Mas de 15 años de resistencia del pueblo Xinka a la mina El Escobal

Las comunidades del territorio Xinka de los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa se reunieron este 8 de mayo frente al Palacio Nacional de la Cultura para presentar los resultados de la consulta comunitaria sobre el derecho minero en El Escobal. 

Las representaciones comunitarias ofrecieron una conferencia de prensa para indicar que después de las consultas y los estudios realizados niegan el consentimiento para la explotación minera en la región. “La entrega de los resultados es una muestra de 15 años de resistencia al modelo extractivo”, compartieron los portavoces del Parlamento Xinka. 

El fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2018, reconoció que el Estado violó el derecho del pueblo Xinka a ser consultado previamente de manera libre, informada y de buena fe sobre proyectos que impacten su territorio, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Esta resolución determinó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó licencias de exploración y explotación minera a la empresa San Rafael, filial de Tahoe Resources, ahora Pan American Silver, sin haber realizado una consulta adecuada al pueblo Xinka, negando incluso su existencia en los municipios afectados.

Durante la conferencia frente al Palacio Nacional, voceros y autoridades indígenas recordaron que, a pesar de los ataques, encarcelamientos, asesinatos y criminalización de dirigentes comunitarios, el pueblo Xinka ha mantenido firme su derecho a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado, tal como lo establece la sentencia de la CC del 3 de septiembre de 2018 (expediente 4785-2017). 

La resolución confirmó la suspensión de operaciones del proyecto minero y ordenó al Estado de Guatemala consultar a las comunidades indígenas antes de cualquier actividad extractiva en su territorio.

El comunicado compartido por las autoridades Xinka detalla cómo el MEM, en conjunto con la empresa Pan American Silver, intentó evadir este fallo mediante procesos administrativos irregulares, negando la existencia de las comunidades afectadas para justificar la ausencia de consulta. A pesar de esta sentencia, el MEM continuó favoreciendo a la compañía minera y excluyendo a las autoridades Xinka de las discusiones, retrasando el inicio del proceso hasta 2020, año en el que, después de varias gestiones y luchas, se reconoció a las 59 autoridades del pueblo Xinka como actores legítimos en el proceso de consulta.

Mensajes de las autoridades Xinka

Marisol Guerra, autoridad y vocera del pueblo Xinka, dio inicio al acto con un mensaje de bienvenida: “Estimadas y estimados que hoy nos acompañan y se dan cita a esta convocatoria de las autoridades del pueblo Xinka. Les damos la más cordial bienvenida”. 

En su intervención, Guerra recordó los momentos más difíciles de la lucha de la población. “Ante nuestra exigencia de que se respetaran nuestros derechos y nuestras afirmaciones sobre las falencias y debilidades de los estudios de impacto ambiental de la mina, el Estado respondió con represión y criminalización. A lo largo de estos años, hemos tenido más de 200 personas criminalizadas, de las cuales más de 60 fueron encarceladas y más de 20 resultaron heridas”, afirmó. 

Guerra también mencionó que, en 2019, la misma compañía minera reconoció que su jefe de seguridad disparó y ordenó disparar contra un grupo de personas que se encontraba protestando frente a la mina exigiendo el respeto al derecho a la consulta.

“En 2013, también secuestraron al presidente del Parlamento Xinka de ese período. Nos impusieron un estado de sitio y nos tildaron de terroristas, culpándonos de todo lo malo que pasaba en la región. Pero en 2017, ante la suspensión del proyecto minero por falta de consulta reconocieron nuestra existencia”, agregó Guerra.

Finalmente, mencionó los daños que han sufrido las familias Xinka como consecuencia de la actividad minera. “Cientos de familias han resultado con daños en sus casas por las vibraciones de las explosiones en la mina, y el Estado nunca nos dio una respuesta. Esta es la realidad que enfrentamos”, dijo. 

Por otra parte, Ashly Urías, de la comisión de la juventud del Parlamento Xinka, mencionó: “Los pueblos indígenas no somos asociaciones ilícitas ni delincuentes. Las protestas y manifestaciones pacíficas son una práctica ancestral y constituyen una herramienta fundamental de resistencia y reivindicación de nuestros derechos. Por tal motivo, rechazamos de forma contundente la criminalización de nuestros hermanos mayas por cumplir con el mandato de sus autoridades y ejercer un derecho tan fundamental en un estado democrático, como lo es el derecho de manifestación”, expresó Urías.

Además, se denunció que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no cumplió con su responsabilidad de establecer criterios técnicos claros para la delimitación de las áreas de influencia del proyecto, ignorando la contaminación de cuerpos de agua y el riesgo a la salud pública por la exposición a metales pesados como el arsénico. Esta omisión ha puesto en peligro la salud de las comunidades Xinka y ha generado un clima de desconfianza hacia las autoridades estatales encargadas del proceso de consulta.

El Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (Papxigua) también ha señalado intentos de manipulación del proceso de consulta. El 19 de noviembre de 2024, el Parlamento denunció que “la compañía minera y la municipalidad de San Rafael las Flores han intentado implementar un proceso paralelo de desinformación, fuera del mecanismo de consulta establecido al pueblo Xinka sobre la operación de este proyecto en su territorio”.

Según ese comunicado, estas acciones incluyen la organización de visitas a las instalaciones de la empresa Pan American Silver, convocadas sin el consentimiento de las autoridades Xinka y sin seguir los lineamientos establecidos por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2018, que ordena al Ministerio de Energía y Minas liderar el proceso de consulta.

El Parlamento Xinka calificó estos actos como una usurpación de funciones y una violación a los principios de buena fe y transparencia que deben regir el proceso de consulta. Además, advirtió que estas estrategias buscaban fragmentar las comunidades, crear liderazgos paralelos y debilitar la cohesión social en la región, socavando el derecho a la autodeterminación del pueblo Xinka.

José David Cruz, representante de las autoridades del pueblo Xinka y mayordomo principal de la Montaña de Santa María Xalapán, también tomó la palabra para detallar las fallas en el proceso de consulta ordenado por la CC. “El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no cumplió con lo ordenado por la CC en la sentencia. Incluso en la última reunión que tuvimos, el 22 de abril recién pasado, aseguraron que únicamente se fundamentaron en el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Prácticamente siguieron haciendo lo mismo que venían haciendo antes de las elecciones”, denunció Cruz.

Cruz dijo que no se cuenta con un expediente completo sobre el proyecto minero y que gran parte de la información requerida fue proporcionada directamente por la empresa minera, debido a la falta de documentación por parte del MARN. Además, mencionó que el Ministerio de Salud no ha cumplido a cabalidad con la sentencia de la CC y que no cuenta con las pruebas suficientes para monitorear los niveles de metales pesados en el agua que consumen las comunidades.

Impactos ambientales y culturales

Durante la conferencia de prensa, las autoridades ancestrales del pueblo Xinka también hablaron sobre los impactos culturales, espirituales y ambientales que el proyecto minero ha dejado en su territorio. Mencionaron cómo estas actividades afectan la transmisión de conocimientos ancestrales, fragmentan el tejido social y alteran la relación sagrada entre las comunidades y su territorio, incluyendo montañas, bosques y fuentes de agua. Resaltaron que esta relación es fundamental para la identidad y continuidad cultural del pueblo Xinka.

En términos ambientales denunciaron la destrucción de montañas y bosques, así como la contaminación de ríos, nacimientos y pozos comunitarios por metales pesados, lo que ha provocado un aumento en enfermedades como cáncer y afecciones dérmicas. Advirtieron que estas afectaciones ponen en riesgo la salud de miles de personas que dependen de estas fuentes para el consumo de agua potable.

Celso Cazú, otro representante de las autoridades Xinka, denunció que los estudios de impacto ambiental presentan graves falencias, que obvian la presencia de altos niveles de arsénico en fuentes de agua locales. “Esto lo corroboramos con trabajos de campo, tomando nuestras muestras de agua y también evaluando animalitos como peces que, siendo de tan corta duración de vida, ya presentan residuos de ácido bromo y otros materiales en sus tejidos”, afirmó Cazú, subrayando los riesgos para la salud de las comunidades afectadas.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades Xinka respondieron a preguntas sobre sus expectativas respecto al Estado y la empresa minera, así como el respeto a los resultados de la consulta. 

En su intervención, Amilvar Urias, presidente del Parlamento Xinka, reiteró el rechazo contundente a la minería en su territorio y exigió que tanto el Estado como la empresa Pan American Silver respeten la decisión de las comunidades. 

“Hoy les decimos que no queremos mina en nuestro territorio. Que se escuche fuerte: no a la minería”, concluyeron los dirigentes Xinka, quienes también hicieron un llamado a respetar la autodeterminación del pueblo y su derecho a un ambiente sano, libre de contaminación e intimidación estatal y empresarial, agradeciendo el apoyo de los pueblos mayas y otras organizaciones presentes.

Demandas al Congreso

Luego de la conferencia, las autoridades Xinka lideraron una marcha desde el Palacio Nacional hasta el Congreso de la República. Allí entregaron sus demandas a los diputados, exigiendo que se respete su decisión de negar el consentimiento al proyecto minero. Esta movilización fue descrita como una expresión simbólica del derecho del pueblo Xinka a defender su territorio y su autodeterminación, un acto de resistencia que busca visibilizar las violaciones a sus derechos fundamentales.

Durante el recorrido se reiteraron las denuncias sobre los impactos ambientales, culturales y espirituales que la actividad minera ha causado en su territorio. Estos impactos, advirtieron, han alterado profundamente el tejido social y la relación espiritual que su pueblo mantiene con su entorno natural.

“El pueblo Xinka se asienta en más de cinco departamentos, pero en especial en Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y el nororiente del departamento de Guatemala. Somos un pueblo ancestral con más de cinco idiomas que pertenecen a la familia lingüística Xinkana y que se extiende por todo el oriente del país”, expresó uno de los dirigentes.

