La palma africana se “come” el sureste de México

A la sombra de las palmas de aceite (Elaeis guineensis) solo crecen los agroindustriales, los conflictos socioambientales y los megaproyectos. Desde hace 74 años, gobiernos de la derecha, el centro y la izquierda han gastado miles de millones de pesos de recursos públicos para promover el monocultivo de la palma aceitera entre el campesinado y financiar a los industriales. En ese mismo territorio se desarrollan obras de infraestructura como el Tren Maya, las terminales intermodales y el Tren Interoceánico, construidos y administrados por el Ejército y la Marina.

La apuesta es atractiva: el valor de mercado estimado del aceite de palma en México es de 2 mil 300 millones de dólares anuales. Para impulsar el proyecto, “el gobierno convenció a los pequeños y grandes productores, a los campesinos, para que sembraran palma de aceite, les pusieron los viveros y todas las condiciones”, explica Gustavo Castro, de la Red Mesoamericana Contra la Palma de Aceite. Obviamente, todo eso se hizo con dinero público.

Bermunda Bautista, una campesina de Campeche, que le ha dedicado los últimos 24 de sus 70 años de vida a la palma africana, empezó de esa manera un cultivo del que solo sabe que se obtiene aceite, pero como la mayoría de quienes la siembran y lo consumimos, desconoce que en México 92% lo usa la industria alimentaria en botanas, galletas, chocolates, lácteos —incluyendo fórmulas industriales para bebés— y casi cualquier cosa que contenga “aceite vegetal”. Que 7% se destina a agrocombustibles mientras que 1% va destinado a la industria química, en productos como jabones, champús y detergentes.

Luego les regalaron las plantas y algo de dinero para la siembra (el 50%), aunque Bermunda matiza que “¡de regalo nada!” porque la tierra la pusieron ellas, la mano de obra también, además de la inversión inicial para rentar la maquinaria y preparar la tierra.

Ante ello Gustavo Castro cuestiona: “¿crees que sin todo este apoyo gubernamental, sin todas estas políticas estatales, el cultivo de la palma de aceite sería tan rentable, si es que es rentable?”. La respuesta corta es no. Al menos para las personas que se dedican a la palma en la actualidad.

Gracias al dinero de los contribuyentes, convertido en gasto estatal, y el trabajo de la gente del campo, desde 2010 el cultivo de palma de aceite en México aumentó a un ritmo promedio de 6174 hectáreas por año (equivalente a toda la superficie de siembra de girasol del país), para en 2023 alcanzar 129 838 hectáreas, muy lejos todavía de países como Honduras o Guatemala, pero lo suficiente para colocarse como el sexto productor continental.

La también llamada palma africana se ubica en el lugar 24 de entre los 290 tipos diferentes de cultivos que hay en México, aunque en términos de valor de la cosecha se ubica en el lugar 43. Para hacer un comparativo, la papaya, con apenas 21 mil hectáreas sembradas, tiene un valor que dobla al de la palma. Incluso, el arándano, que cuenta con apenas seis mil hectáreas sembradas, generó mil millones de pesos mexicanos más.

Si bien el aceite de palma como producto industrial deja ganancias millonarias a los empresarios, para quienes producen la materia prima el beneficio podría ser mayor con otros cultivos. En México el aceite de palma producido en el país se destina al mercado interno, que además es el principal importador de aceite de palma de América Latina, al comprar del extranjero 44% más que el segundo importador (Brasil).

Como lo hizo explícito José Luis Pérez Morett, presidente de Grupo Oleomex— el conglomerado más grande de aceite de palma en México—, “somos fuertes proveedores de la principal industria alimenticia del país como Bimbo, Sabritas, Nestlé, Unilever, Procter, Colgate, entre otras muchas más, donde cada una de estas empresas integran un gran porcentaje de aceite de palma en sus productos”.

Lo anterior es una cita de 2012, hecha durante la inauguración de una de las cuatro plantas extractoras de aceite de palma propiedad de la empresa. Al evento acudieron los entonces presidente de México, Felipe Calderón —del Partido Acción Nacional— y gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo —del Partido Revolucionario Institucional—. En sus discursos, ambos alabaron las “bondades” del aceite de palma y se comprometieron a aumentar su producción.

