Presión en todos los frentes para aprobar Ley de Bioseguridad en México
Una coalición de intereses económicos, políticos y científicos está desarrollando una presión a todos los niveles para que sea aprobado el Proyecto de Ley de Bioseguridad por parte del Congreso mexicano
El próximo martes 14 de diciembre la Cámara de Diputados recibirá un informe favorable en lo general sobre el proyecto, elaborado por la subcomisión legislativa integrada por las comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Ganadería y Ciencia y Tecnología, y eventualmente podrá aprobar el proyecto. En esa instancia, los diputados del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN) y algunos integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron dicho informe; en contra se pronunciaron los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por su parte la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) difundió su posición con respecto al proyecto de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, llamando a los diputados a que aprueben lo más rápidamente posible el proyecto.
Según afirmó Francisco Bolívar Zapata, Coordinador del Comité de Biotecnología de la AMC, las demoras en esa aprobación ?detiene el desarrollo académico y tecnológico de México?.
Este organismo ha venido desarrollando su poder de lobby para dotar a los impulsores del proyecto de justificaciones supuestamente científicas con relación a la inocuidad de los organismos genéticamente modificados.
Con argumentos tales como que ?ninguna tecnología carece de riesgos?, o que ?hasta el momento nadie ha comprobado que los transgénicos seas perjudiciales? para la salud humana ni para el medioambiente y la biodiversidad, la AMC constituye la facción científica de una coalición con grandes intereses detrás de la aprobación de los transgénicos.
?Nuestro país requiere un marco jurídico básico de bioseguridad para contender con posibles riesgos que pueda representar esta nueva tecnología y que a la vez le brinde certidumbre a la investigación, el desarrollo, uso y manejo de una tecnología que ofrece amplias posibilidades de bienestar en los diferentes ámbitos de desarrollo?, afirmó Francisco Bolivar.
En relación a las organizaciones ecologistas y campesinas que rechazan el proyecto de Ley de Bioseguridad, el eminente científico ganador de un Premio Príncipe de Asturias afirmó: ?son grupos que no aportan nada, no dan opciones ni ideas viables para satisfacer las necesidades de una población que cada día crece más y sólo critica?.
Por su parte, la facción técnico-gubernamental de la coalición pro transgénicos en México está representada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Según expresó recientemente en una conferencia de prensa su actual Secretario, Alberto Cárdenas Jiménez, le hace más daño a México estar en las condiciones actuales: ?El peor estado es en el que estamos, donde no hay una distribución de facultades claras y precisas. Y no sólo eso, estamos en mayor riesgo de que pueda darse una acción que afecte los ecosistemas y la salud de la gente".
Por esta razón, Cárdenas Jiménez defendió el proyecto de Ley de Bioseguridad argumentando que los mecanismos que proporciona para reglamentar los transgénicos en México son ?imprescindibles?, aunque reconoció que no existen las ?leyes perfectas?.
"En las circunstancias actuales sabemos que no hay leyes perfectas o que salgan 100 por ciento al gusto de todos los actores. Sentimos que es el documento más acabado y se debería aprobar, expresó el Secretario de la Semarnat.
El accionar coordinado y conjunto de la coalición pro transgénicos en México queda claramente visible cuando sus impulsores hacen referencias cruzadas entre sus respectivos ámbitos de presión.
Cárdenas Jiménez argumentó que si este proyecto está avalado por instituciones científicas, entre ellas la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y la Academia Mexicana de Ciencias, significa que es el mejor instrumento que se pudo elaborar.
Incluso afirmó que este proyecto ayudaría a México a no infringir el Protocolo de Cartagena, que expresamente establece que el principio precautorio debe ser respetado antes de tomar este tipo de decisiones que liberan la siembra comercial de transgénicos.
La otra justificación utilizada para presionar con la rápida aprobación del proyecto es la relacionada con la producción de alimentos. Según el Secretario de Semarnat, en México se producen ?sólo 20 millones de toneladas de maíz y se consumen 27 millones de toneladas", y que "dos terceras partes de la superficie cultivada sólo producen una o media tonelada del grano".
Como supuestamente los transgénicos implican la reducción en el empleo de pesticidas, este gasto liberado podría beneficiar a la producción de maíz por parte de los agricultores y campesinos aumentando la productividad.
Lo que seguramente omitió informar el Secretario de la Semarnat es que los campesinos y agricultores deberán pagar las regalías a las empresas semilleras trasnacionales como Monsanto, Syngenta y DuPont por la utilización de sus semillas transgénicas patentadas.
Políticamente, a nivel del Congreso, los diputados del PAN, partido del Presidente Fox, mas algunos del PRI, son los que recogen todo este tipo de frases y argumentos y tienen en su agenda la aprobación definitiva del proyecto de Ley, que ya fue aprobado en el Senado.
Según el diputado del PRD José Luis Cabrera, el informe aprobado excluyó diversas propuestas para proteger a los productores y especies mexicanas.
"No se incluye un artículo de protección al maíz, además de que no se ha aprobado el etiquetado de los alimentos, es decir, para que los consumidores conozcan el contenido de los productos y si han sido modificados genéticamente. El objeto de una verdadera Ley de Bioseguridad debe ser la protección de la biodiversidad, desde el punto de vista de la prevención y la minimización de riesgos por el uso de la biotecnología", expresó el diputado.
A pesar de todo este panorama, existen otras organizaciones que han denunciado claramente que esta supuesta Ley de Bioseguridad implican enormes riesgos para la biodiversidad y el medio ambiente, para la salud humana y para la economía campesina.
En una carta firmada por un grupo de científicos y organizaciones ambientalistas y campesinas, que fue dirigida a la opinión pública y a los diputados federales y divulgada el pasado miércoles, se expresa el rechazo al proyecto.
?Lamentablemente, la Ley de Bioseguridad que se pretende aprobar es deficiente en cuanto a este importantísimo concepto, en particular para un país megadiverso como México?, señala la carta.
?En conjunto, todas las opciones deben de lograr un manejo sustentable que asegure la conservación de nuestros recursos naturales a largo plazo, y que proteja el patrimonio y la soberanía nacionales en términos de biodiversidad biológica, y que no sacrifiquen en lo absoluto la autosuficiencia alimentaria y la capacidad de desarrollo tecnológico de nuestro país?, marca en otro pasaje el documento.
Una efectiva y real Ley de Bioseguridad no debe autorizar la liberación de un solo cultivo de organismos genéticamente modificados.
Fuente: Radio Mundo Real