México

Pese al ‘no’ rotundo de la Asamblea General de Bienes Comunales al proyecto minero en Ciudad Ixtepec, el gobierno federal aumentó la concesión minera en territorio ixtepecano de 3 mil 850 a 8 mil 150 hectáreas en el presente año, lo cual representa una afrenta a la decisión del pueblo representado por sus asambleas, denunció el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio.

"Diversas organizaciones exigen justicia para el caso del dirigente, así como que que las autoridades tanto federales como estatales respeten la decisión de las comunidades de no permitir ningún proyecto extractivo en la región".

"Exigimos al Gobierno mexicano que el defensor permanezca en la Embajada de México en Honduras bajo protección todo el tiempo que sea obligado a permanecer en el país. Al mismo tiempo exigimos que el Gobierno mexicano eleve su nivel de acciones necesarias para que Gustavo Castro salga lo antes posible del país."

Firma la solicitud dirigida a las autoridades hondureñas para que Gustavo Castro regrese a México y para exigir juntos y juntas justicia para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y el pueblo Lenca.

"No es posible la coexistencia de los OGM con nuestros maíces y otras especies de las cuáles México es centro de origen, domesticación y diversificación genética constante efectuada por los pueblos indígenas y comunidades campesinas".

Los territorios indígenas y campesinos de todo el país están siendo impactados de manera muy particular, y cada vez con mayor celeridad, por las políticas públicas relacionadas tanto con la conservación, como con proyectos energéticos. El gobierno y diversas empresas acaparan cada vez más territorios de los pueblos originarios en México, con fines de protección de la naturaleza y al mismo tiempo implementan un sinnúmero de proyectos mineros, petroleros, construcción de parques eólicos y presas hidroeléctricas, enfocados en la expansión de la gran industria, incluso dentro de las zonas que el propio gobierno ha definido para la conservación de los recursos naturales, frente a la crisis climática.

"La Sagarpa debe advertir a quien pretenda sembrar de forma experimental y no comercial, que existe un juicio federal que probablemente impida también esta práctica".

"Ante esta situación nos manifestamos en contra de la criminalización y muerte de compañeros indígenas y activistas ambientalistas".