Más de 200 mujeres originarias protegen el mar de Chile: así conservan 20 espacios costeros con saberes ancestrales

Ingrid Echeverría Huequelef siempre ha estado ligada al mar. Su padre era pescador y su madre, recolectora de algas. De niña, navegaba desde Quellón, en la isla de Chiloé, hasta el Archipiélago de las Guaitecas, para pescar congrio (Conger conger) y merluza (Merluccius). Hoy, a sus 41 años, es dirigente de la comunidad indígena Lafken Mapu, de La Barra de Chaiguao, en Quellón, o mejor dicho, werken, que es la palabra que emplean los mapuche para referirse a su autoridad. Recorre la orilla del mar recolectando algas, como la luga negra (Sarcothalia crispata), el sargazo (Sargasum) o el luche (Pyropia columbina), y recoge mariscos como almejas (Venus antiqua), lapas (Patella vulgata), culengue (Gari solida) y una variedad de caracoles.

Ese trabajo que Ingrid Echeverría Huequelef hace en la playa de Chaiguao ha sido fundamental para que ese lugar se convierta en un Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios (ECMPO). Se trata de una categoría de protección que reconoce el uso histórico y ancestral de las comunidades sobre el borde costero, mediante la entrega en exclusividad de aquellos espacios que han utilizado.

Actualmente, hay 22 ECMPO  aprobados en todo el país y más de 100 solicitudes se encuentran en distintas etapas de tramitación.

“Estos espacios se cuidan para asegurar los recursos, tanto para quienes están hoy en los territorios como para las generaciones que vienen detrás. Esta lucha que llevamos los pueblos originarios no es solo por nosotros”, dice Yohana Coñuecar Llancapani, miembro de la comunidad indígena lafquenche Admapu Ka Lafquen, de la Isla Llanchid, en Hualaihué.

Para la solicitud de los ECMPO ha sido fundamental el aporte de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, integrada por unas 200 mujeres representantes de distintos territorios de cinco pueblos originarios, entre las que se encuentran Ingrid Echeverría y Yohana Coñuecar.

La labor de esta red ha sido recorrer las comunidades originarias costeras recaudando información sobre los oficios vinculados a los espacios costeros que, en muchos casos, han sido históricamente desempeñados por mujeres.

El objetivo es acreditar que esos oficios han sido sostenidos a lo largo del tiempo por las comunidades y que son demostraciones de su identidad, algo que la ley exige para poder solicitar un ECMPO.

En esa tarea, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar crearon un proyecto llamada  “Monitoreo Biocultural”, que permite mapear las comunidades vinculadas a los espacios costeros y visibilizar sus costumbres y vínculos ecológicos con el mar.

Mujeres que defienden el Mar: nace la red

En 2022, un grupo de mujeres vinculadas al mar fue convocado para participar en un libro que relató sus experiencias territoriales con los ECMPO. Algunas de ellas eran recolectoras de orilla, buzos, navegantes, tejedoras, mariscadoras, algueras o pescadoras artesanales que vivían en las regiones del sur austral de Chile.

La publicación reunió sus relatos y distintas miradas en torno al mar: la cultural, la religiosa, la económica y la de conservación. El libro también abordó sus experiencias con los procesos de solicitud y tramitación de estos espacios, concebidos para proteger las costumbres originarias.

Las mujeres se reunieron por primera vez en la caleta Pichicolo, una pequeña localidad de la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos. Dirigentas y comuneras originarias mapuche y kawésqar hablaron de las dificultades que enfrentan sus territorios y sobre la necesidad de transmitir a las generaciones futuras el conocimiento ancestral para la protección de las costas.

En ese diálogo inicial, reconocieron un problema común en los territorios: los recursos marinos han disminuido su abundancia y peces como el jurel (Trachurus murphyi), el róbalo (Eleginops maclovinus) o la sierra (Thyrsites atun) se están consiguiendo en muy pocas cantidades.

“Esa fue una alarma, una nostalgia y una pena, porque en nuestras historias siempre había un ‘yo marisqué tal cosa, yo pesqué tal otra’ y ya no es así”, cuenta Ingrid Echeverría.

Frente a las afectaciones transversales que identificaron, nació en 2022 la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, compuesta por unas 200 mujeres representantes de 11 territorios de cinco pueblos originarios: mapuche, kawésqar, yagán, chango y diaguita. La Red se ha mantenido cohesionada, reflexionando, discutiendo y aplicando estrategias para la defensa del borde costero.

