Expertos debaten en Malasia efectos de agricultura transgénica
Los perjudiciales efectos de la agricultura transgénica para las sociedades aborígenes centra los debates de los delegados a la I Conferencia Mundial de Bioseguridad, que se celebra en esta ciudad
Kuala Lumpur, 24 feb (PL) Mientras un grupo de países del Tercer Mundo solicita la implementación de medidas para evitar la biocolonización, indígenas presentes en la Conferencia abogan porque se calcule el costo que tendrá la introducción de los organismos genéticamente modificados (OGM), en sus sociedades.
La ingeniería genética aplicada a la agricultura se ha convertido en una poderosa arma para la invasión cultural, dijo Doreen Stabinsky, asesora de la organización Greenpeace.
En las reuniones, que se extenderán hasta el próximo jueves, delegados de más de 180 países evaluarán cómo marcha el Protocolo de Cartagena, el primer acuerdo internacional que rige la transferencia, manejo y uso de OGM, por medio de la biotecnología moderna.
Asimismo, se intenta llegar a acuerdos sobre la creación de un modelo de responsabilidades y sanciones para aquellos países que incumplan el Tratado, el cuál entró en vigor el pasado 11 de septiembre.
El Protocolo de Cartagena, adoptado en el 2000 por los miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica, busca un comercio internacional de transgénicos más transparente, a través de medidas de seguridad acordes con las necesidades de consumidores, industriales y, en particular, con el medio ambiente.
Su objetivo es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad global, según explica una guía sobre el protocolo ofrecida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
El proceso de conciliar intereses legítimos del comercio, la bioseguridad y otros no ha resultado fácil. Existe una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología el camino hacia la seguridad alimentaria, y aquellos que aducen razones éticas, ambientales, sociales y de salud.
Los países africanos han sido hasta el momento los principales defensores del Protocolo, a cuya ratificación se oponen naciones como Australia, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Argentina y Canadá, que integran el llamado grupo de Miami.
Prensa Latina, Internet, 24-2-04