Argentina: en defensa del monte nativo, por Agrupación Ecologista Paranaguá

Esta decisión política colocó a la provincia en una posición de avanzada en defensa de su patrimonio natural y, por ende, de su soberanía y del bienestar de sus habitantes.

Si bien es cierto se apuntaba a la preservación del substrato natural en aquellos ámbitos geográficos relacionados con los cursos de agua, se avanzaba claramente en la salvaguarda y defensa de la totalidad de estos recursos ?por extensión? de la cultura tradicional y estrategias de vida emergentes. La población entrerriana de los ámbitos rurales ha recibido estos bienes por herencia y debe celosamente custodiarlos por su relevancia histórico-social.

PROTECCIÓN DE RECURSOS. En este sentido, declaraba ?de interés provincial todos los proyectos de conservación y recuperación de suelos, bosques, vegetación y fauna especialmente nativas, en riberas, barrancas y zonas aledañas a ríos, lagos, arroyos e islas? (Art. 3º).

En el artículo 5º se avanzaba aún más sobre este concepto cuando se declaraba ?de interés prioritario en la provincia de Entre Ríos, para todos los niveles y modalidades, los programas de capacitación docente y de enseñanza que incluyen en sus contenidos y actividades el desarrollo de la eficiencia energética y la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, particularmente los hídricos?. Está claro que si se utilizaba la frase ?particularmente los hídricos? es porque de ninguna manera se excluía a la totalidad de los recursos. Todos sin excepción pasaban a ser protegidos por dicha norma legal.

Esta ley significó para la provincia e inclusive para el país una verdadera revolución en la defensa de su soberanía y de sus recursos naturales e inclusive socio-culturales, imprescindibles para asegurar la calidad de vida y el futuro de sus habitantes. Entre Ríos pasó a ser pionera a nivel nacional en ese aspecto. El acontecimiento llegó, inclusive a tener repercusión internacional.

EMERGENCIA AMBIENTAL. Exactamente seis años después ?septiembre de 2003? el Gobierno provincial, pese a sus contradicciones y conflictos de todo tipo emitió el Decreto Nº 4519 de defensa de los montes nativos. De maneara expresa se aclaró que se trataba de una medida de emergencia ambiental. Apuntaba a poner freno a los despropósitos que se estaban cometiendo como consecuencia del avance de la frontera agrícola por causa de la expansión del cultivo de la soja. Este manipuleo, la mayoría de las veces ilegal de los recursos, al margen de todo control y mínimo sentido de racionalidad y solidaridad social recibió, aunque algo tardíamente la atención gubernamental.

Así y todo, ambos cuerpos legales establecieron hitos más que significativos. Evidenciaron un creciente grado de conciencia sobre la necesidad fundamental de preservar y defender el patrimonio de los entrerrianos, esencial para garantizar la continuidad de su desarrollo social. Se anteponía, a riesgo de promover una oleada de incomprensiones o bien de protestas interesadas, el interés de la provincia a los apetitos sectoriales o individuales.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. ?En el marco de estas dos decisiones políticas nos preguntamos qué sentido tendría la vida de los entrerrianos si dejáramos perder, deteriorar, alterar o enajenar, en actitudes de imperdonable mediocridad conceptual o en aras de espurios intereses los resortes fundamentales de nuestro patrimonio, substrato básico de nuestra población: cursos de agua, suelos, clima, aguas subterráneas, montes naturales y, fundamentalmente, uno de los aspectos más esenciales como es la biodiversidad. Después de tales pérdidas, nadie se hace ni siente responsable.
Estos dos hitos fundamentales, emanados desde esferas de gobierno de distinto signo político, confluyen en un propósito único y fundamental, es decir, la defensa de los intereses ambientales básicos y de la soberanía de la provincia.

Sin embargo, creemos oportuno señalar que no advertimos a la fecha una decisión política clara y menos aún contundente y categórica, tal como los intereses provinciales lo reclaman con respecto al aludido Decreto Nº 4519 de defensa del monte nativo. Mientras tanto las topadoras siguen haciendo su trabajo. Y reina la impotencia para ponerles freno. Cientos de hectáreas de montes naturales caen a diario por decisión de aquellos que, con nombre y apellido, se creen dueños de un patrimonio común.

Sería entonces más que lamentable que Entre ríos comenzara a dar marcha atrás en cuestiones de tamaña importancia. El agro es incuestionablemente el resorte fundamental del quehacer provincial. Si se llegaran a talar las ochocientas mil hectáreas de montes naturales con que aún cuenta la provincia, las consecuencias para la preservación de nuestros recursos y para el ambiente serían tan catastróficas como la construcción de la represa de Paraná Medio.

Esperamos pues una urgente definición del Gobierno en donde quede clarificada su posición en este sentido de cara a una política racional y en defensa de los intereses provinciales. Las fuertes presiones de los grupos que únicamente piensan en su interés económico-sectorial, deberán ser soslayadas. Así se expresa la nueva política a nivel nacional. Es de tener presente que el Gobierno provincial ha declarado repetidamente su total alineación con esta filosofía.

El Diario de Paraná, Argentina, 30-12-03