Kimsakocha: el despertar colectivo por el agua

Nuestra lucha por Kimsakocha no comenzó hoy. Tiene historia, tiene memoria

Treinta años atrás, en 1994, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, se entregaron las primeras concesiones mineras en el territorio de Kimsakocha. Cuando abuelas y abuelos conocieron que nuestra fuente de vida estaba en peligro, no dudaron: se organizaron y resistieron con fuerza y dignidad. Así nació el Frente de Defensores del Agua, conformado por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Junta de Agua Tarqui–Victoria del Portete, y comuneros y comuneras de Girón y San Gerardo.

Estos terrenos invadidos por la empresa minera son de nuestros abuelos, con escrituras registradas en 1891. Nuestros abuelos fueron sabios, adquirieron estas tierras porque ya sabían que llegaría la crisis del agua. Lauro Sigcha, presidente de la FOA.

En el año 2001, bajo el gobierno de Gustavo Noboa, el Estado otorgó a la empresa Lamgold—que en ese entonces tenía la concesión del proyecto— el derecho de explorar las propiedades de Río Falso y Cerro Casco. Aquella decisión marcó el inicio de una etapa dura para nuestras comunidades. Fueron abuelas, abuelos, madres y padres quienes comenzaron a vivir la conflictividad: realizaron cierres y bloqueos de vías, y enfrentaron la criminalización solo por atreverse a defender el agua y la vida.

De ese tiempo, la memoria está viva. En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio,  dieciocho lideresas y dirigentes comunitarios fueron enjuiciados por la empresa Iamgold. Y no solo eso: se abrieron nuevos procesos judiciales por el delito de “rebelión”.

Otro momento de profunda conflictividad lo vivimos entre 2007 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando proclamó con orgullo que “Ecuador será una potencia minera”. Fue en esos años cuando inicié mi acompañamiento a la lucha de quienes defendían el agua con el corazón. Fueron nuestras defensoras y defensores del agua quienes recibieron los peores ataques: los llamaron cavernícolas, tira-piedras, trasnochados, por atreverse a decir no a la minería. En este periodo, el gobierno no acató el Mandato Minero y, por el contrario, autorizó la exploración avanzada a Lamgold. Frente a eso, se alzó la voz en tres marchas nacionales, desde Tundayme hasta Quito; se cerraron caminos en defensa del agua, se hicieron huelgas de hambre y se enfrentó la criminalización, el insulto y la cárcel. Hubo 42 personas detenidas, entre ellas dirigentes como  Carlos Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán, encarcelados por defender Kimsakocha.

Ante este contexto nació también la primera consulta comunitaria, y con valentía, claridad y amor por la vida,  el 93% de la comunidad de Victoria del Portete le dijo NO a la minería. Luego, en 2019, impulsamos la  consulta popular en Girón, la primera en materia minera a nivel nacional, donde una vez más la minería fue derrotada por la voluntad del pueblo. En 2021, la ciudad de Cuenca se sumó a esta lucha y, con esperanza y firmeza, empujó la consulta popular en la que  el 80% de la población le dijo sí a la vida y sí al agua. Con estos resultados, muchas y muchos pensaron que la lucha había terminado, que por fin podríamos cuidar nuestro territorio sin amenazas, pero no fue así: fue solo el inicio de otra etapa.

“Consulta previa” sin la comunidad

En 2022, junto a la FOA y como defensores del agua, presentamos una  acción de protección que logró suspender el proyecto minero Loma Larga. La justicia exigió al Estado y a la empresa cumplir con cuatro medidas de reparación, entre ellas, la consulta previa, libre e informada. Así comenzó un proceso que, lejos de sanar heridas, generó más malestar y desconfianza en nuestras comunidades.

Desde el 2024, la minera había iniciado lo que llamó un “proceso de consulta previa, libre e informada”, pese a que en Ecuador aún no existe una ley orgánica que garantice este derecho de manera integral. Aun así, el Ministerio de Energía y Minas emitió un  manual que pretendía dar forma a un proceso sin legitimidad, con etapas de información y diálogo, pero sin contemplar un mecanismo de votación directa. Las mujeres defensoras del agua jamás bajaron la guardia. Siempre estuvieron atentas, firmes, vigilantes. Fueron ellas quienes dieron la primera alerta: trabajadores de la empresa minera Dundee Precious Metals ya se encontraban en el territorio de Kimsakocha —en Tarqui, Victoria del Portete y Estación de Cumbe—.

