Los retos de la reforma agraria en Colombia

En la actualidad, en la región del Magdalena Medio, miles de campesinos sin tierra presionan al Gobierno de Gustavo Petro para que agilice la entrega y titulación de las tierras que les sirven de sustento en un pulso desigual contra terratenientes, empresas de palma, paramilitares y el Estado colombiano. En Latinoamérica, los conflictos sociales asociados a la tenencia de la tierra son una cuestión todavía pendiente de resolver generando una alta desigualdad y concentración de la tierra en el continente y, en Colombia, los distintos intentos de reforma agraria no han sido suficientes para solucionar esta problemática. Al contrario, el despojo de tierras es uno de los factores que está detrás de la perpetuación del conflicto interno colombiano.

El Presidente Petro declaró el pasado 7 de agosto, durante el acto de conmemoración del 204 Aniversario de la Batalla de Boyacá y Día del Ejército Nacional, en el que ofreció un balance y gestión del primer año del gobierno, que “la justicia social pasa por solucionar el problema de la tierra en Colombia, por eso estamos avanzado con una Reforma Rural Integral que le dé tierra productiva al campesino, que le permita cultivar esos alimentos que deben llegar a la mesa de cada familia colombiana y, por qué no, del mundo”. Y añadió que, en su primer año de mandato, se titularon “240.000 hectáreas, es decir, reconocido títulos de propiedad y logramos que 800.000 hectáreas, cuyo proceso de titulación estaba guardado en archivos de las instituciones del Estado, se vuelvan realidad para indígenas, para afrocolombianos, para el campesinado de Colombia”.

La voluntad declarada del Presidente es la de dar cumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las FARC y el Estado Colombiano, referente a la Reforma Rural Integral que prevé la entrega de 3.000.000 de hectáreas al campesinado. Aunque parece muy lejos de lograr este objetivo, para ello ha alcanzado un polémico acuerdo con FEDEGAN, patronal ganadera, que ha sido criticado porque precisamente este gremio se encuentra señalado por ser responsable parcial del previo despojo de aproximadamente 8 millones de hectáreas y desplazó a más de 6 millones de personas durante el conflicto armado, en lo que se calificó como una contrarreforma agraria.

En este escenario, los procesos de recuperación de tierras -que es como se conocen los procesos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas desarrollados con el objetivo de volver a las tierras que les fueron arrebatadas de manera legal e ilegal por los terratenientes, empresarios y transnacionales en complicidad con los diferentes gobiernos de turno- provocaron una reacción contraria del actual Gobierno recién iniciado su mandato. En el mes de agosto de 2022, la Vicepresidenta Francia Márquez, declaró: “No aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. Estas declaraciones fueron seguidas de intentos de desalojo por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de las comunidades en procesos de recuperación de tierras en Tamalameque que ya tenían varios años de antigüedad que fueron rechazados por los integrantes de las mismas, tal y como recuerda Jose Regalado, vocero de la Comisión por la vida digna, la tierra y el territorio y que nos acompaña en el recorrido por Tamalameque y Bosconia.

Los campesinos de las comunidades que viven en la ciénaga de Zapatosa, en veredas de Chimichagua, Tamalameque y El Banco, viven atrapados entre la pobreza, la amenaza de ser desahuciados y la no menos real de los grupos armados que hostigan y llegan a asesinar a los reclamantes de tierras. En esta situación, la necesidad de incrementar la presión ante las autoridades para que la reforma rural sea una realidad se incrementa. Entre los campesinos se encuentran hombres y mujeres que nunca han tenido acceso a la tierra, tampoco sus antepasados, también abundan los desplazados por la violencia del conflicto interno procedentes de otras regiones. Muchos tienen que rebuscarse la vida a diario en variadas ocupaciones, como mototaxistas o como jornaleros explotados, ante la ausencia de terrenos en los que desarrollar su actividad agrícola o ganadera. Su única ambición es resultar adjudicatarios de los terrenos para tener una mínima garantía de seguridad y estabilidad hacia el futuro y dónde puedan plantar los cultivos de pancoger (maíz, ahuyama, yuca y arroz) que les garanticen la seguridad alimentaria en las fértiles sabanas, ciénagas y afluentes.

En las orillas del río Magdalena, campesinos y pescadores aprovechan las subidas y bajadas del río en las diferentes estaciones para cultivar y pescar “lo que la naturaleza nos de”, para luego vendérselo al intermediario o “acaparador”. Esa pobreza de los habitantes de la zona es la que les impide tecnificar mínimamente su actividad o disponer incluso de una barca con la que poder sacar al mercado la pesca y evitar que tener que vendérsela a quienes especulan con su necesidad. Estos pescadores con sus trasmallos tejidos a mano con agujas de madera recuerdan a aquellos a los que canta la celebre artista colombiana Totó la Momposina, cuyos antepasados provienen de la isla Mompox (de ahí ‘la Momposina’) de este río: el pescador “habla con la playa. No tiene fortuna. Solo su atarraya”.

