Un llamado a First Quantum Minerals para que realice el cierre seguro y definitivo de la mina Cobre Panamá

Oposición histórica logra protecciones

En 2023, la población panameña salió a las calles de manera masiva para protestar contra la renovación del contrato de la mina Cobre Panamá de First Quantum Minerals durante 39 días. First Quantum había estado operando en una laguna jurídica en el país desde que su contrato original fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Panamá. Desde entonces, y hasta las protestas de 2023, la empresa continuó operando sin el contrato requerido por la ley. Cuando se dio a conocer la noticia de que el gobierno estaba negociando otro contrato con la empresa a pesar de los problemas legales y ambientales que habían plagado el proyecto, la gente salió a las calles para decir que, «Panamá vale más sin minería».

Ante la fuerte oposición al proyecto y décadas de lucha en contra de la minería en el país, el gobierno declaró una moratoria sobre nuevas concesiones mineras, solicitudes de concesiones bajo revisión y concesiones caducadas. Poco después, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que el último contrato de First Quantum era inconstitucional por haber violado 25 artículos de la Constitución panameña. Con su contrato anulado por segunda vez, First Quantum se vio obligada a suspender las operaciones de Cobre Panamá.

Declaraciones vacías de la empresa

First Quantum sigue insistiendo que la población panameña, no sus actividades mineras, son el problema. En el mensaje a sus accionistas de 2024, el gerente de la compañía, Tristan Pascall, declaró que, «Continuamos con nuestros programas de divulgación para educar al público panameño sobre los beneficios de Cobre Panamá y que la minería de los recursos naturales de una manera ambiental y socialmente responsable es una necesidad para el país en nuestras vidas modernas». Mientras que First Quantum dice que la mina es clave para la economía de Panamá, también la ha presentado como fundamental para la transición energética y ha apelado a la administración de Trump argumentando que podría ser una importante fuente de cobre para los Estados Unidos.

Las declaraciones de Pascall ignoran por completo todo el trabajo que grupos ambientales y sociales en Panamá han realizado para recopilar y analizar documentos de First Quantum sobre la mina, para difundir la información al público de forma transparente y accesible, y para documentar los impactos ambientales de la mina en sus comunidades y territorios, muchas veces poniendo en riesgo su seguridad personal.

Una y otra vez, First Quantum ha afirmado públicamente su compromiso con un diálogo abierto y transparente sobre la mina Cobre Panamá. Las políticas corporativas y los informes de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza de First Quantum hablan de la necesidad de comprometerse con las comunidades y de ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo comunitario a través de programas dirigidos por la empresa. Pero estos compromisos no valen si no hay un compromiso con defender el derecho de las comunidades y los países a decidir por sí mismos si la minería les beneficia o representa el tipo de desarrollo que desean.

First Quantum amenaza con acudir al arbitraje internacional

Mientras que la población panameña, organizaciones de la sociedad civil y sus aliados internacionales celebraban estas victorias legales históricas que avanzaron su objetivo de proteger a comunidades y el medio ambiente de los impactos destructivos de la minería, First Quantum empezó a amenazar con demandar a Panamá en arbitraje internacional por 20 mil millones USD, alrededor del 25% del PIB total del país en 2023.

La solución de controversia entre inversor y Estado (ISDS por sus siglas en inglés), es un tipo de arbitraje internacional que se mantiene en muchos tratados de libre comercio binacionales o multilaterales. Este sistema suele tener un efecto amedrentador sobre los gobiernos que intentan aprobar o aplicar normativas ambientales o defender los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas lo han denunciado advirtiendo que el ISDS puede impedir que los Estados hagan frente al cambio climático o cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

First Quantum optó por demandar a Panamá por miles de millones de dólares, sugiriendo que las repercusiones financieras de la suspensión del proyecto eran responsabilidad de Panamá. La empresa hizo esto a pesar de la falta de apoyo público a la mina, las preocupaciones e incluso sanciones relacionadas con los impactos ambientales de la mina, los problemas legales con el contrato por segunda vez, una moratoria que impide a la empresa conseguir un nuevo contrato y las críticas al sistema ISDS.

La oposición se renueva

En 2024 Panamá eligió un nuevo presidente que desde entonces ha declarado que está dispuesto a negociar la reapertura de la mina. También ha planteado la idea de «reabrir para cerrar» la mina, sin una explicación clara de cómo esto funcionaría o por qué la mina se tiene que reabrir para el proceso de cierre. En abril de este año, el presidente presentó la idea de una asociación entre el gobierno panameño y First Quantum para operar la mina. Miembros de la Asamblea Nacional, sindicatos, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo a esta idea, en gran parte porque ignora los llamados a un cierre definitivo.

Con los rumores circulando sobre una posible reapertura, ya han habido protestas en las cuales la sociedad civil deja claro que sigue creyendo que Panamá vale más sin minería. Las protestas han sido marcadas por un «uso excesivo de la fuerza y una represión creciente». A lo largo de todo este proceso, ni el presidente ni First Quantum han explicado en qué se diferenciaría esta reapertura de las operaciones anteriores.

A finales del año pasado, la Alianza Global de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que señaló problemas con la estabilidad de la instalación de relaves y calificó como una preocupación muy grave e inmediata. También identificó una falta de buen manejo del agua, lo cuál ha provocado el drenaje ácido de la mina. Las comunidades que ya han estado viviendo con los impactos ambientales de las fuentes de agua contaminadas y los impactos a los niveles de biodiversidad de la región aún no han recibido una respuesta clara sobre cómo se abordarán y resolverán estos problemas.

Hacía un cierre responsable

Un proceso de cierre que pretenda mitigar cualquier posible daño ambiental y social debe ser planeado y comunicado claramente desde el principio del proyecto de forma reiterativa. Las comunidades afectadas por la mina de Cobre Panamá, particularmente comunidades indígenas Ngäbe-Buglé y pescadores, que tienen que lidiar en perpetuidad con los impactos que deja un proyecto minero y los relaves que genera, deben ser consultadas sobre lo que quieren en un proceso de cierre, sobre cómo definirían un cierre seguro, y no deben enfrentar represión por protestar la reapertura de la mina.

Las demandas en la carta a First Quantum articulan claramente el pedido para que la compañía efectúe un cierre seguro de la mina y respete la soberanía y los derechos de la ciudadanía panameña.

Fuente: Bilaterals