«Mendoza es ahora», esta semana podría ser aprobada la megaminería en Uspallata
Mendoza se encuentra en una semana decisiva. La megaminería podría entrar en Uspallata. El martes 25 de noviembre será tratado en comisiones el dictamen de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, y el miércoles 26, con el oficialismo empujando con fuerza, podría ir al recinto para su votación. Quince años atrás, esa misma iniciativa había sido frenada por 44 votos negativos. En diciembre del 2019 una rebelión popular en la provincia había volteado el intento del gobierno para derribar la Ley 7722. Ahora, bajo la avanzada mileista, la propuesta de extraer cobre y oro en el valle de Uspallata podría ser un hecho. Este miércoles vecinos y asambleas convocan frente a la Legislatura «en defensa del agua».
Es una semana clave y puede marcar un punto de inflexión para el ingreso del extractivismo y sus consecuencias en la provincia. Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el gobierno de Cornejo impulsa con fuerza cuatro proyectos mineros clave: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino), la del Distrito Minero Occidental II en Malargüe, junto con una ley de Regalías Mineras y un Fondo de Compensación Ambiental.
La señal oficial es clara: quieren que los despachos lleguen al recinto “lo más pronto posible”. Cornejo asegura que Mendoza está ante un nuevo motor para diversificar su economía y que la minería puede ser ese motor estratégico, mientras promete que habrá buenos controles y que parte de las regalías irán a patrullas ambientales, monitoreo y restauración. Cornejo, que fue el primer gobernador en reunirse con el embajador norteamericano Lamelas, no duda en enfrentarse al rechazo social contra la megaminería y acelera los tiempos para que los proyectos den el primer paso en la cámara baja.
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) han venido denunciando las maniobras una vez más, convocan movilizaciones frente a la Legislatura, denuncian que el proyecto “no tiene sustento administrativo ni legal” y que la licencia social que invoca el oficialismo es un espejismo. En su comunicado exigen, entre otras cosas, el archivo definitivo del expediente de impacto ambiental de San Jorge y piden que se avance con la sanción de un Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
El martes pasado, vecinos y asambleístas se concentraron en la Legislatura bajo la consigna “Todos somos Uspallata”. Allí levantaron pancartas que recuerdan que el proyecto no pasó por audiencias realmente independientes, denunciaron opacidad en los informes y pidieron que no se ignore la historia, San Jorge ya fue rechazado antes, en 2011. Los pueblos originarios también expresaron su rechazo y que no hay licencia social para estos proyectos. Federico Soria, integrante de la Asamblea de Uspallata, uno de los criminalizados por el gobierno de Cornejo por oponerse a la instalación de San Jorge, informó que se trataron en la sesión de la semana pasada dos proyectos: «uno para otorgarle al gobernador la potestad de bajar las ya de por sí magras regalías mineras y otro para formar un fondo con dinero público para que las arcas del estado solventen los desastres que provoquen las mineras». Agregó que no se les permitió ingresar al plenario a los integrantes de las asambleas para expresar sus posiciones. Allí manifestó que «El proyecto de Ley Uspallata Polvaredas que hemos creado hace 16 años sigue cajoneado. Es una demostración de que el lobby controla la Legislatura de Mendoza. Se están aprobando estos proyectos en cuestión de días a puertas cerradas. Seguimos en estado de alerta y movilización».
En medio de todo esto reaparece otro fantasma: Milei promete derogar la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Hay presiones promineras para modificarla y es uno de los puntos acordados como moneda de cambio para que el gobierno de Estados Unidos sostenga con dólares al gobierno nacional. El secretario de Minería de la Nación presiona para “reemplazarla por una más moderna, que no tenga el tinte antiminero” y así poder explotar zonas hoy protegidas. El IANIGLA (organismo técnico de glaciología) ya alertó que no fue consultado formalmente para esos cambios y recordó que muchos cuerpos de hielo quedarían fuera de protección bajo la reforma propuesta.
Fuente: ANRed