Una empresa argentina avasalla derechos de pueblos indígenas
Representantes de los pueblos indígenas Sarayaku y Achuar, de Ecuador, denunciaron hoy en Plaza de Mayo que una empresa petrolera del Grupo Soldati, que tiene la concesión para explotar territorios que históricamente ocuparon esas comunidades en la amazonia ecuatoriana, viola los DDHH
Una delegación de los pueblos indígenas ecuatorianos de Sarayaku y Achuar participó de una manifestación este mediodía en Plaza de Mayo, junto a organizaciones sociales y de aborígenes locales, para denunciar la violación de derechos humanos por parte de la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), del Grupo Soldati, en la zona ocupada históricamente por esas comunidades aborígenes.
"Venimos a pedir que la empresa se retire de nuestro territorio. Para el pueblo quichua, sin nuestras tierras, no podemos vivir. Para nosotros la selva es nuestro mercado, nuestra farmacia y nuestra fuente de recursos", le dijo a Infocívica Marlon Santi, presidente de Sarayaku, un pueblo conformado por 2.500 habitantes originarios de Ecuador que vive de la agricultura, la cacería y la pesca.
"Traemos un mensaje de los pueblos que legalmente representamos para sensibilizar a la ciudadanía argentina sobre los problemas que generan una empresa de este país que opera en territorio quichua y achuar", señaló por su parte Milton Callera, presidente de este último pueblo, quien bajo el sol de Buenos Aires luce con orgullo su tawasam, una corona hecha de plumas de tucán y tangara que históricamente sólo usan los caciques o altos mandos de su comunidad.
En 1996, el gobierno de Ecuador concesionó a la CGC un territorio ?denominado bloque 23- donde habita el pueblo quichua de Sarayaku, para la exploración y explotación petroleras. La concesión se realizó sin consultar a esta comunidad, que es dueña legal y ancestral de la mayor parte de esas tierras, ni obtener su consentimiento previo. Los indígenas que habitan esta zona se oponen a cualquier explotación de este tipo y fue gracias a la resistencia que presentaron y al apoyo internacional, que la empresa tuvo que retirarse del territorio. Sus denuncias lograron que el 6 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones y resoluciones son de cumplimiento obligatorio, dictara una resolución favorable a sus reclamos y obligara al Estado ecuatoriano a adoptar medidas para proteger los derechos del pueblo de Sarayaku. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno que conduce Lucio Gutiérrez ha desoído el reclamo y ha respondido con un aumento de la militarización de la zona en conflicto.
La otra consecuencia fue el incremento de las amenazas a los dirigentes aborígenes que encabezan el reclamo. El pico de máxima tensión se produjo en enero del 2003 con la detención ilegal y tortura, durante 24 horas, de cuatro jóvenes de Sarayaku, y que adjudicado por la comunidad al Ejército ecuatoriano y a empleados de la CGC. Hasta el momento, no se identificaron responsables de estos hechos, y las amenazas verbales y físicas se sucedieron. El propio Santi, fue agredido en el aeropuerto cuando estaba a punto de viajar al exterior y le arrebataron el pasaporte.
Los representantes de las comunidades aborígenes ecuatorianas llegaron el jueves al país y se quedan hasta este miércoles. Ya fueron recibidos por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y por Jorge Rodríguez, titular del INAI. Asimismo, el viernes se reunieron con el vicecanciller, Jorge Taiana, quien ?según informaron- tras manifestarles que desconocía la problemática, les manifestó su preocupación por el tema.
También quisieron encontrarse con algún directivo del Grupo Soldati, dueño de la CGC, pero no tuvieron éxito. Lo único que les ofrecieron fue hablar con el apoderado en Ecuador, a quien también pueden contactar en ese país, por lo que rechazaron la oferta.
Búsqueda de apoyo argentino
"La delegación tiene por objetivo buscar la solidaridad de la sociedad argentina y que el gobierno que encabeza Néstor Kirchner se pronuncie en el sentido de que no promueve que gobiernos hermanos beneficien a las transnacionales argentinas, a costa de los derechos humanos", explicó Mario Melo, representante jurídico de estos pueblos y del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CEDS), que acompañó a la delegación indígena que vino a Argentina.
Melo precisó que la CGC, con el consentimiento del gobierno ecuatoriano, "viola los derechos de los pueblos a su libre determinación, a su territorio y a vivir en paz, así como los derechos de sus líderes a la integridad y a la vida".
La zona en conflicto corresponde a los bloques 23 y parte del 24 del territorio ecuatoriano, dos de las zonas ? de 200 mil hectáreas cada una- en que el gobierno dividió el país para organizar la explotación petrolera. En estos territorios, ubicados en el sureste de Ecuador, habitan unos 5000 indígenas de las comunidades Sarayaku (en el primero), Achuar (en ambos) y Shuar (en el segundo).
Para explicar el perjuicio sobre el medio ambiente y la cultura de los pueblos originarios de la zona que generaría la instalación en sus territorios de empresas petroleras ?en su mayoría trasnacionales-, el presidente del pueblo Achuar aseveró: "Es un genocidio ambiental y humano". Y citó como ejemplo, las consecuencias de los 35 años en que operaron empresas petroleras en el norte de la región del Amazonas. La comunidad Achuar es otra de las "nacionalidades" ?como ellos se definen- de la amazonia, y está integrada por unos 6.500 indígenas que habitan una superficie de 820.000 hectáreas en el centro sur de la región amazónica ecuatoriana.
