Memoria a 10 años de la lucha contra el maíz genéticamente modificado en Costa Rica

La estrategia para crear Territorios Libres de Transgénicos se ha convertido en una herramienta efectiva para la difusión de los debates ambientales con un espíritu de democracia local. Esta estrategia se fue creando en la práctica y en el transcurso de más de 15 años y ha servido para desarrollar campañas, no sólo en contra de los transgénicos, sino además a favor de los polinizadores y las abejas, en contra de las fumigaciones con agrotóxicos, contra la pesca de arrastre de camarón y en defensa de los derechos lgtbq+. Este municipalismo ecologista 2 sigue siendo una herramienta importante para toda una generación de activistas en Costa Rica. Resulta clave analizar algunos detalles de esta campaña para fortalecer esta forma de acción ecologista.

El proceso de las declaratorias de territorios libres de transgénicos se inició en el año 2005, cuando organizaciones comunitarias como el Frente Ecológico de Paraíso y La Casa del Sol en Guanacaste se articularon con la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), el Bloque Verde y la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON). Esta unión entre actores locales y organizaciones nacionales fue la clave para desarrollar distintas campañas por la defensa de la soberanía alimentaria, las semillas criollas y la agricultura campesina ante el avance del agro-negocio y los transgénicos. Esta unión dio como resultado las declaraciones pioneras de territorios libres de cultivos transgénicos, emitidas en Costa Rica por parte de las municipalidades de Paraíso de Cartago y Santa Cruz, ambos en el año 2005, y Nicoya en el año 2006 (García, 2008).

Estas primeras declaratorias fueron semilleros y laboratorios de formación para decenas de activistas que colaboraron para ir sumando otros municipios como Abangares, San Isidro de Heredia, Moravia y Talamanca. Estas siete declaratorias fueron acompañadas por múltiples movilizaciones y actividades culturales, ferias, intercambios de semillas, creación de materiales de fusión, foros de discusión y un sinfín de publicaciones en medios electrónicos e impresos locales.

Las organizaciones locales y el movimiento ecologista no estuvo solo en esta lucha, fue trascendental el apoyo de personas académicas de las universidades públicas (Alvares y Moreno 2014). Los procesos de las declaratorias de Territorios Libres de Cultivos Transgénicos y la Campaña Nacional “Pura Vida sin Transgénicos” son dos iniciativas que se han visto apoyadas e influenciadas por el Programa Kioscos Socio-Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, la tarea del entonces catedrático de la Escuela de Biología de la UCR e integrante de la RCB, Dr. Jaime García, fue clave para las declaratorias de Territorios Libres de Transgénicos. García presentó documentación con evidencias sólidas sobre el impacto negativo de los Organizamos Genéticamente Modificados ante los Consejos Municipales de los 81 cantones del país (García, 2008). Además, la RCB se dio a la tarea de generar insumos legales para respaldar cada una de las declaratorias (RCB, 2008), visitar todos y cada uno de los cantones para informar a las autoridades locales, que muchas veces tenían un total desconocimiento del tema.

El proceso en cada municipio comenzaba con la solicitud de audiencia pública por parte de alguna organización local vinculada a la FECON o a la RCB. En esta audiencia ante el Consejo Municipal se presentaban las pruebas sobre el impacto de los organismos vivos alterados o transgénicos. Sumado a esto se aportaban a las y los regidores una serie de herramientas legales concernientes al tema de la autonomía municipal en las que podían apoyar y sustentar las declaratorias. Estas se basan en el principio de autonomía municipal que gozan estos gobiernos locales y tienen origen en la normativa nacional. Para la abogada ecologista Sofía Barquero (2016): “Las declaratorias de territorios libres de transgénicos responden a la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado un concepto de “macroambiente”, donde también se incluyen aspectos de orden cultural, los cuales merecen igual protección.”

Pese a toda esta robusta justificación legal en defensa de las declaratorias de municipios libres de transgénicos, a nivel nacional el gobierno central está coludido con los intereses de estas poderosas empresas. Para dar un ejemplo, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) 3 en Costa Rica está integrada por 12 miembros, diez de los cuales votan de manera sistemática a favor de la liberación de OGMs; sólo dos oponen resistencia (la representación de las organizaciones ambientales). En la CTNBio, cuando votan a favor de la liberación de OGMs no deben sustentar su voto; pero quienes por reglamento sí deben hacerlo son los que votan en contra de la liberación de OGMs. Por esta razón, el poder central en Costa Rica tiende a ser muy complaciente con los intereses de las trasnacionales semilleras como Monsanto-Bayer, independientemente del partido que esté en el poder. En esa comisión, menos de diez personas condenan a comunidades enteras a la exposición a todo lo que conlleva la industria transgénica (agrotóxicos, explotación laboral, acaparamiento de tierras, contaminación genética, violencia, etc.)

