Movimiento campesino anuncia movilizaciones en Guatemala el lunes

El movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció hoy movilizaciones el próximo lunes en los 22 departamentos de Guatemala en repudio al sistema de justicia, que calificó de criminal.
En conferencia de prensa, la organización reiteró su denuncia de la cooptación y el secuestro del Estado, “cómplice de que se sigan atropellando a de los defensores de derechos colectivos y de la Madre Tierra”.
Elizabeth Florián, a nombre del grupo, expresó solidaridad con los exlíderes de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, detenidos –consideró- ilegalmente, en relación con las protestas en defensa de las elecciones de 2023.
Aseguró que no están solos, “porque todos los movimientos sociales somos uno, amamos, añoramos y hemos venido trabajando, como Codeca desde hace 32 años, por una Guatemala diferente”.
Su organización recordó -no solo es un Comité de Desarrollo nacido en 1992 con 17 campesinos hartos de la explotación de los ingenios y de las fincas de café, sino que está a nivel nacional.
Mediante un comunicado, Codeca enfatizó que las riquezas se siguen acumulando por medio del saqueo y el crimen en las manos de las mafias empresariales aglutinadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

También -añadió- de unas políticas, de partidos corruptos, en manos de militares responsables del genocidio de los años 80 del pasado siglo y de la represión actual y también de entidades transnacionales y del crimen organizado.
Señaló al gobierno de cómplice del actuar del Ministerio Público, y al titular de Gobernación de ejecutar las detenciones ilegales, las cuales empobrecen más a la mayoría de la población.
En el texto mencionó que las condiciones de vida de los pueblos empeoraron y criticó la aprobación de la Ley de infraestructura vial que abre la puerta a la privatización de las carreteras, así como la intención de renovar la concesión a la empresa petrolera Perenco.
Reprobó el aumento exagerado al salario de los diputados, ello frente a los sueldos de hambre de la mayoría, la negociación de una Ley de aguas a espaldas de las comunidades.
Exigió a la administración del país que cumpla la promesa de sacar a todos los corruptos de las instituciones del Estado, que asuma su responsabilidad de reparar las carreteras del país y que no las privatice.
Demandó a los legisladores que deroguen el acuerdo de incremento salarial adoptado en noviembre del año pasado y repudió además toda intención de privatización del agua. Pidió la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras Argueta y de todos los fiscales y jueces corruptos que dejaron en libertad a criminales y asesinos y persiguen a quienes defienden los derechos humanos y a la Madre Tierra.
Fuente: Prensa Latina