Uruguay: una reforma constitucional "en defensa del agua y la vida"

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida

En Uruguay, en el año 2002 por primera vez una ?carta intención? firmada con el Fondo Monetario Internacional incluyó a las ?reservas minerales? ?dentro de las cuáles se encuentra, por ley, las reservas de agua o acuíferos? como garantía de pago de la deuda externa que el gobierno uruguayo mantiene con el FMI. Al mismo tiempo la ?carta intención? comprometió la apertura de la competencia a privados en el sector de agua potable y saneamiento.

Uruguay presenta un posicionamiento estratégico en el Sistema Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas naturales de agua dulce en el mundo, compartida con Brasil, Paraguay y Argentina. Esta zona ?especialmente la llamada Triple Frontera, en Iguazú? ha sido de interés ?militar? de Estados Unidos, así como objetivo de una multiplicidad de estudios técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrolla (BID) y el Banco Mundial (BM).

Ante la difusión de este ?acuerdo? del gobierno uruguayo con el FMI, un número de organizaciones sociales comenzaron a conectarse, buscando una acción conjunta para evitar que se profundizara la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento (ya iniciada en dos departamentos del país) y que se vendieran las reservas naturales de agua.

Las empresas que se encuentran instaladas en Uruguay gestionando los servicios de agua potable y saneamiento son URAGUA ?subsidiaria de Aguas de Bilbao? y Aguas de la Costa ?subsidiaria de Suez, Lyonnesse des Aux?.

Organizaciones locales, de ?vecinos en defensa del agua?, organizaciones sindicales, principalmente el sindicato de funcionarios de la empresa estatal de agua, y organizaciones ambientalistas conformaron, en octubre de 2002, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).

Actualmente la CNDAV está integrada por más de 40 organizaciones, entre las que se cuentan la central única de trabajadores, organizaciones locales, organizaciones políticas ?dentro de las que se cuenta la coalición de izquierda que aspira a ganar las elecciones presidenciales?, organizaciones estudiantiles y grupos ambientalistas.

El objetivo de esta Comisión es promover una reforma constitucional , en la que se considera el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental, se reserva la gestión de estos servicios a figuras públicas estatales, en base a criterios de participación ciudadana y sustentabilidad. La reforma también prohíbe explícitamente la venta de las reservas naturales de agua potable.

Para ser aprobada, esta Reforma deberá contar con el apoyo de más del 50% del electorado nacional, o sea aproximadamente 1.300.000 adhesiones, que el mismo 31 de octubre votarán en las elecciones legislativas y presidenciales.

La presencia de estas disposiciones en la constitución ?la norma de mayor rango legal en un país? asegura que ninguna reforma legal propuesta por el parlamento podrá alejarse de estos preceptos. Tampoco la entrada en vigencia de acuerdos multilaterales podrá poner en riesgo estas normas contenidas en la constitución.

El sistema electoral uruguayo prevé que una reforma constitucional de iniciativa ciudadana deba contar con el apoyo del 10% del electorado para ser elevada luego a la consideración de toda la ciudadanía, en conjunto con las elecciones nacionales (legislativas y presidenciales).

En Uruguay, los plebiscitos han sido el mecanismo tradicional de los movimientos populares para resistir primero al autoritarismo de la dictadura militar y luego a las ?reformas? privatizadoras de los gobiernos neoliberales.

La trascendencia de la reforma constitucional ?además de por su contenido? radica en la defensa de un recurso natural a través de mecanismos de democracia directa.

En octubre de 2003, un año después de conformada la CNDAV presentó ante el parlamento las cerca de trescientas mil firmas necesarias para la realización del plebiscito de reforma constitucional, que será realizado el próximo 31 octubre de 2004.

Las corporaciones establecidas en Uruguay para el ?negocio? del agua realizaron un fuerte lobby junto a las empresas embotelladoras de agua (entre las que se encuentra la francesa Danone) y las corporaciones forestales presentes en el país (Weienhauser), logrando que los sectores conservadores presentaran un proyecto sustitutivo, en el que se habilitaba expresamente la privatización del agua. Este proyecto no contó con los votos necesarios para su aprobación, y la única propuesta que será puesta a consideración de la ciudadanía es la de iniciativa popular.

El apoyo a esta reforma es un paso más en la resistencia a la apropiación privada de la naturaleza, es una manera de decirle NO a las corporaciones que pretenden beneficiarse con el agua.

Al mismo tiempo, la reforma implica un antecedente hasta ahora inédito en la defensa del agua a través de una norma constitucional, asegurando además la consideración de los recursos hídricos como un derecho humano fundamental, asegurando su gestión pública y participativa, desde la perspectiva de la sustentabilidad.

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