Como bien señala Ramón Vera-Herera (2017) “lo que está ocurriendo es que los poderes impiden que la gente resuelva por medios propios lo que más le importa”. Entonces esta oportunidad de decidir desde las municipalidades sobre los temas que a la gente verdaderamente le importan (la comida por ejemplo) es una forma de desafiar el poder estatal y trasnacional.

Las declaratorias resultaron un laboratorio democrático desde lo municipal, con las organizaciones locales, vecinos y vecinas debatiendo sobre una tecnología como la modificación genética de seres vivos. Luego de informarse y debatir se tomaba una decisión a nivel local sobre el uso de esta tecnología, y nueve de cada diez municipalidades decidieron defender la agricultura campesina contra el avance de la agro industria transgénica, una discusión que está vedada para este tipo de personas. Este tema de la transgenie es, por lo general, campo exclusivo de “especialistas”, defensores a ultranza de estas tecnologías, escondiendo los impactos negativos y los pasivos sociales y ambientales que generan. Son “tecno-entusiastas” que tienen una relación directa con las empresas dueñas de las patentes de los transgénicos.

Esta serie de acciones son ejemplo de un ejercicio democrático en una escala muy local, que fue creciendo hasta convertirse en una herramienta de defensa de los derechos ambientales en materia de patrimonio cultural, agro-alimentario a nivel nacional. Para la trabajadora social Liliana Monge (2014): “Los municipios, en el ejercicio pleno de su autonomía, han tomado una decisión histórica, a partir de la cooperación entre los involucrados y la generación de consenso comunitario, que permitió puntualizar la preocupación de los movimientos sociales, las personas vinculadas a los municipios y las autoridades locales, sobre el impacto de los modelos extractivos que dependen de sustancias que potencialmente ponen en peligro la salud de las personas y los animales, así como el equilibro de los ecosistemas, de ahí la necesidad de hacer prevalecer el Principio Precautorio, en aras de garantizar el derecho a la salud y el acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por encima de los intereses económicos empresariales”.

“Queremos milpas, queremos al maíz, queremos a Monsanto fuera del país”

En noviembre de 2012, las compañías D&PL Semillas Ltda (subsidiaria de Monsanto) y Semillas del Trópico solicitaron permiso ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad para sembrar cuatro variedades de maíz transgénico en Costa Rica. Estas eran las variedades MON-88017, MON-89034, MON-603 y MON-00863-5. Estas mismas compañías se han dedicado a reproducir semillas transgénicas de algodón y soya. Los principales clientes de estas empresas son la misma Monsanto-Bayer y Calgene. Es también particularmente importante señalar que las empresas tenían deudas tributarias importantes en el país y al momento de la solicitud estas empresas no cumplían sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social. (García y Pacheco, 2014). Es decir, a estas empresas aparentemente no les interesa cumplir con las normativas nacionales, por lo que para el movimiento ecologista, no eran de fiar las supuestas garantías y protocolos de “bioseguridad” que ofrecían para evitar la contaminación genética en maíces criollos y locales.

En realidad, estudios previos sobre contaminación genética en arroz han comprobado que liberar este tipo de materiales modificados genéticamente conlleva riesgos importantes en nuestro país. Existe evidencia sobre la posibilidad de flujo génico entre el arroz genéticamente modificado y el arroz silvestre (Muñoz, 2009). Expertos han determinado que este problema podría ser replicado en el caso del maíz, ya que al ser una planta de polinización abierta, se incrementan los riesgos de que los genes de los transgénicos se mezclen con los del maíz criollo y mejorado que se cultiva en el país.

Ese mismo mes de noviembre del 2012 el movimiento ecologista inicia la campaña “Pura Vida Sin Transgénicos y el “propósito fundamental en el nivel coyuntural es que el Gobierno central y las autoridades locales impidan el ingreso de maíz transgénico al país, como una forma de protección a la salud humana y de defensa de la agricultura y el ambiente” (Monge, 2014). En el trascurso de dos años, esta campaña logró sumar el 92% de los municipios de todo el país con acuerdos municipales contra los OGM y también en defensa del maíz criollo o local, además de ganar una acción legal ante el tribunal constitucional contra el maíz transgénico de Monsanto y convencer al gobierno central de emitir un decreto reconociendo al maíz criollo como Patrimonio de Costa Rica.