Frente al Congreso de la República, las autoridades del pueblo Xinka tomaron nuevamente la palabra para exigir a los diputados una legislación en favor de los derechos de los pueblos indígenas y no a favor de los intereses corporativos que buscan explotar los recursos de los territorios indígenas sin consentimiento. “El pueblo los eligió para representar nuestros derechos, no para ser cómplices de los intereses mineros”, declaró una lideresa durante la manifestación. 

Entre los mensajes más enérgicos se escucharon las consignas: “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” y “¡No a la minería, sí a la vida!”

Exigen a diputados proteger el territorio

Las autoridades Xinka hicieron un llamado directo a los diputados de los departamentos donde se asientan sus comunidades, exigiendo que legislen a favor de sus derechos y la protección de sus territorios.

“Hoy quiero dirigirme a los diputados del departamento de Santa Rosa: don Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Ricardo Lionel Martínez Alarcón y José Inés Castillo. Les pedimos que legislen en favor del pueblo. Que así como ejercen su derecho y obligación de fiscalización, también fiscalicen a las entidades rectoras que manejan las licencias mineras”, declararon las autoridades, en medio de aplausos y consignas.

El llamado se extendió también a los diputados de Jutiapa, incluyendo a Eduardo Castillo y Castillo, Kevin Luis Carlos Escobar Castillo, Marvin Andrés Cepeda y Nery Ramos, exigiendo que defiendan a las comunidades que los eligieron y no permitan que continúe la explotación de sus territorios sin consentimiento.

“Le pedimos a los diputados Jaime Octavio Augusto Lucero Vázquez, Jairo Danilo Orellana Sandoval y Emilio Salazar Cordero que trabajen en favor del pueblo de Jalapa, en favor del pueblo Xinka”, añadieron los dirigentes, subrayando la necesidad de priorizar los derechos de las comunidades sobre los intereses económicos externos.

Además de las exigencias, la representación Xinka denunció los efectos devastadores que la minería ha tenido en sus territorios. Señalaron que nunca antes se había visto tanta contaminación en las fuentes de agua, lo que ha provocado enfermedades graves en sus comunidades.

“Nunca en la historia se había visto que en Nueva Santa Rosa exista ahora una clínica para pacientes renales. Nunca habíamos visto brigadas de salud visitando las pequeñas comunidades porque hay muchos enfermos renales. ¿Por qué? Por el agua que está contaminada”, expresó una de las lideresas presentes, visiblemente conmovida.

“Nuestros abuelos y abuelas vivían más de 100 años. Hoy vemos a nuestros ancianos frustrados en sillas de ruedas, incapaces de defender su tierra, porque el agua que beben está contaminada. Esta es la realidad que enfrentamos”, agregó otro representante Xinka.

Condenan la criminalización

El pueblo Xinka también condenó la criminalización de los defensores del territorio y exigió la liberación de las autoridades comunales encarceladas por oponerse a los proyectos extractivos y por su defensa de la democracia durante el 2023. “Las protestas y manifestaciones pacíficas son una práctica ancestral de nosotros los pueblos indígenas y constituyen una herramienta fundamental de resistencia y reivindicación de nuestros derechos. Por tal motivo, rechazamos de forma contundente la criminalización de nuestros hermanos mayas por cumplir con el mandato de sus asambleas”, afirmaron, recordando que este derecho está protegido tanto por la Constitución de Guatemala como por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, señalaron que la consulta realizada por el pueblo Xinka se llevó a cabo bajo sus propias formas de organización, toma de decisiones y cosmovisión, consolidando un precedente histórico en el ejercicio de su autodeterminación.

Esta decisión representa la conclusión de un proceso atravesado por despojos, impactos ambientales y una resistencia sostenida frente a la criminalización. El proceso incluyó años de preconsulta, análisis técnico, giras de campo y deliberación interna, reafirmando su derecho a decidir sobre su territorio, protegido por el Convenio 169 de la OIT y otros marcos legales nacionales e internacionales.

La sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de 2018, que ordenó la consulta, reconoció que el Estado de Guatemala violó los derechos del pueblo Xinka al otorgar licencias a la empresa minera sin consulta previa, negando incluso su existencia en los municipios afectados. Esta omisión fue considerada una violación estructural a sus derechos colectivos, su identidad y su vínculo espiritual con el territorio, elementos fundamentales de su cultura y existencia.

Finalmente, las autoridades Xinka reafirmaron su compromiso de seguir resistiendo hasta que se respete plenamente su decisión de negar el consentimiento al proyecto minero y que se libere a todos los dirigentes indígenas que han sido criminalizados por defender su territorio. “Esta entrega de resultados es una muestra de 15 años de resistencia al modelo extractivo”, afirmaron, destacando que este proceso no solo es una victoria legal, sino también un símbolo de la continuidad de su lucha histórica por la justicia y la dignidad de su pueblo.

Fuente: Prensa Comunitaria