Salta: mujeres Wichi enfrentando el desmonte en Misión Chaqueña
El pasado martes, la comunidad wichí de Misión Chaqueña detectó a un grupo de personas derribando árboles y quemando parte del monte. Pronto comprendieron que el empresario salteño Claudio Ferrari había ingresado, otra vez, al territorio y montado un precario campamento clandestino en pleno bosque nativo que rodea a la comunidad. La reacción fue inmediata: decenas de mujeres wichí se organizaron y decidieron cortar el camino para defender el territorio ancestral. El despojo de tierras y el extractivismo avanza en todo el país.
El conflicto no es nuevo. Desde 2023, el empresario agrícola Claudio Ferrari intenta apropiarse de una porción del monte que rodea a Misión Chaqueña, una comunidad de poco más de 2.000 habitantes ubicada a 48 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en Salta. Aquel enero, trabajadores enviados por Ferrari comenzaron a abrir picadas, derribar árboles y colocar postes para alambrar la zona. El empresario sostuvo que había comprado esas tierras, aunque nunca presentó documentación clara. La comunidad respondió con un acampe permanente. Según relataron sus integrantes, intentaron realizar la denuncia pero no lograron que la Justicia los atendiera, mientras que Ferrari denunció penalmente a dos referentes wichí.
“Fuimos tres veces a la comisaría, pero nos mandaban a la fiscalía de Embarcación. Y allá tampoco nos quisieron atender. Así que desistimos”, explicó Marta Herreran en dialogo con ambas agencias alternativas. “En ese momento éramos treinta mujeres defendiendo el monte. A Ferrari solo lo veíamos pasar en su 4×4 con vidrios polarizados. Nunca quiso hablar. Después supe que nos había denunciado”. Marta recordó que estas tierras siempre pertenecieron a la comunidad, más allá de los títulos formales, y mencionó que una iglesia anglicana había comprado parte del monte para luego donarlo a Misión Chaqueña.
Balducho Villafuerte, otro referente comunitario, también repasó el origen del conflicto: “A finales de 2023, Ferrari se presentó en nuestro territorio. Fue a mi casa y me dijo: ‘Mirá, Balducho, vamos a ser vecinos, porque compré estas tierras que están acá al lado’. Yo me quedé sorprendido. Más allá de que no tengamos títulos, estas tierras ancestralmente siempre han sido nuestras”. Sobre el futuro de la comunidad, advirtió: “Nos preocupa lo que viene para las generaciones. Esta gente llega a destruir a las comunidades: traen alcohol, drogas, después la prostitución de les niñes. Por eso estamos luchando”.
Por su parte, Juan Carlos Vega, abogado que acompaña a la comunidad, señaló que existe “una clara connivencia entre la usurpación y sectores del poder judicial”. Explicó que la comunidad cuenta con la carpeta técnica, el relevamiento georreferenciado y el registro otorgado por Asuntos Indígenas, mientras que Ferrari “no tiene nada”. “Ingresó como un usurpador, para quedarse con las tierras. No lo vamos a permitir. La fiscal Souto está cometiendo un delito flagrante. Estamos investigando qué papeles presentaron para habilitar esta maniobra”, afirmó.
Un nuevo intento de despojo
El martes pasado se produjo un nuevo ingreso de personal al servicio del empresario, quienes retomaron el desmonte y las quemas para delimitar el territorio. “Nos juntamos en asamblea, la mayoría mujeres, y decidimos bloquear el camino para impedir que sigan entrando y cuidar el monte”, señaló Marta Herrera. Luego llegó la policía —alrededor de cincuenta agentes en camionetas y motos— para exigir que levantaran el corte. También les reclamaron que se presentaran ante la fiscalía. “Decidimos preservarnos y no ir. Están en contra nuestra. No nos toman la denuncia y ahora quieren que vayamos, pero escoltadas por la policía”, denunció.
La comunidad descubrió además el campamento clandestino que Ferrari montó en el monte, donde trabajadores dormían sobre cartones y cubiertos con plásticos. Según relataron, algunos empleados les advirtieron que el empresario enviaría sicarios para garantizar el alambrado del territorio.
Mientras tanto, la organización ecologista Greenpeace alertó que, solo en lo que va de 2025, en Salta se deforestaron casi 11.000 hectáreas. En un informe reciente, la organización denunció que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia “representa un golpe devastador” que viola la Ley Nacional de Bosques 26.331, habilita desmontes en 720.000 hectáreas, legitima desmontes ilegales sin exigir su restauración, permite intervenir bosques antes protegidos, fragmenta hábitats de especies amenazadas como el yaguareté y se realizó sin consultar a las comunidades indígenas.
Este despojo territorial no es un caso aislado: forma parte de una ofensiva más amplia contra los pueblos indígenas y los bienes comunes. En Chubut las denuncias contra el IAC, por ejemplo, la maniobra fraudulenta para entregar 600 hectáreas a un ex futbolista Aldo Duscher, mientras líderes mapuche como Susana Martín y Eusebio Antieco son criminalizados por reclamar lo que ancestralmente les pertenece o la reciente detención del lonko Juan Pablo Colhuan. Al mismo tiempo, la presión política del gobierno nacional avanza con un proyecto del presidente Milei para reformar la Ley de Glaciares, lo que abriría las puertas a la megaminería en zonas periglaciares protegidas y pondría en riesgo reservas estratégicas de agua. O la avanzada de la megaminería y proyectos petroleros en Mendoza.
Artículo colaborativo entre ANCAP y ANRed.
Fuente: ANRed