Nueve años después, en 2021, Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco y actualmente un poderoso senador de Morena, aseguró que iba a convertir a su estado en la “capital palmera de América Latina”. Su discurso, pronunciado durante la inauguración del Centro de Investigación e Innovación para la Sustentabilidad de la Palma de Aceite (Ciispalma), contradecía al de su mejor amigo y expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien expresaba su intención de quitarle los apoyos a los palmeros y separar el poder político del poder económico.

La construcción del Ciispalma implicó un gasto de 54 millones de pesos, de los cuales casi 41.7 millones fueron recursos federales provenientes del Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El resto fue aportado por el gobierno estatal y la Federación Mexicana de Palma de Aceite, que aglutina al gremio de los empresarios palmeros y a quienes se les entregó la operación del Ciispalma.

El autor de este texto solicitó en tres ocasiones acceso al centro y una entrevista para conocer en qué consiste el trabajo y la utilidad pública del centro, pero sin éxito.

Invasión silenciosa

A pesar de las cifras y de lo mucho que se ha escrito de sus efectos negativos, la oposición contra la palma de aceite en México es apenas testimonial. “Como no es minería, ni una presa, ni es el caso emblemático de lucha de defensa por la tierra, la palma de aceite ha ido estableciendo mucho más control territorial mientras aumentan los plantíos”, explica Claudia Ramos Guillén, de la colectiva Reentramados para la Vida Defendiendo Territorio, un grupo de mujeres que trabaja en el fortalecimiento organizativo de movimientos y organizaciones de base en Chiapas, donde se encuentra 46% de los sembradíos de palma.

El crecimiento territorial al que Guillén hace referencia no es silencioso, más bien es sordo. Lo es porque ha sido anunciado y publicitado de manera abierta por empresarios, políticos, diplomáticos y organismos internacionales. Se encuentra en documentos oficiales, estadísticas, videos, informes de labores, discursos y proyectos. Ha recibido recursos millonarios del Estado mexicano y la cooperación internacional. Es respaldado por un cabildeo intenso desde diversas universidades, algunos medios de comunicación y organismos empresariales y gremiales. Sin embargo, pocas personas parecen atender las problemáticas sociales, ambientales y territoriales que conlleva.

En la Planeación Agrícola Nacional  2017 a 2030, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) identificó que en México había aproximadamente 9 millones de hectáreas potenciales para la siembra de palma.

Pero al revisar los datos, un estudio cartográfico de 2019 coordinado por Cristina de la Vega-Leinert y Daniel Sandoval basado en las mismas regiones estratégicas definidas por Sagarpa y la metodología del INIFAP, calculó una superficie total aproximada de 14.2 millones de hectáreas de palma africana. Una superficie que supera, al menos, la de 60 países del planeta.

La palma de aceite tiene su origen en África occidental y central, especialmente en países como Nigeria, Ghana, Camerún, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. Pero fue hasta el siglo XX, como parte del proceso de expansión colonial y capitalista, que su cultivo se desarolló a gran escala en Indonesia y Malasia, donde se concentra 80% de los plantíos con fines comerciales.

En México ha sido sembrada, principalmente, en la zona de la costa de Chiapas, pero la zona de mayor expansión se encuentra actualmente en un corredor que une el sur de la región de los Tuxtlas, en Veracruz, con la región de Palenque en Chiapas, y atraviesa Tabasco, hasta llegar al estado de Campeche, a 50 km de la frontera con Guatemala. Justo en esa región limítrofe inicia el cinturón palmero de Centro América, que se extiende hasta pasar el departamento de Colón, en Honduras.

Ese corredor, del lado mexicano, coincide con dos de las obras emblemáticas del expresidente López Obrador: el Tren Maya y el Tren Interoceánico. El primero conecta, entre otros puntos, Palenque con Puerto Progreso, en el estado de Yucatán, mientras que el ramal del Interoceánico parte de Palenque hasta el puerto de Coatzacoalcos, en el corazón del Golfo de México, donde además se encuentra una de las refinerías de aceite de palma del país.

