Más de 280 organizaciones ecuatorianas e internacionales se pronuncian contra la criminalización y la violencia contra defensores ambientales.

La carta destaca la criminalización injusta y las condenas impuestas a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza del cantón de Las Naves y otras comunidades afectadas por el proyecto Curipamba-El Domo. 13 defensores ya han recibido sentencias condenatorias injustas con penas de hasta 4 años de prisión, sin la existencia de pruebas irrefutables contundentes de los presuntos delitos. Esta última manifestación de preocupación internacional se produce días antes de la audiencia de juzgamiento de tres defensores y otra audiencia de segunda instancia de tres de los defensores sentenciados con cuatro años de prisión en febrero de este año. En total, 13 de los 29 defensores criminalizados han recibido penas de prisión de hasta cuatro años.

Esto se produce en un momento de creciente indignación internacional. Organizaciones de derechos humanos y ambientales recientemente han denunciado una oleada de represión policial y militar en contra de familias campesinas del recinto La Unión del cantón Las Naves y otros, que bloquean de manera pacífica el acceso de maquinaria pesada a las instalaciones del proyecto minero. El bloqueo de la comunidad busca impedir que el proyecto Curipamba-El Domo destruya las fuentes de agua que nacen en el cerro Piedra Negra, lo que inviabilizará la rica producción agrícola que sostiene la economía campesina de esta zona.

El bloqueo comenzó cuando los residentes expresaron su alarma por las aguas turbias que han comenzado a fluir desde la zona donde la empresa se prepara para iniciar a principios de 2026 la explotación a gran escala a cielo abierto y subterránea de cobre, oro, plata y zinc. Las comunidades del distrito de Las Naves están aún más preocupadas por la filtración de metales pesados y otras sustancias tóxicas en sus fuentes de agua, una vez que comiencen las actividades de explotación. La maquinaria pesada también está destruyendo la carretera local, construida por la comunidad hace 60 años para acceder a los mercados locales donde venden plátanos, cítricos y otras frutas tropicales.

La semana pasada, más de 300 policías fuertemente armados a policía y las fuerzas armadas irrumpieron con bombas lacrimógenas y balas de goma para dispersar a las comunidades y dejar paso a las volquetas de la empresa minera. En respuesta a esta represión, aliados internacionales y firmantes de la carta instan a las autoridades nacionales a “archivar de inmediato las investigaciones fiscales y los procesos penales contra defensores de la naturaleza”, a “desmilitarizar Las Naves” y a “cesar la presencia de fuerzas armadas en el territorio”.

La carta se hace eco de declaraciones de varias agencias de Naciones Unidas que han denunciado la violencia con la que se llevó a cabo un proceso de consulta ambiental inadecuado y represivo para avanzar un proyecto de cobre y oro en nombre de la “transición energética”. En 2023, el gobierno ecuatoriano, en contubernio con las empresas canadienses, realizó una supuesta consulta ambiental con muchas irregularidades, violencia y en contradicción con los marcos legales nacionales e internacionales que establecen normas para las consultas comunitarias. Al final, solo se consultó a un poco más de 100 personas, cuando más de 7000 personas están directamente afectadas. El proceso fue ampliamente denunciado y condenado por las comunidades afectadas.

“Las empresas mineras canadienses se jactan de tener algunos de los mejores compromisos sociales, ecológicos y de gobernanza (ESG) del mundo. Eso no es lo que vemos aquí en el territorio en Ecuador. El proyecto minero Curipamba-El Domo, respaldado íntegramente por capital canadiense, está plagado de violencia impuesta por el Estado, violaciones de los derechos humanos y persecución de defensores ambientales. La comunidad internacional debe abordar urgentemente esta situación,” Emily Conrad, Proyecto Dulcepamba

Las 283 organizaciones internacionales firmantes de la carta incluyen a la SIRGE coalition, la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa (CNCA), la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y Frontline Defenders.

“Cuando compartimos lo que estamos viviendo aquí en Las Naves, dentro de poco tiempo, 283 organizaciones a nivel mundial expresaron su grave preocupación por la violencia y criminalización que estamos sufriendo. Esto significa que no estamos solos y que el mundo reconoce las violaciones a nuestros derechos de parte del estado Ecuatoriano que, en vez de proteger al pueblo, respalda a las grandes compañías”, Napoleón Yunapanta, comunidad Selva Alegre, cantón Las Naves

Esta criminalización y violencia ocurre mientras Ecuador y Canadá buscan ratificar un tratado de libre comercio que sido denunciado tanto en Canadá como en Ecuador por comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y canadienses.

“Un TLC entre Canadá y Ecuador solo aumentará la inversión minera canadiense en el país y con ello la violencia en los territorios como la que está ocurriendo en este momento en Las Naves. Los intereses económicos no pueden estar por encima de la defensa de las y los defensores ambientales. Canadá debe priorizar su protección e implementar las directrices Voces en Riesgo para defensores ambientales,” Viviana Herrera, MiningWatch Canada

Una copia de la carta y la lista completa de firmantes está disponible en línea  aquí.

Fuente: Bilaterals