Perú: por Camisea se recordará a Toledo

Idioma Español
País Perú

El Estado actúa como protector del interés trasnacional. Se considera comprometido con él, celebra sus triunfos y ganancias, se pone su casco y uniforme, y cuando empiezan a aparecer los descosidos y el gas se desparrama afectando a miles de peruanos, le ayudan a ocultar sus responsabilidades

Deben sumar diez o más veces en la que el presidente Toledo ha encabezado inauguraciones –varias de ellas repetidas-, relacionadas con las diversas etapas del gas de Camisea, y en cada ocasión ha anunciado desde rebajas en las tarifas de electricidad, acceso del gas natural a las viviendas, vehículos propulsados por este maravilloso producto, etc. Todo esto empezó hace casi dos años y no ha parado hasta hace muy poco.

Y de muy poco ha valido hacerle notar que nada de lo ofrecido se ha ido cumpliendo y que, en la era del gas, la enorme mayoría de peruanos vivimos como si no hubiera gas. Así de simple. El cambio sólo ha ocurrido en las cuentas de una cadena de empresas: Pluspetrol, Techint, TGP, Hunt Oil, Tractebel y otras que se están beneficiando con exportaciones crecientes de líquidos de la selva que son de fácil transportación, mientras se trabaja aceleradamente el mecanismo para hacer viable la salida del gas natural hacia el exterior. Hay informaciones que señalan que no sólo están saliendo abultadas cantidades de GLP, sino de gasolinas y diesel, en los que el país es formalmente deficitario, obtenidos en los campos de la selva sur.

Otros a los que el gas les ha cambiado la vida, pero en sentido opuesto, son los habitantes de las comunidades de sierra y selva por cuyos territorios circula el gas con dirección a la Costa. A más de los trastornos iniciales: obras demoradas, cerros cortados, hábitat alterado, naturaleza silvestre deteriorada, chacras escindidas, etc., y las alteraciones de largo plazo que significan los campamentos, los tubos y la presencia constante de gente extraña, se han sumado las continuas rupturas de los conductos que han significado enormes daños para las poblaciones aledañas.

En los primeros meses nadie se daba cuenta que esto estaba pasando en el sitio, como si Camisea estuviera situada en un desierto o se estuvieran cumpliendo los principios de protección ambiental y social proclamados reiteradamente, y seguían las discusiones políticas y técnicas, sobre el aprovechamiento del gas: si exportar, si consumir, si industrializar, si anillo hacia Chile, si distribución en el sur. Temas relevantes, sin duda, pero que ignoraban el drama de los nativos que se quedaban sin alimentos de los ríos, de los enfermos reportados en los centros médicos del Urubamba y de los muertos del proceso de obras de los que nadie se acuerda.

Ahora sin embargo todo estamos reaccionando a la triple evidencia: (1) del gas no participa para nada la enorme mayoría del país, (2) hay, sin embargo, grandes beneficiados, que generalmente no son peruanos, pero que tienen una gran protección del poder; (3) hay víctimas que se quieren ocultar o ningunear no sólo por el efecto del impacto de obras y cambios generados por el proyecto, sino de la manera deficiente y dolosa con la que ha sido ejecutado, buscando reducir costos a cuenta de la seguridad y de los derechos de las comunidades.

¿Qué se hace después de tener estos hechos a la vista?, ¿otra inauguración y otra promesa destinada a ser desmentida?, ¿alguna argucia para echar la responsabilidad para otra parte? Como quisiera, de veras, Pedro Pablo Kuczynski que hubiese un poco más de Sendero en la selva por la que recorre el gasoducto de Camisea. Así sería fácil culparlos de las desgracias creadas por los operadores argentinos, estadounidenses y de otras nacionalidades que explotan el gas de Camisea. Ya lo insinuó, pero tuvo que retroceder atropelladamente. También quiso oponerse a la auditoría, pero también en este punto empieza a caminar en reversa.

Lo extraordinario de la situación en el Perú es que el Estado que contrata a inversionistas extranjeros para que exploten riquezas naturales del subsuelo, no es capaz de controlarlos, sancionarlos y obligarlos a ponerse en caja, so pena de resolver lo pactado por incumplimiento, que es lo mínimo que puede exigirse de una concesión de este tipo. Aquí, en cambio, el Estado actúa como protector del interés trasnacional. Se considera comprometido con él, celebra sus triunfos y ganancias, se pone su casco y uniforme, y cuando empiezan a aparecer los descosidos y el gas se desparrama afectando a miles de peruanos, le ayudan a ocultar sus responsabilidades, tapan, desvían el asunto, como si ellos fueran los inversores y no el poder regulador. Extraño, ¿no es así?

Fuente: ALAI

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