En un inicio, el presidente López Obrador aseguró que el tren sería de pasajeros y detonaría la actividad económica de la zona. Sin embargo, los documentos de la megaobra dejan claro que 70% de los ingresos del tren serán derivados del transporte de carga: 33% para alimentos y perecederos, 26% para combustibles y 11% para la industria de la construcción.

Incluso durante la etapa de construcción del Tren Maya, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, reconoció que el tren “detonará polos de desarrollo en los cinco estados por los que pasará, que incluyen parques agroindustriales cárnicos, frutales, forestales, de alimentos orgánicos y de palma de aceite”.

En diciembre de 2024, durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los trenes. En su alocución, la presidenta anunció los avances y proyectos de la Secretaría de Marina para mejorar diversos puertos comerciales como el de Coatzacoalcos y el de Progreso —que en ese año aumentó 31% su carga de aceite de palma y de estearina de palma—, así como el desarrollo del Corredor Interoceánico.

“En Palenque, el Tren Maya será una terminal de carga, una terminal de carga intermodal, y el Transístmico se va a conectar a esa terminal para no tener doble infraestructura; vamos a trabajar en conjunto con Tren Maya para utilizar esa terminal, y a partir de ahí, entregamos la carga a Tren Maya y ellos se la llevan”, explicó el secretario de Marina, el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En contraste con los planteamientos estatales, Juanita, del colectivo Tsiji’bä Bij, una organización maya que se opuso a la construcción del tren y, además, trabaja con campesinos para informarles de los aspectos negativos de sembrar palma africana, advierte: “Ese tren es para el beneficio del sistema capitalista dominador, al que solo le interesa acumular más riquezas sin importar las afectaciones hacia la Madre Tierra, y fue construido a través de la compra de conciencias de nuestras autoridades ejidatarias, simulando consultas”.

Sin conflictos

Candelaria es la quinta estación del Tren Maya desde Palenque, ahí el calor es insoportable al medio día, por encima de 40 °C con mucha humedad, lo que da una sensación sofocante. Allí, entre una región selvática, marcan su presencia dos grandes ríos navegables, el Candelaria y el Caribe que desembocan en la Laguna de Términos, además de 10 ríos pequeños, lagos y humedales. Es un ambiente tropical en pleno sentido del término. Por ello, Candelaria, en el estado de Campeche, es el balneario predilecto de los turistas locales y el lugar ideal para sembrar palma de aceite, que requiere grandes cantidades de agua.

Entre 2003 y 2022 la selva de Candelaria fue deforestada a un ritmo de 10.68 hectáreas diarias, según cifras de la Comisión Nacional Forestal. Dos de las principales causas fueron políticas públicas: el monocultivo de palma de aceite y la construcción del Tren Maya.

De acuerdo con Global Forest Watch, entre 2001 y 2023, Campeche fue el estado con mayor pérdida de cobertura arbórea, a pesar de que 40% de su territorio está bajo protección como área de conservación.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera registra que en 1998 se sembraron las primeras 2893 hectáreas de palma africana en Campeche. Para 2012, las plantaciones no llegaban a 4000 hectáreas, pero en 2014 la superficie sembrada se elevó a 13 805 hectáreas. De acuerdo con el último informe de labores del gobernador Fernando Ortega (2009-2015), en ese año se destinaron al menos 150.9 millones de pesos a las diferentes etapas de la industria, desde viveros hasta plantas industrializadoras.

Cinco años después, el estado se convertiría en el segundo productor nacional de palma. Este avance acelerado se dio durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, actual senador y presidente nacional del PRI, quien designó como secretario de Desarrollo Rural al agroempresario Armando Constantino Toledo Jamit, dueño, entre otras, de la central de abastos de Campeche, la empresa Frutas Tropicales de Campeche (Frutoka) y de Grupo Toka. Esta última es una empresa palmera fundada en 2011 que, entre 2015 y 2016, aglutinó a diversas empresas de su propiedad y de familiares en primer grado para desarrollar viveros e industrializar la palma de aceite.

Así, al tiempo que Toledo Jamit dictaba la política agropecuaria de Campeche, sus empresas y las de su familia obtenían recursos gubernamentales. En 2016 el periodista Ronny Aguilar confrontó a Toledo Jamit quien respondió: “Es correcto y ¿dónde está el conflicto? Yo, por ser palmero, creo en el proyecto y por eso lo estamos impulsando”.

