Acuífero Guaraní en la mira de las privatizaciones, por Odalys Buscarón
Intereses geopolíticos que apuntan al control de la mayor reserva de agua potable de Sudamérica y posiblemente del planeta, han movilizado a sectores sociales en defensa de la soberanía sobre la biodiversidad regional
El Acuífero Guaraní descansa en el subsuelo de los territorios de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, con una extensión de 1,2 millones de kilómetros cúbicos y, según los expertos, puede abastecer a unos 360 millones de personas de todo el subcontinente.
El hecho de que el agua haya pasado a ser, junto al petróleo, centro de la discordia en los conflictos globales de las últimas décadas y de que países ricos tengan en la mira a importantes reservas del preciado líquido, ha levantado una gran movilización en la batalla 'por la soberanía del agua' y contra los planes de privatización, alentados por las grandes corporaciones.
La controversia política en la que están involucradas entidades ecológicas, parlamentarios, instituciones nacionales, organismos internacionales y los privados pone como telón de fondo una eventual estrategia en el manejo de los recursos hídricos a partir de dos presupuestos antagónicos: un bien común social ligado al derecho a la vida; versus, recurso 'con valor económico'.
De un lado, están quienes sostienen que el agua es un derecho humano esencial, cuyo suministro, saneamiento y preservación debe correr a cargo del Estado; frente a las tendencias que mueven intereses corporativos proclives a 'la desregulación de los servicios estatales', con el fin de su comercialización.
Por otro lado, a pesar de la antigüedad de este reservorio hidráulico, formado 132 millones de años atrás, la explotación del acuífero por los países que integran el Mercado Común del Sur es aún incipiente y requiere de esfuerzos mancomunados para una preservación sostenible.
De hecho, de los cuatro socios del MERCOSUR, Brasil es el que más ha hecho uso de este recurso natural para llevar agua potable a poco más de 300 ciudades a lo largo de los 840 mil kilómetros de reserva subterránea ubicada en el gigante sudamericano.
'Es bueno que nos pongamos de acuerdo para cuidar el acuífero, pero debemos estar alerta ante un intento privatista', subrayó Vilma Rosas, de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (OSE), de Uruguay, en referencia a los convenios firmados con instituciones internacionales para acometer proyectos de extracción en esta esfera.
Dentro de estos planes, Rosas recordó el proyecto potenciado por el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos con participación de la Agencia Internacional de Energía Atómica a fin de 'regular el uso del Acuífero Guaraní y evitar su contaminación'.
La nueva 'geopolítica del agua' El interés alegado de los organismos internacionales (voceros del primer mundo) para reforzar su presencia en la zona donde subyace esta imponente reserva de agua dulce, coincidente con el área que cubre la amazonía brasileña, hace que fluya con fuerza la cascada de desconfianza de organizaciones sociales e instituciones del Cono Sur latinoamericano. La red social brasileña Grito Das Aguas sostiene que el proyecto de protección ambiental apuntalado por el Banco Mundial proporcionará información estratégica para los grandes grupos económicos 'orientando sus inversiones hacia un mercado del agua, y con ello, el control privado de nuestros recursos naturales'.
Las naciones del Norte necesitan de los recursos naturales del Sur para expandir su desarrollo en el proceso de acumulación de riqueza que caracteriza al modelo neoliberal, de ahí que esté en juego la soberanía de nuestros pueblos, reitera la organización no gubernamental. La región del Amazonas, con todo su caudal hídrico, y la floresta que se extiende sobre una vasta franja verde de bosques tropicales húmedos constituye el principal pulmón del planeta y asiento natural de una variedad infinita de especimenes del reino animal y vegetal.
La amazonía brasileña aparece registrada en documentos del Departamento de Estado norteamericano entre los llamados espacios ingobernados, controlados presuntamente por bandas de narcotraficantes y contrabandistas, fuera del control de las autoridades nacionales.
Sin embargo, numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado la adquisición en esa región de terrenos por parte de ciudadanos estadounidenses y compañías extranjeras (mayormente, norteamericanas) para asirse poco a poco del control de los recursos naturales.
Por otro lado, el círculo de amenaza se cierra también sobre la llamada 'Triple Frontera' compartida por Brasil, Argentina y Paraguay-, que no por casualidad figura en la anunciada agenda 'antiterrorista' de la administración estadounidense de George W. Bush, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Varias veces en el año, efectivos del Comando Sur de Estados Unidos se despliegan con armamentos y equipos de primera tecnología hasta ese territorio con el pretexto de realizar ejercicios de entrenamiento y maniobras conjuntas con los ejércitos regionales en la preparación de tropas élites.
En el libro 'La Guerra Infinita: Hegemonía y Terror Mundial', la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña describe a la Triple Frontera 'como la llave de acceso político y militar a la región amazónica'; una especie de límite entre los dos países más importantes de Sudamérica (Brasil y Argentina).
Lugar rico en biodiversidad, pero donde el agua se erige reina de la abundancia con el Gran Amazonas -y sus afluentes-, la Cuenca de la Plata y las portentosas Cataratas de Iguazú que salpican el río Paraná, en cuyas márgenes opuestas se levantan las hidroeléctricas más potentes del mundo, Itaipú (Brasil-Paraguay) y Yacyretá (Paraguay-Argentina).
Pero la batalla por la preservación y defensa de los recursos hídricos de la región pasó en los últimos meses del protagonismo de organizaciones no gubernamentales a la agenda de los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Néstor Kirchner, tras la firma de la Declaración sobre el Agua.
Sin embargo, no significa que cesen las presiones a través de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre los gobiernos regionales, bajo el tamiz de proyectos financiados que esconden verdaderos propósitos hegemónicos.