Sri Lanka necesita un programa integral de reforma agraria, no iniciativas ad hoc

Ese mismo año, tras un histórico levantamiento popular conocido como  Aragalya, Sri Lanka eligió un nuevo gobierno más abierto a las críticas dirigidas a la iniciativa Urumaya. En consecuencia, en marzo de 2025, el ministro de Agricultura, K.D. Lalkantha, anunció en el Parlamento que el programa Urumaya introducido por el gobierno de Wickremesinghe se había suspendido y sería sustituido por uno nuevo. Reconoció la amplia oposición pública y señaló que se había nombrado un comité especial para investigar los numerosos problemas relacionados con el programa anterior.

Este artículo resume las principales preocupaciones planteadas por MONLAR y otros movimientos sociales sobre Urumaya, preocupaciones que podrían informar y mejorar el diseño de cualquier iniciativa futura de reforma agraria.

En primer lugar, un poco de contexto

El Estado posee más del 80% de las tierras de Sri Lanka. El resto pertenece a particulares. Según la Ordenanza de Usurpaciones de Tierras del Estado, se presume que todas las tierras baldías, forestales y desocupadas o no cultivadas pertenecen al Estado, a menos que se demuestre lo contrario. Además, cualquier tierra canela poseída de forma continuada por el Estado durante más de 30 años también se considera propiedad estatal.

“Tierras con permiso” se refiere históricamente a tierras de propiedad estatal (también conocidas como tierras de la Corona) que se asignan a particulares o entidades para fines específicos en virtud de diversos marcos jurídicos. Estos permisos o licencias conceden el derecho a ocupar y utilizar la tierra, pero no confieren la plena propiedad, lo que significa que la tierra no puede venderse.

En 2024, sin embargo, el gobierno puso en marcha el Programa Urumaya, que convertía ciertos permisos de tierras en títulos de pleno dominio, concediendo derechos de propiedad plenos a los titulares que cumplieran los requisitos. El programa se dirigía específicamente a los titulares de licencias de tierras emitidas por el Estado, como Ran Bhoomi (para fines agrícolas), Jaya Bhoomi (para fines residenciales) y Swarna Bhoomi (para uso tanto agrícola como residencial).

En un principio, este tipo de permisos formaba parte del esfuerzo del gobierno por distribuir tierras estatales entre los ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo, al no otorgar la plena propiedad, los titulares de los permisos solían tener dificultades, sobre todo para obtener préstamos o vender legalmente sus tierras.

A través de Urumaya, el Estado pretendía convertir estos permisos en títulos de propiedad, permitiendo a los beneficiarios plenos derechos para utilizar, transferir, vender o hipotecar sus tierras. Aunque la necesidad de una reforma agraria está ampliamente reconocida, la forma en que se aplicó el programa Urumaya suscitó preocupación entre movimientos sociales como MONLAR.

La crítica

Aunque los movimientos sociales, entre ellos MONLAR, reconocieron que la iniciativa prometía empoderar a los agricultores y garantizar sus derechos sobre la tierra, pidieron a la administración de entonces que reconociera y actuara frente a varios riesgos y desafíos para garantizar resultados equitativos y sostenibles.

Según MONLAR, proporcionar la plena propiedad de la tierra o títulos de propiedad a los agricultores de Sri Lanka podría aumentar potencialmente la falta de tierras, la pobreza y el endeudamiento entre los pequeños agricultores por varias razones. Puede parecer paradójico, pero así lo explicaron los movimientos sociales. Argumentaron que la plena propiedad de la tierra podría conducir a la concentración parcelaria, en la que los grandes terratenientes compran parcelas más pequeñas a los agricultores marginados que necesitan dinero inmediato. Esto podría desplazar a los pequeños agricultores y agravar la falta de tierras. Los movimientos también advirtieron de que la plena propiedad de la tierra podría someter a los pequeños agricultores a las presiones del mercado de la tierra, dificultándoles competir con entidades más grandes y ricas. Esto podría llevar a la venta de tierras debido a dificultades financieras o a la incapacidad de gestionarlas de forma sostenible.

Pero, ¿por qué este miedo a las ventas forzosas y a la concentración parcelaria?

Respuesta corta: la deuda de los hogares.

La deuda de los hogares rurales de Sri Lanka ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsada por una combinación de crisis económicas, inflación y acceso limitado a créditos asequibles. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 38,5% de los hogares rurales de Sri Lanka declararon haber acumulado deudas. Casi la mitad de estos hogares se endeudaron para mantener actividades agrícolas o negocios relacionados. Las principales fuentes de esta deuda son los bancos, las instituciones financieras y los prestamistas.

En este contexto, MONLAR temía que los pequeños agricultores pudieran utilizar sus tierras como garantía para obtener préstamos, a menudo como último y desesperado recurso, especialmente cuando no disponen de otros recursos financieros. La plena propiedad de la tierra podría aumentar el riesgo de endeudamiento si los agricultores no son capaces de devolver estos préstamos, lo que podría dar lugar a ejecuciones hipotecarias o ventas forzosas de tierras.

Aunque la propiedad de la tierra proporciona una sensación de seguridad y control, el programa Urumaya no abordó cuestiones estructurales clave como el acceso al crédito, la tecnología y los mercados. Incluso con la propiedad, los pequeños agricultores pueden seguir luchando contra la pobreza y la escasez de recursos, sobre todo si carecen de medios para invertir en insumos que mejoren la productividad o llegar a mercados viables.