El argumento del funcionario era que como los recursos que recibía eran federales y no locales, no había conflicto de interés. Ese mismo año, el gobernador Alejandro Moreno anunció el Programa Estratégico del Cultivo de Palma Africana.

“Las puertas giratorias son una de las características del neoliberalismo en todo el mundo, los aparatos del Estado están capturados por el poder económico”, explica Víctor Suárez Palma, actual procurador agrario de México. Él, un abanderado de la consigna de “separar el poder económico del poder político”, advierte que “la burocracia gubernamental es una construcción de décadas de gobiernos vinculados a los poderes económicos, y el problema sigue subsistiendo dentro de las dependencias a niveles altos y medios”.

Y tan sigue existiendo que a pesar de las quejas dentro del partido Morena, la actual gobernadora del estado Layda Sansores —hija del exgobernador Carlos Sansores (1967–1973)— nombró como jefe de oficina a Toledo Jamit y en 2023 lo designó secretario de Gobierno, cargo al que renunció en enero de 2025 luego de ser exhibido en videos en los que se le veía recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario del gobierno previo.

Los grandes empresarios

En México, 50.8% de la tenencia de la tierra se considera como propiedad social, constituida por ejidos y comunidades, 42% es de propiedad privada y el resto se distribuye en terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas, entre otros.

Una cifra que viene en descenso desde que en 1992 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari modificó la Constitución para que los ejidatarios pudieran obtener el dominio pleno (propiedad privada) de sus parcelas, dejándolos a merced de los desarrolladores urbanos, agroindustriales y acaparadores de tierra.

Durante años se asumió que la propiedad de los cultivos de palma de aceite se encontraban en una proporción similar; esto es, que en su mayoría se trataba de propiedad social y al parecer en un inicio así fue. Pero un estudio de 2024 liderado por Antonio Castellanos Navarrete asegura que 63% de la tierra sembrada con palma africana ya se encuentra en manos privadas, lo que puede incluir a agricultores familiares, antiguos ganaderos, pocas familias de finqueros o pequeños hacendados, y empresas privadas nacionales y transnacionales.

Uno de los mayores jugadores dentro de esta nueva estructura es Agroforestal Uumbal, con 12 309 hectáreas, según la auditoría que les hiciera la Round Sustainable Palm Oil (RSPO), una organización gremial de autorregulación de la industria palmera señalada en múltiples ocasiones de greenwashing, pero cuyos procesos, al margen de ello, también han permitido hacer más transparente la cadena de producción del aceite de palma.

“La empresa Uumbal renta a los productores en los valles de Palenque para sostener este discurso ecológico, que luego se reditualiza en los mercados internacionales para la venta de los productos donde se usa aceite de palma con sellos sustentables”, explica la también investigadora Claudia Ramos.

Uumbal es propiedad de la familia de origen catalán Esteve Recolons, asentada en México desde hace dos generaciones. Es dueña de ECOM internacional, una empresa con sede en Suiza dedicada a la comercialización de commodities en 30 países de America, Europa, Asia y África. Sus principales productos son café, algodón y cacao, y, en menor medida, cereales y otros productos agrícolas, así como la cría de cerdos. ECOM fue fundada en 1849 en Barcelona, España, y en 2025 sigue siendo mayoritariamente una empresa familiar.

El primero de julio de 2011, la familia Esteve creó tres empresas, según consta en el registro de comercio: Grupo Agroforestal Uumbal, Agroforestal Uumbal Chiapas y Agroforestal Uumbal Veracruz, que en la práctica se dedican a la siembra, cultivo, extracción, refinación y distribución de aceite de palma.

En 2025 tanto Uumbal como ECOM son dirigidas por Jorge Esteve Recolons, uno de los empresarios que más notoriedad ha ganado en los últimos años en México. En febrero de este mismo año fue nombrado presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el órgano de acción política de los agroindustriales. Además, es vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, la organización empresarial mas poderosa del país, fundada en 1962 por Miguel Alemán Valdés, en cuya finca se sembró, en 1949, el primer plantío de palma africana de México, cuando Alemán todavía era presidente de la república.

