas al proyecto de Aclara, se presenta la dimensión laboral y económica, que representa el 11% del total de observaciones ciudadanas.

Acorde al documento, "las principales dudas planteadas por quienes se encuentran a favor del proyecto se encuentran mayoritariamente relacionadas con dudas respecto a las posibilidades laborales ofrecidas por el mismo proyecto mediante charlas comunitarias pensadas hacia la comunidad como se referencia en las observaciones realizadas por dirigentes de juntas de vecinos de la población Lord Cochrane, JJVV Unión Alto Cementerio y el centro de padres y apoderados del Liceo Pencopolitano B-40".

Incluso, señala el texto: “quienes se posicionan a favor establecen diversas interrogantes respecto a la incorporación efectiva de la población pencona en las capacitaciones laborales, actividades, desarrollo turístico y/o directamente en la contratación de personal para la actividad minera”.

En este sentido, se ha planteado como desafío abierto —no solo para Penco, sino también para la población regional— cómo construir caminos alternos para levantar una vocación productiva en el Biobío actual, cruzado por intereses que han utilizado el escenario de cesantía como un impulso para recibir el respaldo de la población.

Fuente: Resumen