México: el carnaval de la bioseguridad, por Alejandro Nadal

El reloj corre al revés, la hipocresía es honestidad, arriba es abajo, y blanco es negro. La puñalada es cariño y el retroceso es avance.

Así está el proyecto de Ley de Bioseguridad que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados están a punto de presentar al pleno para su votación. Se anticipa una alianza PRI, PAN y PVEM para que este documento se convierta en ley. En su texto, todo es al revés, como un carnaval.

La ley arranca diciendo que es de orden público y de interés social. Pero en su cuerpo, el orden público está ausente. El marco regulatorio está orientado al fomento del uso de la biotecnología, en lugar de la salvaguarda de la seguridad de las personas y la preservación del medio ambiente. Eso contraviene la definición misma de interés público, que está por encima de cosas como la garantía de la rentabilidad de la inversión privada. Claro que por los tiempos que corren, la noción misma de interés público se ha ido perdiendo y, para el cretino, todo es interés privado.

La ley no contiene recursos jurídicos para que cualquier persona pueda desafiar en una corte a las empresas que causen daños al medio ambiente al liberar organismos genéticamente modificados (OGMs). Por añadidura, la carga de la prueba sobre riesgos no es para los introductores de transgénicos, sino para quien desee desafiarlos. Además, la responsabilidad civil puede arreglarse con convenios, olvidando los legisladores que los acuerdos privados no derogan los preceptos de orden público, como estableció Ulpiano hace 2 mil años. En esta ley, lo privado está por encima de todo.

Para ir al compás del carnaval, el dictamen preparado por los diputados proclama que esta ley permitirá cumplir con los compromisos derivados del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, el tratado más importante en esta materia. Pero si algo hace este proyecto de ley es desfigurar la presencia de este instrumento en el espacio jurídico mexicano.

El principio de precaución, central en el Protocolo de Cartagena, es traicionado en el texto del proyecto. El proyecto sólo lo menciona para acotarlo y debilitarlo en el artículo 9 fracción cuarta. Ese principio establece que en caso de presunción de riesgos o efectos no deseados por el uso de OGMs, la insuficiencia de pruebas científicas no será obstáculo para tomar las medidas necesarias para prevenir daños a la salud o al medio ambiente. Pero la ley no regula los casos en los que se puede aplicar dicho principio y por esa razón, lo anula.

Además, nuestros valientes legisladores, siempre atentos a lo que puede generar costos a las empresas trasnacionales, señalan que el Estado mexicano aplicará el enfoque de precaución ''conforme a sus capacidades'' y ''en función de los costos''. Como ya hemos visto, las capacidades del Estado mexicano son pocas. Y la ley abre la vía para evadir cualquier medida que se derive del principio de precaución, si los costos se juzgan demasiado altos.

La ley tiene muchos defectos que por sí solos la invalidan como un instrumento al servicio de la bioseguridad (etiquetado, regulación por normas oficiales, ''promoción de la biotecnología'', etc.). Uno de los puntos más negativos es la posibilidad de liberar OGM's en las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, cuando estos organismos han sido diseñados para combatir plagas en esas áreas. Los legisladores ignoran que precisamente la pérdida de biodiversidad es una de las causas centrales de la proliferación de plagas en muchas zonas en México. Un ejemplo es el daño que ha sufrido el uso de la milpa tradicional en la zona de amortiguamiento en la reserva de la biosfera de la Sierra de Santa Marta. El gusano falso medidor (Trichlopusia ni) era controlado con cempasúchil (Tagetes erecta) como barrera de contención. Otro ejemplo es la presencia tolerada del Cunde amor (Momordica charantia L.) en la Chontalpa que alejaba al gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) del maíz. Pero el uso de herbicidas acabó con estos controles naturales y, al deteriorarse la milpa, se perdió este sistema de control de plagas. Los agroquímicos de las mismas empresas que ahora promueven los cultivos transgénicos provocaron la pérdida de biodiversidad asociada al control de plagas en el poli-cultivo milpero. ¡Qué bueno que ahora sí nos van a rescatar!

A más de tres años de conocerse la contaminación de maíces mexicanos, el gobierno no ha hecho nada y ahora amenazan los diputados del PRI y PAN dar el tiro de gracia. En su carnaval, bioseguridad es riesgo. Gracias señores diputados de la comisión de medio ambiente por trabajar duro; sus verdaderos dueños les estarán agradecidos.

Fuente: La Jornada, México