El veneno como estrategia de poder
Con la excusa de las buenas prácticas, Diputados y el agronegocio están elaborando una ley que prevé una distancia de 10 metros para fumigaciones terrestres y 45 para aéreas. Los mismos que obtienen los beneficios los regulan. Las poblaciones fumigadas fueron ignoradas.
Para abonar en terreno fértil un retroceso espasmódico en la lucha contra la catástrofe ambiental, la Cámara de Diputados analiza en comisión un proyecto de ley sin grietas para su avance. Se trata de regular la aplicación de agrotóxicos a diez metros de la vida (escuelas, viviendas, cursos de agua) en caso de fumigaciones terrestres y con drones y a 45 metros si son aéreas. Vecinos, organizaciones, pueblos enteros le han arrancado a una justicia de dudosa imparcialidad fallos y cautelares con zonas de exclusión mínimas de mil metros. Esas pequeñas victorias están construidas con infancia sacrificada, con cuerpos estragados por un veneno cuya amenaza no es admitida fácilmente por tanta complicidad.
El proyecto, como es previsible, fue elaborado con la información que la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) aportó a los legisladores. Las Cámaras empresariales y el agronegocio en sus distintas facetas son parte de la RedBPA, que redacta un proyecto de ley que beneficia directamente a quienes producen y comercializan los agrotóxicos (es decir, a ellos mismos), diseñan las propias normas que deberían regularlos y dejan afuera a las víctimas de aquello que provocan. Dentro de la eventual ley no hay ningún aporte (nadie los convocó) de los pueblos fumigados, de las organizaciones de docentes de escuelas fumigadas, de aquellos que son rociados en sus propias viviendas y mueren de cáncer o sobreviven con él, de la parte de la ciencia que ha demostrado palmariamente los efectos dramáticos de la sopa de venenos que se aplica anualmente en 600 millones de litros en todo el país. Porque la otra parte de la ciencia asegura que las Buenas Prácticas implican una buena manera de producir alimentos con químicos que en el primer mundo están prohibidos por su peligrosidad.
Es decir, la única buena práctica es dejar de aplicar agrotóxicos. La única buena práctica en la Cámara de Diputados es representar realmente a las mayorías. Y legislar para quienes no tienen quién los defienda.
La verdadera buena práctica debería apuntar al corazón de un sistema de producción gestionado por el agronegocio a su medida y voluntad. Un sistema que aumentó desmesuradamente el uso de agrotóxicos para sostener el monocultivo cuando las malezas se vuelven cada vez más resistentes. En un círculo perverso que se lleva puesta la vida misma.
El proyecto pone en boca de los legisladores que los plaguicidas son “indispensables para sostener la productividad agrícola”. Está demostrado en experiencias victoriosas que los plaguicidas no son indispensables ni para la productividad ni para la rentabilidad. Incluso en grandes extensiones de tierra. Y además, omite el principio precautorio. O lo dispone al revés. Por las dudas, se aplica el veneno.
Las distancias irrisorias de exclusión que propone el bosquejo que espera en comisión, además de volver atrás con las conquistas territoriales, niegan las evidencias científicas. Las derivas de plaguicidas suelen alcanzar kilómetros. Muy lejos de los diez metros o de los 45 pretendidos por el proyecto. Es decir, en esos kilómetros afectan agua, aire, suelo, animales, personas. Se ha detectado glifosato en la lluvia. En el Paraná. En el algodón, en los tampones, en las gasas. Así lo descubrió Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. En la vida de todos, aun sin respirar cerca de un campo fumigado.
Rafael C. Lajmanovich, investigador del Conicet, asegura que la base de datos PubMed reúne más de 37 millones de artículos “revisados por pares en biomedicina y ciencias ambientales; se registran centenares de publicaciones con filiaciones argentinas que abordan esta problemática”. Aunque semejante producción científica implica “una base empírica sólida sobre los riesgos ambientales y sanitarios del modelo agroquímico”, sin embargo, en su mayoría sigue siendo ignorada en el debate regulatorio. Se perpetúa así “la brecha entre conocimiento científico y toma de decisiones”.
El científico asegura que la ignorancia y el desconocimiento son construcciones políticas. Y estrategias de gobierno. El concepto crece cuando una ley es presentada “con fundamentos científicos”, pero excluye a la parte de la ciencia que no depende del poder económico del agronegocio.
Esa ignorancia construida como estrategia desde un poder que excede los sellos partidarios ha convertido a gran parte del país en una zona sacrificial en la que las víctimas han dejado de tener otro resguardo que la lucha colectiva.
Fuente: Pelota de Trapo