Colombia: privatización de las aguas
Un proyecto de ley que fue presentado el pasado 31 de mayo al Congreso y que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se ha convertido en una de las iniciativas ambientales más polémicas de los últimos tiempos. Se trata de la Ley de Aguas, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, radicada con el número 365 de 2005
Desde cuando comenzó a estructurarse, hace tres años, en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente, impulsado por la parlamentaria Nancy Patricia Gutiérrez, el proyecto puso a revolar a instituciones públicas y privadas defensoras del medio ambiente, asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales, gremios del sector productivo, académicos, ciudadanos comunes y corrientes y hasta a entidades estatales de orden regional y local.
La advertencia de los críticos contra la iniciativa es clara: de aprobarse el proyecto en los términos en que fue presentado, "el país abre la puerta para la privatización del agua". El Ministerio de Medio Ambiente rechaza la afirmación y asegura que el proyecto es muy claro en señalar que "el agua es un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible".
Un documento elaborado por un grupo de expertos técnicos y jurídicos, de la Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales, Asocars, incluye unas 160 observaciones y 25 cuestionamientos a los 53 artículos que componen el proyecto. Adicionalmente, investigadores y expertos de las universidades de Los Andes y la Javeriana, así como de la Corporación Ecofondo, coinciden en varias de las críticas al texto de la futura ley de aguas y advierten sobre el alto riesgo que corre el país en caso de que la iniciativa sea aprobada en los términos en que fue presentada por el Gobierno.
También solicitan al Congreso, corregir el sin número de imprecisiones que contiene el proyecto, producto de terminología confusa e incoherente, así como la serie de contradicciones.
La exposición de motivos de la ponencia del proyecto advierte que de no tomarse medidas, respecto al manejo y la conservación de cuencas, para el año 2025, el 69 por ciento de la población colombiana podría enfrentar desabastecimiento del líquido. El segundo gran riesgo es el del encarecimiento del servicio, como consecuencia de la privatización de los acueductos. Un estudio presentado por el concejal de Bogotá, Fernando Rojas, señala que la privatización de algunos aspectos de la operación del acueducto capitalino encareció en 126 por ciento las tarifas para el estrato 1, entre el 2001 y el 2003, en 58 por ciento para el estrato 2 y en 55 por ciento para el estrato 3.