A pesar de las dificultades, los pobladores sostienen con determinación que “con la bendición de Dios vamos a conseguir un pedacito de tierra donde sobrevivir”. Entre los campesinos abundan, además, personas de avanzada edad quienes a la falta de tierra añaden que nunca han cotizado para pensionarse y para los cuales recibir un título de tierras se convierte en la única y mínima garantía para sobrevivir ante un futuro incierto.

La situación actual de la región no es ajena al hecho de que esta fue una de las más afectadas por el conflicto interno colombiano. En el informe “Hay futuro si hay verdad: Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición" lo recuerda al señalar que “es un territorio que tiene inscrita la guerra en la designación de su nombre. Fue bautizado así en el marco de una estrategia de regionalización militar que en 1958 definió cinco escenarios de guerra en el país, siendo el Magdalena Medio uno de ellos”

En esta zona el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitarismo alcanzó altas cotas de intensidad. Precisamente, una de estas guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tiene su nacimiento en esta región. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en su informe sobre esta región recuerda que “la presencia y despliegue insurgente fue enfrentado por grupos privados de seguridad, “autodefensas”, que actuaron con el apoyo y colaboración de la fuerza pública. Grupos privados que para finales de los años setenta se multiplicaron y modernizaron con el apoyo de los narcotraficantes del Cartel de Medellín, convirtiéndose en importantes aliados de la contrainsurgencia y originando un proyecto paramilitar que se instaló con terror en la región e impuso su proyecto político, vaciando territorios que fueron apropiados luego para cultivos de palma, ganadería extensiva y el desarrollo de proyectos minero-energéticos”.

A pesar del Acuerdo de Paz de 2016, alcanzado entre las FARC y el Estado colombiano, la ansiada tranquilidad no ha llegado a estos territorios. La realidad es bien diferente, los conflictos por la tierra suelen empezar con amenazas y terminar con el asesinato de los líderes de los reclamantes de tierras. Esto fue lo que ocurrió el año pasado con tres “voceros” (representantes) reconocidos de la región que hacían parte los procesos de recuperadores de tierras. El 22 febrero de 2022, fueron asesinados en San Martín (Cesar) Teófilo Acuña y Jorge Tafur . El 2 de agosto, fue asesinado José Luis Quiñones Villafañe, en Tamalameque (Cesar). Todos pertenecían a la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (CISBCSCSMS), Región de los Dos Ríos, Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos (CDP). Ni la alerta temprana, que emitió el 15 de junio de 2021 la Defensoría del Pueblo, en la que advertía del riesgo que corrían las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y miembros de las organizaciones que adelantan procesos de reclamación y reparación ante el riesgo principalmente por la presencia del grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ni la denuncia de las amenazas que sufrían fueron suficientes para que las autoridades tomaran medidas que evitaran sus muertes.

El estado de zozobra en que se mantiene la región por cuestiones de seguridad hace que algunos de los líderes y lideresas que continúan su legado de compromiso con las comunidades tengan que hacerlo desplazados a otras partes del país por la falta de garantías y la gravedad de las amenazas recibidas.

Los pasados días 29 y 30 de agosto, se celebró la Asamblea General de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes del año 2023. En esta ocasión la reunión llevó por nombre “Teófilo Acuña y Jorge Tafur”, en recuerdo de los dos líderes asesinados, teniendo por objetivos fortalecer los procesos sociales, territoriales y populares de la CISBCSCSMS en la región del Magdalena Medio y reconstituir el tejido social frente a los ataques a la vida de sus líderes que permanecen en la impunidad. El lugar elegido fue el correspondiente al proceso de Santa María, Comunidad 19 de febrero, y en el que más de 58 familias repartidas entre los municipios de Astrea y Chimichagua adelantan desde hace años un proceso de recuperación de tierras.

En la asamblea se homenajeó a Tarfur y Acuña: “ni la violencia, ni el tiempo trascurrido ha podido borrar de nuestras memorias y nuestros corazones a los compañeros Teófilo Acuña y Jorge Tarfur, su ausencia seguirá siendo el motor para continuar trabajando en defensa de la vida, el agua, el territorio y la construcción de paz”. En su recuerdo, los asistentes cantaron unidos el himno del CNA cuya letra ensalza a los campesinos: “somos la fuerza del campo,…, regamos con el sudor la tierra,…, nos mantiene el arraigo a la tierra. Y ella es nuestra identidad”. Ese arraigo e identidad hace que en Colombia, a pesar de que el despojo incluya las vidas de quienes luchan por la recuperación y la permanencia en el territorio, el campesinado no abandonará su histórica reivindicación por la tierra.

Luis Mangrané es miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.

Fuente: El Independiente