“Las mujeres aportan con el conocimiento de la medicina, de la marisca, de los ahumados —una práctica tradicional que consiste en secar los mariscos y los pescados con humo para conservarlos—, del clima y las mareas, dice Coñuecar.

La contribución de las mujeres de la red ha sido fundamental para que las actividades tradicionales, como la recolección de orilla, la pesca artesanal, o la cestería con algas, sean reconocidas dentro de los espacios marinos costeros. Esto a su vez, ha permitido acreditar los usos consuetudinarios necesarios para solicitar distintos ECMPO o para ampliar los que ya han sido otorgados.

El Monitoreo Biocultural

Entre las estrategias desarrolladas por la red para proteger los bordes costeros, destaca el proyecto “Monitoreo Biocultural”. En 2024, comenzaron a mapear el territorio y documentar las prácticas y oficios ancestrales que realizan las mujeres originarias en sus espacios costeros. El proyecto consiste en recopilar relatos orales y plasmarlos en un mapa.

Este mapeo se elabora de dos maneras. A veces, las mujeres de las mismas comunidades asumen el rol de monitoras y, en otras ocasiones, las integrantes de la red realizan visitas a las comunidades originarias para hacer reuniones o trawunes, en lengua mapuche. En ellas, cada territorio identifica su prioridad: los oficios, los sitios de significación cultural, de biodiversidad, caladeros de pesca, lugares donde se recolectan medicinas, etcétera. Esta información permite acreditar el uso tradicional de los territorios y justificar su protección bajo la figura de un ECMPO.

La información se recolecta en conversaciones con los habitantes del territorio y luego se identifican en mapas los espacios que tengan significación cultural y espiritual. En algunos casos, la información es georeferenciada a través de Google Earth.

Antes de la implementación de la llamada Ley Lafkenche, que creó los ECMPO, fue necesario realizar una investigación sobre las prácticas ancestrales con el fin de reconocer los derechos consuetudinarios y poder proteger los espacios. Sin embargo, a través de este proyecto, la red busca ampliar ese registro inicial incorporando otras prácticas que, históricamente, han realizado específicamente las mujeres y que toda la información quede plasmada en un mapa.

Pamela Mayorga es asesora y técnico local de la Corporación Ambiental Yene Purrun We de Chaitén, ubicada dentro del territorio que abarca el ECMPO Islas Desertores y Costa de Chaitén. En su experiencia trabajando con las comunidades, explica que este registro ha permitido, por ejemplo, solicitar la ampliación del territorio costero. Además, señala que, ante eventuales amenazas que pudieran poner en riesgo la condición de espacio costero protegido, este mapeo constituye una herramienta valiosa para su defensa.

“La transmisión oral siempre ha sido buena, pero hoy en día es necesario también dejar datos. Cada territorio los transmite para hacer esta recopilación de información”, sostiene la también coordinadora de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar del territorio de Chaitén.

En la primera etapa de este proceso y siendo monitora, se comunicó y reunió con mujeres de su comunidad que ejercen oficios ancestrales ligados al mar, como recolectoras, algueras, tejedoras. Recogió información detallada sobre los lugares específicos donde desarrollan su trabajo, los materiales que utilizan, las personas con quienes lo comparten y la historia que envuelve cada oficio.

Según Mayorga, actualmente las mujeres de Chaitén están trabajando con académicos para identificar cuál es el tipo de barro que utilizan para, por ejemplo, teñir las lanas de sus tejidos. “Incluso, las mismas tejedoras pueden hacer un sello de origen si en ningún otro lado está el material que ocupan”, explica Mayorga.

El aporte de las mujeres

Coñuecar, quien también es asesora y dirigente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Territorio Walaywé, asegura que en muchos casos la administración de los ECMPO es liderada por mujeres que, con el tiempo, se han convertido en dirigentas de sus territorios. Son ellas las que han impulsado, en esos espacios protegidos, una gobernanza arraigada al conocimiento comunitario: considerando el cuidado del borde costero, sin sobreexplotar los recursos, respetando las vedas y vigilando que las actividades extractivas se realicen cumpliendo las normas.

Ricardo Álvarez, antropólogo e investigador del  Grupo Antropología de la Conservación, asegura que los ECMPO representan una  nueva forma de conservar la naturaleza. A diferencia de cualquier otra figura de conservación marina, se basan en que la manifestación de los usos consuetudinarios provee beneficios a la naturaleza.