La primera acción fue un taller en la Unidad Educativa del Milenio, al que no fueron invitadas ni las autoridades locales ni la gente de las comunidades. Al enterarnos, muchas personas se hicieron presentes en las afueras del lugar, gritando con fuerza: ¡Fuera mineros!.

Otra señal de alerta surgió cuando la minera instaló centros de información en las comunidades. Fueron las mujeres defensoras quienes, con dignidad, se acercaron, exhortaron a la empresa a retirarse y desmontaron el material propagandístico que hablaba de beneficios económicos, sin mencionar los impactos irreversibles que traería el proyecto.

Ante estas amenazas, en enero de 2025 decidimos —quienes acompañamos este proceso, con respeto y compromiso— volver a Kimsakocha para sembrar árboles y ver con nuestros propios ojos qué estaba ocurriendo. Al pasar por el Templete de Tarqui, nos encontramos con policías y militares. Nos bajamos, movidas por la inquietud, y ahí descubrimos lo impensable: la empresa minera estaba llevando a cabo una supuesta “mesa de diálogo entre el Estado y la comunidad”. Pero las personas presentes no eran de la comunidad. No reconocíamos sus rostros. No nos quedamos calladas. Levantamos la voz y exigimos que se detuviera ese montaje, porque un diálogo sin la comunidad no es diálogo: es una farsa.

Reorganización comunitaria

Después de que se frenó la llamada “mesa de diálogo”, el silencio de la minera y la incertidumbre se instalaron en nuestro territorio. Aun así, mantuvimos viva una esperanza: que la empresa Dundee no regresaría a Kimsakocha. Pero esa esperanza se quebró. Después de meses sin información clara, llegó la noticia en el mes de mayo de este año. Los medios nacionales publicaron grandes titulares:  “La comunidad de Escaleras aprueba el proyecto minero Loma Larga”. Lo presentaron como un hecho histórico, como la primera consulta previa en materia minera del país. Y, una vez más, lo hicieron sin incluir nuestras voces.

Para nosotras y nosotros, que defendemos Kimsakocha desde hace años, esto no fue una celebración, sino una traición. La supuesta consulta se realizó sin condiciones reales de participación, sin información completa, sin mecanismos transparentes y sin el consentimiento de todos los territorios afectados.

Esto marcó el inicio de nuestra reorganización comunitaria. Empezamos a dialogar con los defensores históricos del agua, con la directiva de Escaleras y con la Junta de Agua de Tarqui–Victoria del Portete. De ese proceso nació la Asamblea por la Defensa de Kimsakocha en la comunidad de Escaleras, donde miles de defensores del agua y usuarios del agua se hicieron presentes. En este espacio, decidimos exigir al juez Carlos Cárdenas la nulidad de la consulta previa, por considerarla fraudulenta. Pero también entendimos algo esencial: esta lucha no podíamos hacerla solas ni solos. Necesitábamos unirnos con la gente de la ciudad. Fue así como resolvimos convocar a la Asamblea Provincial por el Agua en Cuenca, un espacio de encuentro y decisión colectiva.

Antes de la Asamblea Provincial, emprendimos varias acciones: realizamos plantones frente al Complejo Judicial de Cuenca, presentamos  denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y recorrimos el territorio del Azuay invitando a las comunidades y barrios a sumarse. Nuestra exigencia era clara: que no se valide una consulta previa ilegítima.

Cuando llegó el día de la Asamblea, dudamos si el Teatro Sucre de Cuenca se llenaría. Pero ocurrió lo contrario: se desbordó. Muchas personas quedaron afuera. Desde adentro y desde la calle, una sola voz se escuchó con fuerza: ¡Kimsakocha no se toca! Estudiantes, jóvenes, artistas, profesionales, campesinas y vecinos se unieron. Por un momento, sentimos que la esperanza volvía a florecer.

Sin embargo, al terminar el evento, recibimos una noticia que nos dejó atónitos: el  Ministerio del Ambiente había entregado la licencia ambiental a la minera Dundee. Una decisión arbitraria, tomada sin esperar el pronunciamiento del juez. Una vez más, actuaron a espaldas del territorio, ignorando nuestras voces, nuestras luchas y los fallos judiciales que nos respaldan. Lejos de debilitarnos, esa traición encendió aún más nuestra convicción.

En agosto, nos tocó tomar acciones más radicales. Sabíamos que no bastaba con pronunciamientos, asambleas y acciones legales. Era el momento de hacernos sentir. Volvimos a las vías, pero esta vez no fueron solo nuestros abuelos y abuelas quienes se levantaron. También estuvimos nosotros: jóvenes, campesinos y madres.  Cerramos temporalmente la Panamericana Sur para exigir al Estado la revocatoria inmediata de la licencia ambiental y la prohibición definitiva del proyecto minero en Kimsakocha.

