La industria que deja sin agua ni peces a comunidades del sur de la República Dominicana

«En esa laguna yo me crié, se criaron mi madre y mi padre. Necesitamos al Presidente y al Ministro de Medio Ambiente. La laguna se está secando, necesitamos agua y peces para que sigamos manteniéndonos, porque aquí no hay nada». 

Es el reclamo de un residente en la comunidad de Cabral, provincia de Barahona, en la zona sur de República Dominicana, ante la casi desaparición del agua en la Laguna del Cabral o Rincón, situación que ha puesto en peligro el equilibrio ambiental y el sostén de miles de personas y cuya principal causa es atribuida a la sobreexplotación del Consorcio Azucarero Central (CAC) al afluente que alimenta el acuífero.

La Laguna de Cabral o Rincón, el cuerpo de agua dulce más extenso en la República Dominicana con una extensión de 28 kilómetros cuadrados, es víctima de «una crisis de gobernanza hídrica», de acuerdo con un informe elaborado por un equipo técnico de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD).

La sobreexplotación industrial

De acuerdo al documento, emitido el pasado 16 de octubre, la causa determinante de la actual sequía en la laguna es la desviación de entre el 80% y el 90% del caudal del río Yaque del Sur en el dique de Santana, por el Consorcio Azucarero Central (CAC), y no por «una causa natural», como esta empresa ha asegurado. 

Los técnidos destacan que esta vasta cantidad de agua se destina para el uso exclusivo del CAC, dejando a la laguna sin su fuente vital.

El uso de las aguas del río Yaque del Sur para la industria azucarera en la región de Barahona data de hace décadas. La construcción y operación del ingenio azucarero, que hoy pertenece al Consorcio Azucarero Central (CAC), comenzó en 1917 por la empresa Barahona Company. 

La producción de azúcar a gran escala, y por lo tanto la necesidad de irrigación masiva del cultivo de caña, ha estado presente en la región desde entonces, utilizando las aguas del Yaque del Sur a través de canales y diques.

La CAC tiene un acuerdo desde 2006 con el Estado dominicano, por medio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). El análisis hecho a este acuerdo apunta a que se le otorgó al CAC un 67% del caudal total del Bloque del río Yaque del Sur que distribuye agua a las provincias de Barahona, Independencia y Bahoruco, al sur de República Dominicana.

Además, apuntan que la concesión de agua para el uso del CAC se estableció con una tarifa subsidiada, lo que reduce el costo real del recurso para la empresa. 

También se agrega la identificación de canales ilegales del Consorcio en el Yaque del Sur.

Como resultado, se estableció una distribución altamente inequitativa del agua en la cuenca, priorizando el uso agrícola privado (caña de azúcar) sobre el mantenimiento del ecosistema de la Laguna de Cabral y el sustento de las comunidades de pescadores.

Y esto se sigue aplicando a pesar de que en el año 2021 se firmó otro acuerdo en el que se estipula la obligación del INDHRI a mantener un caudal ecológico para la Laguna de Cabral.

Consecuencias devastadoras

El informe apunta que la sequía de la Laguna del Cabral, debido a la sobreexplotación del CAC, ha afectado gravemente el ecosistema y a las comunidades circundantes.

Se indica que la falta de agua ha provocado una mortandad masiva de peces y anfibios, comprometiendo la biodiversidad única del humedal, que es un refugio crucial para la vida silvestre, incluyendo especies migratorias y endémicas.

A esto se suma que más de 30.000 familias dependen directamente de la economía pesquera de la laguna, por lo que la desecación ha llevado al colapso total de esta actividad productiva, sumiendo a las comunidades en una grave crisis social.

Además del daño causado por la industria azucarera por el uso indiscriminado de agua del afluente principal de la laguna, se agregan otros factores, como la degradación de la cuenca alta debido a la deforestación y prácticas agrícolas insostenibles.

Esta crisis ha sido producto, de acuerdo al informe, del incumplimiento de leyes ambientales y de la falta de supervisión de las autoridades para hacerlas cumplir, escenario que ha sido aprovechado por una industria para afectar el medio ambiente y el sostén económico de miles de personas. 

“La solución no reside en grandes inversiones, sino en la voluntad política para restaurar el estado de derecho y reafirmar la soberanía del Estado sobre sus recursos hídricos”, afirman los técnicos en su informe. 

Fuente: Saludable Saberlo