Argentina: la posesión de la tierra, eje de un conflicto en Mendoza
En la localidad de Jocolí, la familia Sarmiento, campesinos integrantes de la UST, está en pleno conflicto por unas 2800 hectáreas de un campo de 7000 hectáreas de secano, con las empresas Argenceres, y con Agropecuaria Elaia SA
Los conflictos por la tenencia de la tierra recrudecen en el interior profundo. La valorización de los campos y la aparición de inversores que adquieren grandes extensiones para emprendimientos productivos desconociendo la historia de las tierras que compran, desencadenan enfrentamientos entre esos inversores y las comunidades campesinas que por generaciones han tenido la posesión efectiva de los campos, sin un título de propiedad que regularice sus derechos.
Este es el caso que hoy se debate en la localidad mendocina de Jocolí, en el departamento Lavalle. Allí, la familia Sarmiento, campesinos integrantes de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), está en pleno conflicto con las empresas Argenceres, del grupo español Portichol, y con Agropecuaria Elaia SA, ambas con emprendimientos olivícolas en distintos puntos de Mendoza. En disputa hay unas 2800 hectáreas de un campo de 7000 hectáreas de secano, ubicado 25 kilómetros al norte de Jocolí, cercano al límite con San Juan y lindero con la ruta 40.
El conflicto
El 26 del mes pasado, la UST denunció que el 24 de mayo enviados de las empresas destruyeron con una topadora uno de los puestos del campo comunitario en el que trabaja la familia Sarmiento. En él vivía José Sarmiento, campesino que falleció en diciembre último. "Aprovecharon la muerte de un campesino para pretender sostener que el lugar estaba abandonado", expresó la organización campesina. Y añadió que además de destruir las instalaciones, cercaron con alambres partes del campo. Para resistir el desalojo, el resto de la familia Sarmiento e integrantes de la UST levantaron una carpa en medio del puesto destruido, donde aún permanecen. La actividad productiva allí es la ganadería trashumante, es decir, un tipo de crianza que implica ir rotando con los rodeos por distintas zonas del campo según el momento del año y la disponibilidad de pasturas. Esa forma de producir obliga a los campesinos a trasladarse entre los distintos puestos para cuidar los animales. Además de cabras y vacas, también producen porcinos, gallinas y hacen apicultura.
En diálogo con La Nacion, un representante de Agropecuaria Elaia SA, que pidió no ser identificado, señaló que el campo en cuestión fue adquirido en septiembre de 2010 a Argenceres, que a su vez lo habían comprado a los herederos de Gregorio Moretti. "Todo esto es un montaje. Los sin tierra quieren armar alboroto. Los Sarmiento nunca vivieron allí", exclamó el empresario con acento español. Y denunció que los familiares del campesino fallecido, el 26 del mes pasado "se introdujeron por la noche en el campo de Elaia, cortaron los alambrados y se instalaron en el lugar". Añadió que la firma lo único que hizo fue "corregir la ubicación de los alambrados según los datos del catastro".
En cuanto a las consecuencias legales, los campesinos destacaron que la policía se negó a tomarles la denuncia. En cambio, ante la presentación de la empresa en la justicia, la fiscal María Luisa Cannata, de la Oficina Fiscal Nº 7 de Lavalle, imputó, el martes 31 del mes pasado, por "usurpación", a Pablo, Pablo (h) y Facundo Sarmiento. La Nacion intentó infructuosamente comunicarse con la fiscal.
Luego de que este conflicto tomó estado público, la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de Mendoza (Doadu) resolvió enviar al campo una delegación de técnicos para relevar la situación. Tras esa diligencia, Leonardo Miranda, responsable del Programa Arraigo de Puesteros de la Doadu, señaló a La Nacion que este es un caso típico de la zona y tiene que ver con generaciones de campesinos que viven y trabajan en un campo sin acceder a los títulos de propiedad. "En el caso de la familia Sarmiento, ellos tienen la posesión del campo registrada desde 1944. En el medio, los títulos fueron pasando por muchas manos, pero la posesión efectiva siempre fue de los Sarmiento".
Agregó que conforme a la ley provincial 6086, sobre arraigo de puesteros, esta familia tiene derecho a permanecer en la tierra que viene ocupando. "Ellos tienen la documentación que los acredita como puesteros: figuran en el registro de marcas y señales, indispensable para poder vender sus animales; han sido relevados en los distintos Censos Agropecuarios, y están inscriptos en el Registro Unico de Puesteros". Miranda explicó que ahora elevarán a la justicia toda la documentación que respalda la posición de la familia Sarmiento. "Nosotros acreditamos que llevan cerca de 70 años de historia en el lugar, de manera pública, pacífica y permanente. Por lo que no hay manera de que se pueda configurar el delito de usurpación".
Con profunda pena, Pablo Sarmiento, dijo que "da mucha rabia que venga gente de plata y nos quiera arrebatar lo nuestro de esta forma. Estamos firmes, vamos a aguantar, tenemos la fuerza que la UST como organización nos da". Y explicó: "No queremos que nuestros hijos se tengan que ir del campo, queremos para ellos una vida digna. Imagínese que mis hijos y yo somos nacidos y criados en este campo. Vamos a seguir resistiendo hasta que la cosa se solucione, no vamos a aflojar".