Brasil: las barreras anti-represa consiguen refuerzos, por Evandro Bonfim
Dos campamentos apostados a ambos lados de la frontera entre los estados de Rio Grande do Sul y de Santa Catarina continúan impidiendo la construcción de represa en la localidad de Barra Grande, que afectará a los dos estados y destruirá la vegetación nativa protegida por una ley federal
Adital - Esta mañana, las barreras de los agricultores ganaron refuerzos, sin los cuales el movimiento no conseguiría impedir el corte de madera promovido por el consorcio empresarial BAESA.
Esto acontece porque contrariando el despacho preliminar que suspende las obras de la represa, la empresa quiere reiniciar la deforestación, y para eso cuenta con la ayuda de efectivos de la policía local. Anteriormente, el grupo ya había violado la ley por valerse de un estudio de impacto ambiental fraudulento, elaborado por la empresa ENGEVIX.
"En ningún momento los responsables quieren admitir el fraude y entrecruzan acusaciones, pero nadie quiere asumir la responsabilidad, con el despacho preliminar en vigencia la empresa continúa violando la ley y la policía continúa escoltando el trabajo ilegal de la empresa", comenta el Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB).
Hoy por la mañana, los damnificados por la represa de Barra Grande realizaron una importante reunión en Vacaria/RS, con varias entidades ambientalistas, iglesia, abogados, promotores y damnificados por represas del Sur del País. En la tarde, se realizan asambleas simultáneas en los dos grandes campamentos y será decidido lo que se realizará de ahora en adelante frente a la realidad en que se encuentra la región.
La expectativa de los agricultores es que con este apoyo recibido en el último período, la lucha puede ser fortalecida y esa realidad debe ser denunciada por todo el mundo. A partir de estos encuentros, serán enviados documentos de denuncia y también pueden ser abiertos varios otros procesos de acciones contra BAESA.
El consorcio BAESA está formado por los grupos Votorantin, Bradesco, Camargo Correa, CPFL, ALCOA. La empresa tendrá que adquirir un área de 5.740 (cinco mil setecientos cuarenta hectáreas para la formación de una nueva reserva semejante a esa floresta que va a ser destruida, pero damnificados y ambientalistas aún cuestionan este encaminamiento porque traerá tanto impactos ambientales como sociales, en virtud de la pérdida de tierras cultivables usadas por los agricultores de la región.