Los pueblos indígenas denuncian que el gobierno ecuatoriano nunca consultó a los pueblos afectados en los territorios, por lo que no cumplió con lo que dispone la Constitución de Ecuador que, en su artículo 84, establece que se debe realizar una consulta previa y participativa sobre cualquier explotación o concesión de las tierras que habitan, así como tampoco con el Convenio 169 de la OIT que exige el consentimiento consensuado previo a la autorización a operar a empresas privadas en territorios indígenas.
El reclamo de las comunidades aborígenes ecuatoriana fue apoyado en Argentina por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Poder Ciudadano. Morita Carrasco, del CELS, advirtió que la CGC "también tiene negocios en Argentina, en territorios de Lhaka Honhat, en el Chaco salteño, donde viven 40 comunidades aborígenes". Según le explicó a Infocívica, estas comunidades hicieron un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un territorio de 440.000 hectáreas, que en este momento está la fase de solución amistosa. "Pese a esto, la CGC inició la exploración sísmica y empleados de la empresa violaron a una chica de la comunidad", denunció Carrasco, lo que desembocó en una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Otra de las organizaciones presentes este mediodía en Plaza de Mayo fue la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, cuyo presidente, Eulogio Frites, informó que presentó una nota a la Cancillería en apoyo al reclamo de las comunidades de Sarayaku y Achuar, y pidiendo que el gobierno ecuatoriano cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige el retiro de las empresas de los territorios habitados por los pueblos originarios por no tener el consentimiento previo y consensuado de sus habitantes, tal como exige el Convenio 169 de la OIT, que aprobaron tanto Argentina como Ecuador.
La resistencia pacífica
Pese a no fueron consultados sus habitantes originarios y no haberse respetado lo dispuesto por la Constitución ecuatoriana, la CGC pudo comenzar la exploración petrolera en los territorios habitados por el pueblo de Sarayaku. Pero la tenaz resistencia de esta comunidad logró frenar que avanzara. Para ello conformaron, en diciembre del 2003, 22 campamentos de paz en las líneas sísmicas con el objetivo de impedir que ingresara la empresa. En grupos rotativos de 60 personas, los mantuvieron vigentes hasta hoy.
"Los militares quisieron desalojar varias veces esos campamentos", le contó Santi a esta agencia, quien ante una pregunta de cómo respondieron a ese accionar, respondió con su hablar pausado: "Los enfrentamos con la voz". Pero además de con la palabra, las comunidades contaron con la determinación de sus mujeres, que se animaron a sacarles las armas a los miembros del Ejército que intentaban forzar el ingreso de la compañía al territorio. "El Ejército no podía matar a mujeres, porque si lo hacía, se levantaba el movimiento indígena e iba a haber un caos social", explicó sobre la estrategia utilizada.
Más allá de haber logrado el retiro ?por el momento- de la CGC y haber paralizado la concesión, el resultado fue que el gobierno aumentó la militarización de la zona y se incrementaron las amenazas a los líderes de las comunidades aborígenes.
"El principio que sostenemos es que ninguna empresa multinacional debe beneficiarse ni participar en la violencia, las amenazas y militarización en los territorios de los pueblos indígenas", sostuvo Kenny Bruno, miembro de la organización Tierra y Derechos (Earth Rights Internacional, en inglés) y otro de los integrantes de la delegación que apoya el reclamo de las comunidades ecuatorianas .
Esta organización tiene una escuela en la amazonia ecuatoriana especializada en temas de DDHH y Medio Ambiente, y a través de sus graduados y estudiantes, ha apoyado varios reclamos indígenas a favor de la protección de sus derechos. Entre la ayuda brindada, figura el viaje que le solventaron a representantes de las comunidades para ir a Houston, Texas, donde tiene su sede la petrolera estadounidense Burlington, la otra empresa -socia de la CGC- que también aspira a explotar la zona en conflicto.
En julio de este año, el Ministro de Energía y Minas de Ecuador, Carlos Arboleda, anunció que la situación en el centro sur de la amazonía en torno al tema petrolero es "un problema de Estado" y que si no se logran acuerdos, se utilizará la fuerza, ya que Sarayaku se constituye en "el candado que se debe abrir para expandir la frontera petrolera hacia el sur". Mientras tanto, Sarayaku y los pueblos Shuar, Achuar, Shiwiar y las comunidades del noreste de la amazonia se unieron para conformar un frente de defensa de sus derechos y su territorio, así como para divulgar su propuesta alternativa de desarrollo, basado en el respeto a los derechos humanos, el desarrollo social y la no la explotación indiscriminada de recursos naturales no renovables.
Para mayor información, comunicarse con Mario Melo, del CDES de Ecuador, o con Kenny Bruno, de la organización Tierra y Derecho, .al (011) 155-261 1547 (hasta el miércoles), o al CELS, al (011) 4334-4200.