Ante la amenaza de la liberación de estas cuatro variedades de maíz de transgénico de Monsanto, las organizaciones ecologistas llamaron a la movilización bajo el lema “Queremos milpas, queremos al maíz, queremos a Monsanto fuera del país” Inicialmentese llevó a cabo la Caminata en Defensa Del Maíz, que arrancó el 24 de noviembre de 2012, en Matambú, Costa Rica, en donde se reunieron activistas, campesinos y campesinas, ecologistas y científicos para iniciar el recorrido de más de 200 kilómetros hasta San José. El objetivo era llegar a la capital el 3 de diciembre, fecha en que se suponía la CTNBio tomaría una decisión sobre la liberación del maíz; pero la comisión decidió posponer la votación. Aún así, la caminata rindió frutos al impulsar las declaratorias de los cantones de Grecia y Barva como Territorios Libres, se recogieron más de 7.000 firmas en apoyo a la campaña y se entregaron más de 18 mil volantes.

El 21 de enero de 2013 la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad realizó por fin la votación; esta vez de manera virtual. El resultado fue siete votos a favor y dos en contra, emitiendo así un dictamen técnico favorable a las solicitudes de D&PL Semillas Ltda., para la introducción, reproducción y exportación de semillas maíz transgénico.

La reacción de movimiento ecologista no se hizo esperar. Como parte de la estrategia de resistencia se presentó ante la Sala IV un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 117, 118 y 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, que tienen que ver con la liberación y confidencialidad de la información sobre productos transgénicos. Entre las principales demandas se señalaron los vacíos en la participación ciudadana en materia de liberación de transgénicos, la ausencia de estudios de impacto ambiental y la falta de claridad en el procedimiento de votación dentro de la CTNBIO. Además, se argumentó la falta de consulta a Pueblos Indígenas. Esta acción legal ante el tribunal constitucional fue presentada por las organizaciones ecologistas y el entonces diputado José María Villalta (Montero, 2013).

Este recurso fue acogido por la Sala IV el 1 de febrero de 2013,lo cual suspendió la liberación del maíz transgénico de forma momentánea. Fue en ese momento que se intensificó la campaña por los Territorios Libres de Transgénicos, la cual siguió avanzando cantón por cantón y siendo parte de la discusión pública en el país. También arrancó una nueva etapa de la Campaña Pura Vida sin Transgénicos, que incentivó a la opinión pública a posicionarse sobre el tema.

La campaña Pura Vida Sin Transgénicos llegó a calar tan fuerte dentro del debate político nacional que el gobierno central emitió una declaratoria muy importante en materia agrícola y alimentaria. En julio de 2014 los ministerios de Agricultura y Ganadería y el de Cultura y Juventud declararon: “al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas (nativas y criollas) y a las tradiciones, prácticas agroculturales, usos, saberes, sabores y colores asociados a este, como Patrimonio Cultural de Costa Rica”(DE 38538-C-MAG).

En esta declaratoria se reconoce que el Estado debe conservar, promover y desarrollar este patrimonio cultural; la existencia de variedades de maíces producto del encuentro entre variedades del norte y del sur de América; y la importancia del maíz en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sumado a esto, la declaración reconoce que existe, especialmente en Guanacaste, una rica y variada gastronomía basada en la utilización del maíz, así como múltiples tradiciones, usos sociales, conocimientos y expresiones culturales asociadas al cultivo, cosecha y procesamiento de este grano, que merecen ser preservados en beneficio de las comunidades productoras y del acervo e identidad cultural del país en general.

Las declaratorias municipales siguieron avanzando. En el transcurso de aproximadamente un año se logró la adhesión a la campaña de más de 60 organizaciones; los máximos órganos de las cuatro universidades públicas se pronunciaron en contra del maíz de Monsanto; incluso el Colegio de Agrónomos recomendó no liberar estos maíces transgénicos en el país (Bloque Verde, 2012). Pero el resultado más sobresaliente de la campaña fueron las 75 declaratorias municipales como Territorios Libres de Transgénicos, lo que representa el 92% de los cantones de Costa Rica.

