En defensa de nuestros territorios originarios y de la vida campesina

Los pueblos yaqui, rarámuri, yoreme, wixarika, p'urhépecha, ñuhju, me'phaa, binnizá, didza leaj, ñuu savi, angpøn, ayuuk, chinanteco, chontal, ikoots, nhomto, nahua, tutunaku, tseltal, ch'ol, chuj, tsotsil, tojolabal, lacandón, maya y comunidades campesinas ubicadas en 17 estados nos reunimos el 22, 23 y 24 de septiembre para compartir la situación en nuestras regiones y analizar los cambios en el país, después de un año del nuevo gobierno.

Denunciamos el genocidio del pueblo palestino, que Israel comete de forma sistemática y que en el momento de nuestra reunión se encuentra en una situación de destrucción extrema. Palestina es un pueblo originario, que defiende su territorio de la invasión que el Estado de Israel ejerce desde hace al menos 77 años. Exigimos un alto al genocidio en Gaza y en toda Palestina y el reconocimiento del Estado Palestino sin el cual no habrá paz.

La violencia rompe los lazos comunitarios y los vínculos con nuestros territorios

Vivimos en un estado de guerra impuesto. Esta violencia aumenta como una nueva forma de represión, contención e imposición de un sistema económico y político que busca minar nuestro derecho a ser pueblos libres, con nuestra propia historia y nuestra propia visión de futuro. En síntesis, nuestra autonomía.

Constatamos que en las regiones indígenas el crimen organizado es hoy un actor principal que cada vez detenta más poder y que se ha fortalecido en los últimos cuatro años: arrasa nuestras comunidades, nos despoja y destruye nuestros bienes naturales, intenta controlar nuestros territorios, cobra derecho de piso, levanta a los y las jóvenes para enrolarles en sus ejércitos o sus negocios, utiliza alta tecnología de vigilancia y control, desplaza a familias de sus comunidades, asesina a compañeras y compañeros, amenaza nuestra forma de vida.

El crimen organizado se va consolidando por sus relaciones con el poder político y su participación en las campañas electorales. En muchas regiones selecciona a las autoridades municipales. Tanto el gobierno como las empresas utilizan a los grupos criminales para lograr sus fines, en contra de la voluntad de los pueblos.

El reforzamiento del poder militar no ha contenido el crecimiento del crimen organizado. Los militares y marinos participan en actividades económicas antes civiles, como obras de construcción, turismo, administración de zonas arqueológicas, operación de líneas aéreas y aeropuertos, carreteras, hoteles, aduanas, puertos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico.

La Secretaría de Marina, encargada de operar el Corredor Interoceánico, ha realizado el trabajo de convencer bajo presión a las comunidades para que permitan el paso del tren y la instalación de parques industriales. Amaga a las familias zapotecas, chinantecas y mixes para que abandonen sus casas por el derecho de vía. También trabaja convenciendo y amenazando a las comunidades chiapanecas para permitir el paso de la línea K del Corredor Interoceánico.

Los megaproyectos buscan reordenar territorios, fronteras y poblaciones

Los efectos del Tren mal llamado Maya y sus polos de desarrollo en la naturaleza han provocado la disminución de la fauna endémica, han destruido cenotes y cuevas, han contaminado los ríos subterráneos, deforestado bosques tropicales, incluso selva intacta en reservas de la biosfera, como Calakmul, han dañado zonas arqueológicas no exploradas, teniendo un impacto muy fuerte en la cultura maya al trastocar la vida campesina, imposibilitar las prácticas y ritos de siembra y el cuidado de las semillas. Los mayas que son desplazados a las periferias de las ciudades son arrancados de su relación con su entorno y con otras comunidades mayas, e incluso pierden su lengua.

A pesar de que la Semarnat ha admitido el ecocidio provocado por el Tren mal llamado Maya, el gobierno pretende continuarlo y abrir la línea de carga, que amplificará sus efectos dañinos sobre la naturaleza y la cultura.

El Corredor Interoceánico crece, afectando ya a 19 pueblos indígenas de México. En este giga-proyecto se concentran múltiples actividades extractivas y energéticas: líneas férreas, oleoducto, gasoducto, 16 parques industriales, dos puertos, minas, presas, plantas fotovoltaicas y eólicas, que cambiarán la geografía y forma de vida de una de las zonas con mayor diversidad biológica y cultural. Esto incluye una serie de proyectos relacionados de todos niveles, desde desarrollos turísticos e inmobiliarios hasta invernaderos y granjas de crianza masiva.