No fue una decisión fácil, pero ya no nos dejan alternativa. Como dijo Angelita Loja, defensora histórica de Victoria del Portete:

“No nos queda de otra. El gobierno no nos escucha. Se han ganado las consultas, se ha ganado en las cortes, se ha dicho no a la minería, pero no nos hacen caso”.

Y lo reafirmó Rosalía Paguay, joven kichwa kañari y defensora del agua:

“No solamente estamos protegiendo las fuentes de agua para nosotros, sino para nuestros hijos y para sostener la lucha de nuestros abuelos y ancestros”.

La Gran Marcha por el Agua

El grito de “Kimsakocha no se toca” se ha transformado en la consigna de un pueblo que defiende su territorio, su agua y su dignidad. En Cuenca, el rechazo al proyecto minero Loma Larga se ha extendido como un río. El 11 de septiembre, a las puertas de la Gran Marcha por el Agua y la Vida, el presidente Daniel Noboa llegó a la ciudad.

La llegada del presidente no fue espontánea: es una respuesta al crecimiento de una movilización legítima y amplia que ha puesto a Cuenca de pie. Todo comenzó a inicios de agosto del presente año, cuando la ministra del Ambiente, Inés Manzano, descalificó públicamente a ETAPA — Empresa de Agua Potable— por emitir un informe técnico que concluye que la actividad minera en Kimsakocha es ambientalmente inviable.  La ministra la llamó “mentirosa” y “brazo político del alcalde”, una acusación que no solo ofendió a una institución técnica, sino que insultó la inteligencia y dignidad de toda una ciudad.

La explotación minera puede ser un mal negocio para los cuencanos porque los severos daños potenciales irreversibles al medio ambiente, los pasivos ambientales que durarán de forma perpetua y los efectos adversos en la salud pública pueden ser muy superiores al de los beneficios.  (Conclusiones del informe técnico de ETAPA)

El 6 de agosto, la ministra anunció una suspensión temporal del proyecto mientras se realizaba la difusión del Plan de Manejo Ambiental. Para nosotros, ese fue el momento de mayor claridad: el gobierno no se va a detener. Por eso, junto con la CONAIE y organizaciones sindicales y sociales, desde  Quito anunciamos la Gran Marcha por el Agua y la Vida para este martes 16 de septiembre.

Desde entonces, Cuenca despertó con fuerza. Los pronunciamientos comenzaron a llegar de todos los sectores. El personal médico del  Hospital SOLCA-Cuenca alertó sobre los riesgos de exposición a metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio, uranio y radio, que incrementan el riesgo de cáncer y enfermedades crónicas.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay se sumó, advirtiendo que  el proyecto contempla la extracción de 3.000 toneladas diarias durante más de 12 años y que el uso de relaves sulfurosos en zonas de cabecera de cuenca podría generar drenaje ácido con efectos ambientales irreversibles.

El respaldo ciudadano se multiplicó en menos de un mes. Estudiantes, colectivos artísticos, universidades, gremios y autoridades locales se han pronunciado con firmeza. Bajo la presión social, el alcalde Cristian Zamora dio dos pasos importantes: puso fin a los  convenios entre la minera y el Deportivo Cuenca, y anunció  la reversión de un predio entregado a la empresa Dundee.

En este contexto, la llegada de Noboa a Cuenca no es casual. Es una señal clara de que nuestra organización y persistencia están haciendo eco en las esferas de poder. Pero también es un recordatorio de que no debemos bajar la guardia.  Las declaraciones del presidente, quien afirmó que “no continuará con el proyecto”, no bastan.

El 16 de septiembre saldremos a las calles y vamos a inundar Cuenca con la Gran Marcha por el Agua y la Vida. No caminamos solos: caminamos con la memoria de quienes abrieron este camino, con la dignidad de las comunidades, y con la convicción de que el agua vale más que el oro. Exigimos la prohibición definitiva de la minería en Kimsakocha. No aceptamos promesas. Queremos garantías reales.

Seguiremos de pie: por el agua, por la vida, y por el futuro de nuestros hijos e hijas, que merecen heredar ríos limpios, montañas vivas y territorios libres de minería. Porque Kimsakocha no se toca, y mientras haya una sola voz que defienda el agua, no vamos a rendirnos.

-Fotos de Samanta Castro.

Fuente: Wambra