OIT termina visita en Guatemala en medio de persecución a sindicatos de la agroindustria

Del 19 al 22 de agosto de 2025, Guatemala recibió la visita de una misión tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acompañada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI). La delegación internacional llegó en el marco del seguimiento a la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva, adoptada hace varios años en el país. Esta visita se originó a partir de una invitación realizada por el Estado de Guatemala durante el Consejo de Administración de la OIT en marzo pasado y responde también a denuncias presentadas por el sector sindical en torno al incumplimiento de convenios internacionales.

La misión arribó en un contexto marcado por el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación por la negociación de un nuevo pacto colectivo. El caso, liderado por Joviel Acevedo —señalado y sancionado por Estados Unidos por su posible involucramiento en casos de corrupción—, evidenció nuevamente las tensiones en torno a los derechos sindicales y fue uno de los temas señalados como relevantes durante la agenda de trabajo. 

Sin embargo, esta centralidad opaca y resta relevancia a las denuncias de violencia y persecución que enfrentan sindicatos de la agroindustria, como el de los trabajadores bananeros de Escuintla en las fincas de Agroamérica. Esta empresa figura entre las que, según anuncios oficiales en las páginas del Departamento de Estado de Estados Unidos y en comunicados difundidos en redes institucionales, se comprometieron en 2021 a una inversión conjunta de más de USD 1.9 millardos como parte del programa #LlamadoALaAcción para el norte de Centroamérica, promovido por la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Motivos de la visita

El propósito central de la misión fue evaluar en el terreno el cumplimiento de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical, escuchar a los distintos actores sociales y gubernamentales y recabar información para un informe que será presentado en noviembre ante el Consejo de Administración de la OIT, donde se discutirá el caso de Guatemala en relación con los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. Estos convenios garantizan derechos fundamentales de los trabajadores y han sido motivo de quejas recurrentes contra el Estado guatemalteco.

La visita incluyó reuniones con instituciones del Estado, sindicatos, empleadores y organizaciones internacionales, con el fin de fortalecer el diálogo tripartito y avanzar hacia un marco institucional más sólido que garantice los derechos laborales. Según lo expresado en las redes oficiales del Ministerio de Trabajo, la ministra Miriam Roquel señaló que el acompañamiento de la misión busca reafirmar que Guatemala cumple con los compromisos asumidos y que avanza en la institucionalización de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical. Al mismo tiempo, al consultar a la Secretaría de Comunicación del MINTRAB se indicó que aún no existen conclusiones oficiales sobre la visita de la OIT que finalizó el viernes pasado.

Panorama y contexto sindical en Guatemala

En la agenda de la misión también se había previsto dialogar con la Corte Suprema de Justicia sobre la falta de reinstalaciones laborales pese a resoluciones judiciales, así como con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación en torno a denuncias de amenazas y asesinatos de sindicalistas. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación tenía programado presentar un balance sobre los procesos de homologación de pactos colectivos. Aunque estos espacios buscaban mostrar acciones institucionales, sindicatos y organizaciones laborales insistieron en que persiste un ambiente hostil contra los liderazgos sindicales, marcado por violencia, impunidad y la criminalización de dirigentes. Para la OIT, estas visitas representan una herramienta para “recabar información in situ respecto del cumplimiento de la hoja de ruta, así como de los avances en las investigaciones y judicialización de delitos cometidos contra sindicalistas”, con el objetivo de trasladar los hallazgos al Consejo de Administración para su evaluación.

En paralelo a las reuniones en la capital, el panorama sindical en sectores como el agroindustrial se movía en un clima de tensiones, violaciones a derechos y persecución. El caso más reciente es el del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Escuintla (SITRABE), en las fincas de Frutera del Pacífico, parte del grupo Agroamérica. Desde su constitución formal en junio de 2024, este sindicato ha enfrentado un patrón constante de hostigamientos: despidos injustificados, traslados arbitrarios, intimidaciones, vigilancia, incremento de metas como castigo y ofrecimientos de dinero o promociones para desarticular la organización. El 24 de julio de 2025, bajo fuerte presión empresarial, tres miembros del Comité Ejecutivo y dos del Consejo Consultivo fueron forzados a renunciar, hecho utilizado por mandos medios para difundir que “el sindicato ya se terminó”. En respuesta, SITRABE aclaró públicamente: “El sindicato sigue vivo y vamos a continuar”, en un comunicado emitido el 28 de julio de 2025.

Los documentos internos de SITRABE muestran que, en fincas como La Perla, El Rosario, Tasmania 1 y Vista Bella 1, se han registrado más de 30 incidentes de represalias entre 2024 y agosto de 2025. Entre los hechos documentados se incluyen despidos sin causa, traslados punitivos, amenazas, vigilancia sistemática, hostigamiento directo y la difusión de desinformación para debilitar la organización. Algunas de las frases recogidas como amenaza fueron: “Un buen susto necesitan” y “una a una van a ir apareciendo en los cañales”, expresiones que reflejan el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores sindicalizados. 

Las denuncias, detalladas en comunicados y pronunciamientos del SITRABE, también incluyen la manipulación de las condiciones laborales como forma de castigo. Los sindicalistas denunciaron que varios trabajadores se les asignaron metas inalcanzables, con cargas duplicadas respecto a lo habitual, lo que derivó en agotamiento y renuncias forzadas. Asimismo, se señala la documentación de prácticas que vulneran derechos básicos, como jornadas de más de diez horas sin pago de horas extras. Para encubrir la explotación, se obligó a trabajadores a firmar planillas de salida a la hora regular, mientras en la práctica continuaban laborando horas adicionales no remuneradas.