Por ello, MONLAR advirtió de que si la reforma agraria no se vincula a políticas nacionales más amplias sobre agroecología, cooperativas campesinas y acceso al crédito, podría acabar provocando la desaparición y el despojo de las pequeñas explotaciones.

La liberalización del comercio agrícola y las políticas orientadas a la exportación a menudo van en contra de los pequeños agricultores, fomentando la concentración parcelaria mediante adquisiciones o agricultura por contrato, en la que los agricultores pierden autonomía a pesar de ser propietarios de la tierra. Históricamente, tanto en el Norte como en el Sur Global, los programas de reforma agraria desconectados de la regulación del uso de la tierra, las salvaguardas medioambientales y la soberanía alimentaria han conducido a la desposesión de los pequeños propietarios y al auge de las explotaciones agrícolas industriales o por contrato.

MONLAR también expresó su preocupación por el hecho de que la creciente falta de tierras pudiera aumentar la emigración del campo a la ciudad, una tendencia fomentada por las instituciones financieras internacionales y los inversores extranjeros que buscan mano de obra barata para las zonas industriales urbanas.

En un contexto de profunda desigualdad social, MONLAR temía además que la distribución de los títulos de propiedad de la tierra no fuera equitativa. Individuos o grupos influyentes podrían asegurarse un mejor acceso a los derechos sobre la tierra que otros, empeorando las disparidades existentes y aumentando las tensiones sociales y los conflictos por la tenencia de la tierra. Por tanto, el gobierno debe garantizar que cualquier proceso de reforma sea equitativo, inclusivo y transparente.

La MONLAR advirtió de que la propiedad no regulada de la tierra o su puesta en común para uso industrial podrían dar lugar a prácticas insostenibles, como la deforestación, la degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos naturales. Estos resultados tendrían consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y la productividad agrícola, agravando aún más la pobreza rural.

Construir una reforma integral, no un programa ad hoc

En esta coyuntura crítica, mientras la actual administración de Sri Lanka diseña un nuevo programa de reforma agraria, MONLAR insiste en que lo que realmente se necesita es una reforma agraria integral.

Aunque la propiedad de la tierra puede ofrecer seguridad y empoderamiento, MONLAR sostiene que las reformas deben basarse en una comprensión clara del contexto socioeconómico más amplio. De lo contrario, la plena propiedad de la tierra podría agravar la desigualdad, alimentar la consolidación impulsada por el mercado y limitar el acceso a los recursos esenciales. Para evitar estos resultados, pide reformas multidimensionales que aborden los factores socioeconómicos, jurídicos y medioambientales subyacentes que afectan a los pequeños agricultores y a las comunidades rurales.

Entre las principales reivindicaciones de MONLAR y los movimientos aliados figuran:

• Distribución equitativa de la tierra: La reforma agraria debe dar prioridad a la justicia y la equidad, garantizando a los grupos marginados -incluidas las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas- el derecho a la tierra. Deben establecerse sistemas transparentes y accesibles para la titulación de tierras y la resolución de disputas.
• Rechazar el modelo agroindustrial: Los programas como Urumaya no deben reproducir la agricultura industrial en tierras de propiedad privada. La promoción de monocultivos dependientes de productos químicos, semillas compradas y maquinaria de gran tamaño sólo sustituye la exclusión estatal por la exclusión del mercado, y agrava la destrucción ecológica.
• Marcos jurídicos para la seguridad de la tenencia de la tierra: Es esencial reforzar la legislación sobre la tierra. Esto incluye salvaguardar los derechos de los pequeños agricultores, agilizar el registro de tierras y adoptar normas jurídicas acordes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP).
• Agroecología y agricultura campesina: El gobierno debe apoyar las prácticas agroecológicas campesinas que protegen la biodiversidad, fortalecen la resiliencia ecológica y promueven la gestión comunitaria de los recursos naturales. Este apoyo debe incluir formación, asistencia técnica y subvenciones a los insumos adaptadas a las necesidades de los pequeños agricultores.
• Acceso a créditos justos y seguridad financiera: MONLAR subraya la urgente necesidad de servicios financieros asequibles y seguros para los pequeños agricultores -incluyendo crédito, ahorro y seguros- para reducir la dependencia de los prestamistas depredadores y evitar las ventas forzosas. Dicho esto, también es importante señalar que en 2024, MONLAR se unió al Colectivo Nacional de Proveedores de Servicios Comunitarios de Ahorro y Crédito para rechazar una propuesta de Autoridad Reguladora de Microfinanzas y Crédito. El colectivo advirtió que los amplios mandatos del proyecto de ley criminalizarían los sistemas de crédito de base, socavando a las mujeres rurales, los pescadores y los campesinos. En su lugar, MONLAR pide la revitalización de la Caja de Ahorros de Sri Lanka para apoyar la financiación impulsada por las comunidades.
• Infraestructuras rurales y acceso a los mercados: Para que las pequeñas explotaciones sigan siendo viables y resistentes, MONLAR pide inversiones en infraestructuras rurales: carreteras, irrigación, almacenamiento y mercados locales. Estas son esenciales para reducir las pérdidas post-cosecha, mejorar la productividad y permitir a los pequeños agricultores participar de manera significativa en los sistemas alimentarios locales y nacionales.

Fuente: La Vía Campesina