Las comunidades de Morelos han resistido por más de una década al Proyecto Integral Morelos que incluye una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto. El 20 de febrero de 2019 asesinaron a Samir Flores Soberanes, uno de los opositores. El gobierno realizó consultas amañadas que incluyeron regiones y ciudades del estado no directamente afectadas por la termoeléctrica y estas afectaron el proyecto. Las comunidades afectadas votaron NO masivamente y tienen amparos vigentes.

En muchos municipios de Morelos hay presencia de organizaciones criminales. En días recientes Amilcingo fue sitiada por la Guardia Nacional y la policía estatal, y detuvieron a once personas.

En Chiapas la situación de extrema violencia que existía el año pasado se calmó en una paz simulada, pues los grupos del crimen organizado siguen operando y controlan la mayoría de las regiones. La estrategia de seguridad del gobierno del estado no ha funcionado. A pesar de que no hay bloqueos carreteros, persiste el terror, continúan ejecuciones en Tuxtla Gutiérrez, enfrentamientos en San Cristóbal de las Casas, en parte de la Frailesca; continúan las desapariciones y levantones y el control por la delincuencia organizada en la Zona Lacandona, el Istmo y Frontera Comalapa. En la Trinitaria hay una gran venta de parcelas, incluso en las áreas naturales protegidas y uno de los principales compradores son los grupos delincuenciales que fuerzan a las comunidades a soportarlos.

Las familias desplazadas que retornan sufren por falta de alimentos, pues perdieron sus semillas y animales. Los cárteles les despojan de sus tierras, de sus raíces y de su identidad.

Muchas comunidades se oponen a la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque que inició sin información y con una consulta indígena simulada. Las comunidades requieren vías de comunicación para sus necesidades básicas, pero el gobierno prioriza la supercarretera.

En el territorio ancestral zoque de los Chimalapas en Oaxaca —la biorregión más importante del país— continúa la invasión y depredación pese a mandatos incumplidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el país la devastación de bosques y selvas ha sido muy fuerte por la codicia de grupos de talamontes ligados a la delincuencia

Hay una gran pérdida de cobertura forestal por incendios provocados. Esos grupos pretenden controlar la vida comunitaria en la Sierra Tarahumara donde talan e incendian los bosques, provocando daños irreversibles. En Michoacán los destruyen para plantar aguacate, en Jalisco es sobre todo por la expansión de los invernaderos, en el Estado de México la tala es muy fuerte para cambiar el uso de suelo y destinarlo a desarrollos inmobiliarios.

En tanto en comunidades en las que el manejo del bosque se realiza de forma autónoma como en la sierra norte de Oaxaca, la Chinantla, la Huichola o San Pedro Atlapulco, las comunidades logran preservar sus bosques de forma sustentable.

Muchas comunidades señalan la existencia de concesiones mineras en sus territorios como en la sierra fronteriza de Chiapas, en la sierra norte de Veracruz, en la selva de los Chimalapas, en la región chontal en Oaxaca, pero en algunos lugares la organización comunitaria ha logrado detener el proceso.

En el norte de Chiapas la reactivación de la Ronda 2 de hidrocarburos y la construcción de un nuevo gasoducto afectarán el territorio zoque.

En la Bahía de Ohuira, Sinaloa, territorio del pueblo yoreme, buscan establecer una planta de amoníaco, que inició su construcción sin consulta indígena ni información a las comunidades. Para los yoreme esta bahía significa alimento, economía, medicina y espiritualidad, pues es un sitio sagrado.

En todo el país hay una guerra por el agua en contra del campesinado; el acaparamiento del agua ha ido de la mano de su privatización. El Estado quiere desviar el agua hacia las ciudades, cuando la mayoría de las concesiones las tiene la industria.

La lucha del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) inició hace 23 años en oposición a la construcción de la presa sobre el río Papagayo, en Guerrero. Las comunidades y los ejidos ganaron aunque les costó once asesinados y muchos presos. En 2021 Vicente Suástegui, integrante del Cecop, fue desaparecido. En 2025 mataron a balazos a Marco Antonio Suástegui, fundador y vocero del Cecop, en Acapulco, pero la organización se mantiene y defiende el agua del río para los pueblos, frente a los nuevos planes del gobierno de establecer pozos radiales en el río Papagayo para surtir al puerto.