Entre las accionistas de Uumbal se encuentra otra de las empresas de la familia: Agroindustrias Unidas de México S.A. de C.V. (Amsa), que mantiene un perfil más similar a ECOM. Amsa, además, ha estado vinculada a conflictos laborales con productores comunitarios de café en Veracruz, quienes luego de exigir un pago justo por sus granos, fueron acusados por la empresa con pruebas falsas, en un caso claro de SLAP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): acciones legales de intimidación en contra de activistas, periodistas y movimientos sociales.

A finales de enero de 2025, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras denunció que Amsa y Nestlé están castigando y bajando los precios del café a través de intermediarios, una práctica que parecen estar replicando en el cultivo de palma. En la zona de Palenque y el valle del Tulijá platiqué con varios palmicultores a quienes Uumbal no les compró lo pactado y dejó pudrir toneladas de fruta con el argumento de tener demasiada producción en sus propias plantaciones.

A la sombra de las palmas

Durante un recorrido por sembradíos de palma en Tabasco, Chiapas y Campeche, documentamos plantíos viejos, plantaciones de sobrevivencia, donde algunos sacan lo que pueden; palmas abandonadas por lo costoso que es mover la fruta, pero también productores en bonanza y, sobre todo, plantaciones nuevas, tecnificadas. Esas últimas son propiedad de los grupos agroindustriales dueños de las plantas extractoras de aceite, que se verán beneficiados por la nueva infraestructura ferroviaria para mover los derivados de la palma que producen.

Ejemplos de ello son Palmosur (antes Palma Tica), donde las vías de la línea FA del Tren Interoceánico pasan entre la planta extractora y los plantíos de la empresa. O casos en el que convergen con otras agendas extractivistas como el energético, en el que Uumbal ha puesto la mira en la generación de agrocombustibles derivados del aceite de palma, según datos oficiales de los 75 proyectos energéticos que acompañan al Tren Maya.

Este dato no es menor toda vez que el gobierno mexicano se ha propuesto “jugar un papel central” en la expansión del uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés), según dijo en junio de 2025 el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Esteva. El SAF se puede obtener de la jatrofa, de grasas de reuso (aceites vegetales y grasas animales de desecho en restaurantes e industrias) o de aceite de palma.

El beneficio empresarial puede ser mayor si consideramos que el dueño de Uumbal es uno de los principales accionistas de Aeroméxico, la aerolínea más importante del país, que en su reporte de sostenibilidad 2024 anunció que planea promover que el 20% de la meta nacional a 2030 se logre con SAF producido en México, “impulsando activamente su desarrollo en el país en colaboración con los principales involucrados”.

Otra convergencia agroindustrial se da con la explotación de bambú para construcción, un concepto en auge en la zona de Palenque y en el que, en su momento, Uumbal invirtió como parte de un proyecto social de vivienda para palmicultores.

En noviembre de 2020 el despacho arquitectónico Lucilarq, propiedad de Jorge Esteve Recolons y la arquitecta Lucila Aguilar, obtuvo un contrato por 5.9 millones de pesos para el diseño del “Proyecto Conceptual Urbano y Arquitectónico para El Barrio Ecoturístico en Palenque, Chiapas”, mismo del que en dos viajes a Palenque no se encontró rastro alguno y cuya posible existencia desconocen las áreas de comunicación social de la Secretaría de Turismo y de la Sedena .

Lucila Aguilar, quien también figura como accionista en otras empresas de ECOM  (y en cuyo despacho trabaja su hijo Jorge Esteve Aguilar) declaró a la revista Obras —especializada en construcción— que fue invitada en 2020 por el entonces encargado del proyecto del Tren Maya y director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, “a mesas de diálogo para hablar de cómo conservar la selva”. Ahí, asegura la publicación, Lucila Aguilar expuso su idea “Barrio Palenque”, el cual estaría construido completamente en bambú.

