Gremios del agronegocio buscan desviar el debate sobre el caso Lucipar y las ocupaciones de tierras
Los gremios del agronegocio —UGP, ARP, etc.— pretenden instalar en la agenda pública la idea de que las ocupaciones de tierras constituyen una amenaza al “orden” y la “seguridad jurídica”. Sin embargo, especialistas recuerdan que este discurso omite la causa estructural del conflicto: la desigual distribución de la tierra y la persistencia de propiedades de origen irregular. En el centro de la polémica se encuentra Lucipar, una estancia ubicada en San Pedro, reclamada por organizaciones campesinas y que perteneciera a un terrateniente vinculado al narcotráfico.
Para Abel Irala, director de BASE-IS, la postura de los gremios busca reducir un conflicto histórico a un relato criminalizante. “Lo que pretenden es presentar estas disputas como ataques al sector productivo, cuando en realidad se trata de revisar tierras que tienen un origen profundamente cuestionado”, señala. En el caso de Lucipar, Irala recuerda que “es una propiedad que estuvo ligada a un narcotraficante y que nunca pasó por un proceso transparente de revisión sobre cómo fue adjudicada ni cómo terminó en manos privadas”.
Los gremios empresarios afirman que cualquier cuestionamiento a grandes propiedades amenaza la inversión, pero Irala sostiene que este argumento deja fuera deliberadamente el trasfondo. “Hablan de seguridad jurídica, pero guardan silencio sobre las tierras malhabidas y sobre propiedades cuyo origen está manchado por actos ilícitos o vínculos con el crimen organizado”, afirma, recordando los hallazgos de la Comisión de Verdad y Justicia y diversas investigaciones sobre la formación del latifundio en Paraguay.
En este marco, la Coordinadora de Sin Tierras del Norte, que agrupa a campesinos de San Pedro, denuncia que la disputa por Lucipar es presentada mediáticamente como una confrontación violenta, cuando en realidad reclaman un derecho constitucional, como es la Reforma Agraria, solicitando que las tierras de origen ilegítimo sean utilizadas para este fin. Según Irala, “los sectores más vulnerables enfrentan desalojos y criminalización, mientras los grupos de poder cuentan con un Estado que históricamente ha blindado sus intereses”.
Organizaciones sociales y especialistas coinciden en que el debate debe abandonar el enfoque punitivo promovido por los gremios y centrarse en soluciones estructurales: la revisión del origen de grandes propiedades, la recuperación de tierras públicas apropiadas de manera irregular y políticas efectivas de acceso a tierra. “El conflicto en torno a Lucipar no se resolverá con más criminalización, sino con verdad, revisión legal y justicia territorial”, concluye Irala.
Fuente: BASE-IS