El nuevo Plan Hídrico del gobierno federal pide a los campesinos que devuelvan el agua que no tienen. En distintas regiones de Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, el cambio de patrón de cultivos de los terratenientes hacia cultivos de exportación como agave, hortalizas, berries, aguacates, ha significado el acaparamiento del agua del subsuelo, el desvío de ríos y arroyos, la construcción de hoyas de agua ilegales, lo que ha dejado a los ejidos y comunidades secos y sin posibilidad de sembrar. La sequía que afecta a los cultivos de temporal se agrava porque los terratenientes y la industria utilizan cañones antigranizo y avionetas para bombardear nubes y ahuyentar la lluvia.

Para el trabajo intensivo en los invernaderos, en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y otros estados, enganchan a migrantes de distintas regiones como jornaleros: los mantienen en las instalaciones y les obligan a consumir metanfetaminas para que soporten las arduas jornadas.

El agronegocio es también una forma de lavado de dinero de la economía criminal. Rentan la tierra, destruyen los suelos, acaparan el agua, ahuyentan la lluvia, utilizan agrotóxicos en exceso, usan plástico en grandes cantidades, contaminan los ríos, la tierra, el aire y mantienen un control sobre toda la cadena de suministro.

En Campeche iniciaron la lucha contra la soya transgénica en 2012, cuando el gobierno dio un permiso de siembra para 235 mil hectáreas en seis estados. El pueblo maya no fue consultado. Entre 2012 y 2025 registraron 600 millones de abejas muertas por el uso excesivo de plaguicidas. Las comunidades impulsaron una batalla legal que ganaron a Monsanto, pero ahora siembran de forma ilegal soya y maíz transgénicos. La Península de Yucatán fue declarada en emergencia socioambiental.

A pesar de las situaciones de violencia extrema que viven nuestros pueblos, buscamos reforzar nuestras organizaciones comunitarias y nuestros vínculos con otros pueblos indígenas. Seguimos impulsando nuestras asambleas como la máxima instancia de decisión, buscamos lograr autogobiernos y formas de autonomía que garanticen la defensa del territorio.

Llevamos a cabo una férrea defensa de la vida por medio de nuestras prácticas tradicionales, como hacer milpa, conservar y recuperar nuestras semillas, mantener nuestros sistemas de cargos, impulsar nuestras fiestas y mayordomías, fortalecer a las autoridades agrarias, cuidar nuestros bosques, mantener nuestra lengua y nuestra concepción del mundo, fortalecer nuestra autonomía política, económica y cultural, conservar y proteger nuestros bienes naturales, en fin nuestro territorio.

Nos reconocemos como Red en Defensa del Territorio y nos mantendremos articulados y unidos para frenar y revertir la destrucción de nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas.

Campeche: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Chiapas: DESMI AC, Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC), Coordinación por la Defensa del Territorio Región Bachajón, Colectivo de Defensores del Territorio de Frontera Comalapa, Los Lagos de Colores, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE). Chihuahua: SINE COMUNARR. Ciudad de México: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Grupo ETC, Ojarasca, Ramón Vera, Magdalena Gómez. Estado de México: Representación Indígena de San Pedro Atlapulco. Guanajuato: CEDESA. Guerrero: Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop). Jalisco: Colectivo por la Autonomía, Ejido San Isidro, municipio de San Gabriel. Michoacán: Intérpretes y traductores en servicios públicos y comunitarios. Morelos: Asamblea de la resistencia Amilcingo, Casa Tecmilco. Oaxaca: Guardianes del Mar San Mateo del Mar, José Solano, Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoots, (Copacni), San Dionisio del Mar, Mujeres de Lachatao en Defensa de su Territorio, Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Joel Aquino Maldonado, Servicios del Pueblo Mixe, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Andrés Pérez Hernández, Ana Ambrosio, Juana Inés Ramírez, Alberto Cayetano Matus y Carlos Beas Torres, Tequio Jurídico, Maderas del Pueblo del Sureste, Congregación comunal Benito Juárez Chimalapas, Red de Promotores Ayuuk en Agricultura Sostenible (REDPAAS). Puebla: Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, Renato Romero Camacho. Sonora – Nación Yaqui. Sinaloa: Colectivo Ecológico ¡Aquí No! A la planta de Amoniaco. Veracruz: Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Radio Huayacocotla. Yucatán: Sociedad Cooperativa Chac Lol, Asamblea maya Muuch' Xíimbal.

Fuente: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)