Otro empresario palmero que también ha incursionado en ese negocio es Felipe Casanova Villanueva, dueño de Bambú Maya e hijo del líder ganadero Felipe Casanova Lastra, propietario de la planta extractora Agroindustria Oléica de la Región de los Ríos, en asociación con Alejandro Aguilar Reséndez, quien fue gerente regional de agroquimicos para Monsanto y director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del estado (2008-2012) y quien desde dicha Secretaría “diseñó y puso en marcha el proyecto estatal de palma de aceite”, según su curriculum profesional.

Este grupo recibió en total 18 millones de pesos solo en 2011 de parte de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) destinados a la producción, siembra, mantenimiento y creación de infraestructura para palma de aceite.

No fue igual para todos

A 10 metros de la casa de Bermunda Bautista, a quien todo mundo conoce como Munda, termina el camino pavimentado que se corta abruptamente para dar inicio a la yerba, la cual, poco a poco va creciendo junto con el bullicio de las aves, los insectos y decenas de animales que habitan esa selva, interrumpida por los plantíos de palma de aceite, donde solo hay silencio. El único lujo de esa casa son el piso y las paredes de cemento, el techo es de lámina.

Corría el año 2001, ella y un grupo de mujeres se dedicaba a la ganaderia. En México un grupo de empresarios de derecha llegó al poder. El recién nombrado presidente Vicente Fox había sido gerente de Coca-Cola en el país. Al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), designó a Javier Usabiaga, un agroindustrial conocido como el “Rey del Ajo”, mientras que en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) nombró a Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco y empresario ganadero. Prometieron desarrollo para el campo.

Los “técnicos” de la Sagarpa recorrieron las zonas que el gobierno clasificó como viables para el crecimiento de la palma africana, convenciendo a los agricultores de sembrarla a ciegas; les regalaron las plantas y les dieron cinco pesos por cada una para sembrarlas. Les prometieron que en tres años estarían cosechando y la producción les sería comprada. Tardaron cinco años en instalar las plántas extractoras, recuerda Munda. Como a ella, en el año 2001 convencieron a 19 674 productores para detonar el proyecto palmero.

“Yo documenté que cuando bajaron los precios de la palma hubo hambre en la región del Tulijá. No lo dicen mucho, pero la gente pasó hambre”, explica León Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y uno de los principales investigadores de las afectaciones socioambientales de este monocultivo. “Esa fue la época en que el kilo de la fruta de la palma bajó de 90 centavos a 60 centavos”, recuerda Munda.

“Ahora hay un cambio sectorial muy profundo, estamos pasando a un sector empresarial de gran escala”, explica Anne Cristina de la Vega-Leinert, geógrafa fundadora del Observatorio Agroindustrial para México. Dicha transición se está desarrollando principalmente en Tabasco y en Campeche “en lo que se puede llamar un corredor palmero que va de Veracruz hasta hasta la península de Yucatán”, un crecimiento del que han venido advirtiendo ella y el equipo del Observatorio desde al menos 2019.

Como todo lo que ha sucedido con la palma de aceite, ese cambio de productores a pequeña escala a grandes agroempresarios parece planificada, pues se han eliminado los apoyos al campesinado social, dejándoles en desventaja frente a los grandes agroindustriales.

En 2022 el propio Toledo Jamit se quejaba que la palma no había sido tan buen negocio para él, como lo fue para otros grupos político-empresariales: “Las reglas de operación tenían candados, los cuales permitían a la inversión privada hacerse de mayores recursos que los sectores sociales”.

“Esta historia se repite en otros países. Ya había pasado en el sureste asiático, en donde tienes a pequeños productores que inician el cultivo y después viene el acaparamiento de tierras o el acaparamiento de recursos”, explica Iliusi Vega, física con especialidad en matemáticas aplicadas a la biología y quien forma parte del Observatorio Agroindustrial para México.

La ruta parece estar trazada y si bien la existencia del Tren Maya no atiende exclusivamente al desarrollo de la palma de aceite, que además disputa el territorio con otros proyectos agroindustriales y extractivos, como la soya transgénica, la minería y diversos proyectos energéticos, sí la incentiva y favorece.

Además, el cambio en la propiedad de la tierra de social a privada parece estar acelerando el crecimiento de este cultivo y con ello incubando futuros conflictos socioambientales.

Fuente: Fábrica de Periodismo