Ecuador

Queridos amigos, queridas amigas: Queremos hacer una declaración publica de agradecimiento a las millares de cartas, abrazos y mensajes recibidos desde todos los rincones del mundo. Hemos logrado un resultado para muchos inesperado: el gobierno del Ecuador ha resuelto desistir de su intento de cierre de Acción Ecológica.

Acción Ecológica es una organización de defensores de los derechos humanos y la naturaleza con 30 años en Ecuador. Que el 20 de diciembre recibe la notificación del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) a solicitud del Ministerio del Interior para la apertura de un proceso administrativo para su disolución.

"Invisibilizar la delicada situación que está viviendo el campesinado opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos particularmente los miembros y dirigentes de la ACLI y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en San Miguel de Conchay, es atentatorio también a sus derechos, y sobre todo, profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo a la que están expuestos."

El acoso contra Acción Ecológica por su denuncia de violaciones a derechos indígenas e impactos ambientales de la minería motivó que cinco relatores de la ONU exhortaran en diciembre al gobierno de Ecuador a revocar el proceso de clausura y reformar la legislación que usa para disolver grupos de la sociedad civil (ambientales, derechos humanos y sindicales).

Luego de que Acción Ecológica fuera notificada del inicio de un proceso de disolución a pedido del Ministerio de Interior, se nos dio un plazo de 10 días para entregar una respuesta con nuestras pruebas ante las acusaciones realizadas.

Las agresiones van en el contexto de de actividades que implican políticas extractivistas, como petróleo o minería.

"La gente se cree que no ha sido de los shuar. Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?"

La acusación de Emir Sader ( ver acá) a quienes firmamos el manifiesto impulsado contra el despojo de la comunidad Shuar a manos de proyectos de minería megaextractiva y la persecución de lxs militantes de Acción Ecológica es útil: explicita muchas de las razones que contribuyen a lo que él dice querer evitar: la debilidad –envuelta en soberbia– de lo que fueron o son los llamados “gobiernos progresistas” y de muchos de los intelectuales que se consideran orgánicos a ellos.