“Siempre desde el mundo occidental consideramos que para conservar tenemos que clausurar la naturaleza, poner cercos, límites, control, considerando que la intervención humana es negativa. En cambio, los ECMPO demuestran que la manifestación de costumbres de larga data encajan muy bien con la lógica de las funciones ecosistémicas”, dice Álvarez. “Las comunidades forman parte de una relación horizontal con otras especies y elementos, y precisamente su participación a través de la manifestación de sus costumbres refuerza vínculos en la naturaleza”, agrega el también académico de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile.

Bajo esta forma de administración, que Álvarez destaca como inédita en su tipo, las comunidades originarias buscan recuperar parte de la biodiversidad del borde costero, incluyendo moluscos, crustáceos, algas y diversas especies de peces.

“Ellos han logrado recuperar una forma de relacionarse con su entorno, de mariscar y de compartir que genera muy bajo impacto en la naturaleza e incluso provee beneficios. A eso lo llamamos contribuciones recíprocas, cuando una práctica cultural refuerza funciones ecosistémicas”, explica el experto.

Para hacer ese trabajo en los territorios, Yohana Coñuecar cuenta que las mujeres dirigentes de comunidades han debido aprender sobre legislación, administración y biodiversidad local.

“Las mujeres se plantean el desafío de autoeducarse, entre el tiempo que tienen para destinar a la casa, para los hijos, para el huerto y para mariscar”, señala.

Protección de los ECMPO

Aunque la Ley Lafkenche fue promulgada en 2008, las mujeres ya venían contribuyendo desde antes a la reivindicación de sus derechos consuetudinarios y a la preparación de las solicitudes. Con la creación de la red, en 2022, articularon ese conocimiento reconociéndose como un actor clave en el cuidado y sostenimiento de los territorios costeros y marinos.

Uno de sus objetivos es incidir directamente en la discusión sobre posibles modificaciones a la Ley Lafkenche, oponiéndose a aquellos cambios que puedan debilitar la protección del mar. También, se involucran en los procesos de tramitación de los ECMPO.

Coñuecar, junto a su comunidad, solicitaron un ECMPO en 2018, pero no fue hasta 2023 que la protección fue aprobada. Un año después, en 2024, entregaron el plan de administración y manejo del área que detalla las prácticas de uso del borde costero. Hoy, el ECMPO Mañihueico-Huinay es el más grande otorgado en el sur de Chile, con 83.833 hectáreas.

Preservar la biodiversidad del océano

Las mujeres de la red se desplazan cada año por distintas zonas del borde costero en los territorios que habitan, recolectando y pescando de manera itinerante. Esta práctica busca evitar la sobreexplotación de un solo lugar, permitiendo que los ciclos naturales sigan su curso, que los mariscos se reproduzcan y las algas proliferen, cuidando el equilibrio del ecosistema marino.

Esa es la razón por la cual las solicitudes de ECMPO abarcan extensas zonas. “Nosotras trabajamos en un área y la dejamos descansar. Eso no nos hace, o al menos a nuestro entender, menos usuarios de ese lugar, sino que nos movemos. No siempre vamos a estar explotando una misma zona”, dice Echeverría.

Justamente, estas prácticas fueron reconocidas como un aporte valioso a la preservación de la biodiversidad del océano por las Naciones Unidas. En febrero de este año, en su  Informe sobre Océanos y Derechos Humanos 2025, menciona que “en respuesta a la expansión de la salmonicultura, las comunidades costeras de la Patagonia chilena han intentado proteger sus derechos mediante la Ley sobre Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, también conocida como Ley Lafkenche”.

Esa legislación, señala el informe, “reconoce la presencia ancestral y las prácticas tradicionales de las comunidades costeras indígenas, en particular del pueblo mapuche lafkenche. Concede a esas comunidades derechos de gestión y uso de las zonas marinas costeras para actividades como la pesca, las ceremonias religiosas y el ocio, reconociendo y protegiendo así sus vínculos culturales y económicos con el mar”.

En el plan de manejo se establecieron sitios específicos de veda, para garantizar el repoblamiento de los recursos naturales de la zona, principalmente cholga (Aulacomya atra) y choritos (Mytilus chilensis).

Uno de ellos es en Pichicolo, frente a la Isla de Llanchid, donde se estableció una veda para la sardina durante el invierno, entre junio y septiembre. Según Coñuecar, la veda se basa en el conocimiento tradicional de las comunidades, que reconocen la necesidad de establecer períodos adicionales de descanso.

“No somos comunidades extractivistas, no es que estemos pensando en las cuotas, que estemos pensando en cómo sacar recursos del mar de manera desmedida. Pensamos en cómo garantizar que algunos recursos costeros se mantengan para las nuevas vidas”, explica.

Fuente:  Mongabay