Perú

El programa dominical Panorama presentó el domingo un reportaje acerca de la devastación que sufre la selva de Ucayali, en los márgenes del río Aguaytía, debido a la plantación de palma aceitera que empresas extranjeras realizan a gran escala y sin permisos ambientales.

“Esta lucha es para defender nuestro territorio, no para respaldar o defender a una u otra empresa petrolera”. Con estas palabras dos de las tres federaciones indígenas que participan en la Consulta Previa del Lote 192, hoy cuestionada, se desmarcaron de la convulsión social que se vive en la ciudad de Iquitos.

La comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, a orillas del río Aguaytía, se encuentra en la región de Ucayali y pertenece al grupo étnico shipibo-conibo, que al día de hoy suma más de 22 mil ciudadanos, siendo una de las poblaciones indígenas más numerosas del país. Actualmente, la comunidad enfrenta graves problemas relacionados con su salud y seguridad alimentaria, por causa de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) y la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C.

El martes último (19/08) se esperaba el pronunciamiento de Perúpetro en torno a la adjudicación del Lote 192. Era la fecha límite para que se tome una decisión debido a que el contrato con Pluspetrol, que tiene la concesión, vence el 29 de agosto y el nuevo operador debe tomarse un tiempo para iniciar las operaciones.

“Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos.

Las comunidades indígenas amazónicas de los ríos Pastaza, Corrientes y Marañón, de Loreto, advirtieron que el nuevo operador del Lote 192, antes de firmar contrato con el Estado, debe visitar sus territorios a fin de establecer el diálogo.

La comunidad campesina de Huisa, una de las más dañadas por la operación minera en la provincia de Espinar, interpuso una demanda de amparo por incumplirse su derecho a una consulta previa en todo el proceso de concesión, exploración y explotación de la mina Antapaccay.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, hizo un llamado a las autoridades competentes a atender los 4281 pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos de alto riesgo identificados en un reciente informe.