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), rechazaron las acciones del personal de la Frutera El Pacífico, subsidiaria de Agroamérica, que forzó a cinco líderes del SITRABE a renunciar. La Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala también expresó su solidaridad al SITRABE y señaló los intentos de la empresa para desarticular el sindicato. Hasta ahora, Agroamérica no ha respondido por estas denuncias.

Según miembros de SITRABE en sus comunicados, mientras Agroamérica se promociona internacionalmente como proveedora de “trabajo digno” y “salarios justos”, incluso siendo nominada a premios de sostenibilidad, en el terreno los trabajadores documentan violaciones sistemáticas y un patrón de represión antisindical. 

Al mismo tiempo, señalan que la atención mediática y política se concentra en el conflicto magisterial con el STEG, lo que invisibiliza las luchas de sindicatos campesinos y agroindustriales como SITRABE, que continúan organizándose en un ambiente de amenazas y hostigamiento, precisamente cuando la OIT busca verificar el cumplimiento de la hoja de ruta en Guatemala.

Otro caso de represión sindical se dio justo el día del cierre de la visita de la misión tripartita de la OIT, el viernes 22 de agosto. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Palencia —integrado en la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)— denunció el despido de 12 de sus integrantes, en un proceso que atribuyen directamente a persecución sindical bajo la administración del alcalde Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, del partido Vamos.

Según los miembros del sindicato, desde hace más de diez años sostienen una lucha por la firma de un pacto colectivo, sin que hasta ahora se haya abierto un diálogo con las autoridades. Durante este tiempo se han documentado despidos injustificados y presiones constantes para debilitar la organización, prácticas que desde inicios de 2025 se recrudecieron hasta culminar el viernes 22 de agosto, cuando bajo el argumento de una “reorganización administrativa” los trabajadores fueron notificados del cese de sus labores. Los sindicalistas aseguran que el alcalde les ha exigido renunciar a su afiliación para conservar el empleo, lo que consideran una violación directa a la libertad sindical. También señalan que el Ministerio de Trabajo no ha brindado apoyo.

Reuniones sostenidas con autoridades de gobierno y Congreso

El 21 de agosto, el presidente Bernardo Arévalo recibió a la misión en el Palacio Nacional de la Cultura, acompañado de la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, y otras autoridades de gobierno. Tras el encuentro, Arévalo señaló que se trató de una reunión positiva, enfocada en revisar los compromisos asumidos en la hoja de ruta. Aseguró que se reconocieron los avances alcanzados por el gobierno en materia de libertades sindicales, pero también se recibieron observaciones sobre los aspectos donde persisten rezagos y desafíos. “Fue una muy buena reunión, ellos venían a revisar la manera en la que Guatemala está cumpliendo con una hoja de ruta a la que se comprometió hace varios años para promover, proteger y defender los derechos de orientación sindical”, dijo.

En la primera jornada de la misión, la ministra Miriam Roquel presentó los avances en el cumplimiento de la hoja de ruta. De acuerdo con medios institucionales, informó que entre las acciones impulsadas se encuentra la coordinación con empleadores y trabajadores en el marco de la Comisión Nacional Tripartita. También destacó la necesidad de que este espacio adquiera rango de ley para fortalecer el diálogo social y garantizar continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno. Roquel subrayó que, para la actual administración, la defensa de los derechos laborales es un eje fundamental y que la presencia de la misión reafirma el compromiso de atender las legítimas demandas de la clase trabajadora.

El 20 de agosto, la misión internacional se presentó en el Congreso de la República, donde fue recibida por Jorge Castro, primer vicepresidente del Legislativo; Mario Gálvez, segundo secretario; y Danilo Madrazo, presidente de la Comisión de Trabajo. En el encuentro también participaron representantes de la OIT, OIT América Central, la OIE, la CSI y el Ministerio de Trabajo. Durante la conferencia conjunta, los legisladores resaltaron la importancia del acompañamiento internacional y el compromiso de avanzar en las reformas laborales pendientes. En particular, se subrayó la urgencia de aprobar la iniciativa 5508, que busca elevar a rango de ley la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, y la iniciativa 6162, que contempla reformas al Código de Trabajo, la Ley de Sindicalización, la regulación de la huelga de los trabajadores del Estado y el Código Penal.

 “En este día ratificamos que este Congreso está a disposición de trabajar con todos los sectores, no solo con los organismos de Estado, sino con el sector empresarial y sindical, así como con los organismos internacionales que velan por el tema laboral”, dijo el vicepresidente del Congreso, Jorge Castro. 

Por su parte, Eliel Hasson, director de la OIT para América Central, República Dominicana y Haití, reconoció los esfuerzos legislativos y reiteró que la labor del organismo es acompañar al país en la consolidación de un marco de trabajo decente. “La labor de la Organización Internacional del Trabajo es fundamentalmente acompañar y asistir técnicamente al gobierno de Guatemala en estas materias. Ciertamente hay mecanismos de control, pero Guatemala está dando pruebas muy rigurosas y comprometidas de su alianza con la OIT y con todo el sistema de Naciones Unidas”, afirmó.

Hasson enfatizó la importancia de mantener un diálogo abierto con todos los sectores sindicales: “Es muy importante tener una escucha activa, no solamente llegar y tomar nota, sino aprender cuáles son estos requerimientos, cuáles son estas solicitudes y cómo desde la OIT podemos seguir apoyando y coadyuvando al gobierno de Guatemala en esta materia”. Con ello concluyó la visita, reafirmando que Guatemala será evaluada en la 355ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, a realizarse en noviembre en Ginebra. El informe que surja de esta visita recogerá los compromisos, avances y pendientes del país en materia de libertad sindical y negociación colectiva, y marcará la ruta para el cumplimiento de los convenios internacionales en los próximos años.

Fuente: Prensa Comunitaria