Todo esto influyó en la decisión de los magistrados de la Sala Constitucional y fue en setiembre de 2014 que éste falló a favor de las organizaciones ecologistas y canceló de manera definitiva los permisos otorgados por la CTNBIO. El fallo contenido en el expediente 12-017013-0007-CO es histórico. Además de anular los permisos otorgados a Monsanto para liberar sus variedades transgénicas, declara inconstitucional la confidencialidad de los expedientes en los que se tramitaba la información técnica y científica de los cultivos de organismos genéticamente modificados. Asimismo, los magistrados confirmaron el derecho a que este tipo de decisiones sean puestas a consulta pública.

Esta forma de lucha ha sido utilizada en otros temas de nuestro movimiento ecologista y también por parte de organizaciones aliadas de otros movimientos sociales. Hemos desarrollado campañas dentro de los gobiernos locales contra la pesca de arrastre de camarón, territorios libres de fumigación con glifosato, municipios libres de herbicidas, cantones amigos de las abejas, cantones libres de discriminación de personas LGTBIQ, entre otras. Este tipo de campañas han tomado fuerza y han sido herramientas de formación y difusión de temas socio-ambientales claves, por lo que consideramos que la campaña por los Territorios Libres de Transgénicos se convirtió en una forma exitosa de desarrollar campañas ecologistas en Costa Rica.

Bibliografía:

• García, J. 2008. Considerandos para las solicitudes de territorios libres de organismos genéticamente alterados (transgénicos), con énfasis en Costa Rica. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Revista Economía y Sociedad, Nos 33 y 34. Enero – Diciembre de 2008, pp 83 – 99.
• RCB. Red de Coordinación en Biodiversidad. 2008 Lineamientos jurídicos que fundamentan las decisiones municipales en defensa de la diversidad biológica y cultural contra los organismos genéticamente alterados (transgénicos). Revista Biocenosis/ Vol.21 (1-2)
• García, J. Pacheco, F. 2014. Situación de los cultivos transgénicos en Costa Rica. Revista Acta Académica, 54, pp. 29-60: 2014. Disponible en  http://revista.uaca.ac.cr/index.php/actas/article/view/94/74
• Barquero, S. 2016. Constitucionalidad y legalidad de la moratoria municipal y de las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, pp 116.
• Bloque Verde, 2012. Costa Rica: Colegio de Agrónomos se pronuncia en contra de solicitud de cultivo de maíz transgénico de Monsanto. Disponible en https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Costa_Rica_Colegio_de_Agronomos_se_pronuncia_en_contra_de_solicitud_de_cultivo_de_maiz_transgenico_de_Monsanto 
• Monge, L. 2014. Pura vida sin transgénicos: ecologismo y acción pedagógica en Costa Rica. Revista Ambientico número 242, pp. 19-24.
• Monge, L. Moreno, M. 2014. Territorios libres de transgénicos: una experiencia de descentralización del conflicto socioambiental y ejercicio de la autonomía municipal. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, volumen 25(2). Setiembre 2014
• Alvares, M. Moreno M. 2014. La incidencia de la Universidad Pública en la lucha por ambientes sanos y ecológicamente equilibrados. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Número 12, IJ-LXXI-347, IJ Editores, mayo 2014.
• Montero, G. 2013. Impacto de los movimientos sociales y lenguaje de valoración: el caso de la resistencia contra la entrada de maíz transgénico de Monsanto en Costa Rica. Tesis de Master Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente. Sevilla, España. Octubre 2013.
• Muñoz, F. 2009. Estudio de la diversidad genética y determinación de flujo de genes histórico entre el arroz cultivado O. sativa y silvestre O. glumaepatula en Costa Rica» Proyecto UCR – LAC Biosafety: Bioseguridad en el cultivo de arroz en Costa Rica. Universidad de Costa Rica.
• Vera-Herrera, R. 2017. El horizonte de la deshabilitación. Desinformémonos. Disponible en: https://desinformemonos.org/horizonte-la-deshabilitacion/

Referencias:

1 Henry Picado Cerdas es agroecólogo y apicultor, integrante de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad.

2 Parafraseando a Murray Bookchin.

3 La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad está compuesta por: un representante del Servicio Fitosanitario del Estado, dos representantes de Ministerio de Ambiente y Energía, dos representantes de la Academia Nacional de la Ciencias, un representante de la Oficina Nacional de Semillas, dos representantes del Ministerio de Salud, un representante de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, un representante de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, un representante de Servicio Nacional de Salud Animal y un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.

*Este texto es parte del libro "Conversemos de Soberanía Alimentaria, agronegocio y agricultura campesina".  Pueden descargarlo acá.

Fuente: La Agroecóloga