Informe sobre los pueblos originarios: mentiras y realidades

En Ginebra y ante un comité de expertos de la ONU, el titular del Inai aseguró: ?los indígenas en Argentina tienen garantías de respeto de los derechos humanos, pueden ocupar cargos públicos, les es posible tener personería jurídica, y el gobierno se ha comprometido a resolver las reivindicaciones sobre sus tierras ancestrales?. El mismo día, se conocía el brutal ataque a la comunidad de Río Blanco Banda Sur, de Orán, por parte de la multinacional Seaboard Co que pretende arrebatar a los palos las 180 hectáreas en las que sobreviven 60 familias. Es apenas uno de los 43 casos denunciados en Ginebra por el Cels por violaciones a los derechos fundamentales de quienes libran, una vez más, una batalla desigual: la voracidad de las empresas en tiempos de cultivos transgénicos aceleró los conflictos y la ferocidad de los ataques. En este informe, el detalle de la fábula presentada por el gobierno, el informe del Cels y la lista de los 43 casos denunciados. Y un dato clave: este miércoles, la Comisión de Población de Diputados debe aprobar el proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades.

Sentado frente a los expertos integrantes del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Jorge Rodríguez aseguró que "los indígenas en Argentina tienen garantías de respeto de los derechos humanos, pueden ocupar cargos públicos, les es posible tener personería jurídica, y el gobierno se ha comprometido a resolver las reivindicaciones sobre sus tierras ancestrales".

Lo aseguró en Ginebra, el jueves 11 de agosto, el mismo día en que se conocía la noticia de la denuncia penal que la empresa El Tabacal/Seaboard Co presentaba contra el párroco José Aulletta, el abogado Hernán Mascietti y una escribana, las tres personas que ayudaron, entre otras cosas, a difundir el ataque que sufrió el 5 de agosto la comunidad de Banda Sur, en Orán, por parte de esa multinacional que posee en la zona 22.000 hectáreas y pretende, a los palos, arrebatarles las 180 en las que sobreviven estas 60 familias. El Inai se había comprometido a pagar los costos de un agrimensor para medir el terreno y los gastos para la regularización legal de la propiedad comunitaria. Dos compromisos que nunca cumplió.

Lo aseguró en Ginebra y ante el mismo Comité que recibió un informe elaborado por el Cels (ver link Informe sobre violaciones a los derechos territoriales), donde se afirma, entre otras cosas, que "Los indígenas no cuentan con ningún tipo de representación en los órganos del Estado ni se han instituido mecanismos para que ello se concrete, y son los funcionarios y las agencias estatales quienes se encargan de delinear, sin consulta alguna, las necesidades y prioridades de estos pueblos". El Cels presentó 43 casos concretos de violaciones de derechos y destacó, especialmente, uno: "Un problema gravísimo que no podemos dejar de resaltar en este informe es la terrible persecución y represión que desde el Estado se efectuó en contra de la comunidad Toba Nam Qom en la Provincia de Formosa. A mediados del año 2002, alrededor de 100 policías ingresaron en territorio de esta comunidad, sin orden judicial alguna, en busca de algunos indígenas a quienes se los acusaba de matar a un policía. Según las denuncias presentadas, los policías golpearon y maltrataron a niños, hombres y mujeres de la comunidad, muchos de los cuales sufrieron serias amenazas y vejámenes e incluso fueron torturados. Finalmente fueron detenidas 8 personas, quienes quedaron incomunicadas en una comisaría y bajo aplicación de torturas fueron obligadas a firmar declaraciones en su contra. Tres de ellos, pese a las evidentes irregularidades en el procedimiento y a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas, al mes de julio 2004 continúan detenidos" .

Lo aseguró un mes después de haberse presentado ante la Comisión de Población y Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, donde detalló en qué condiciones el Estado argentino garantiza los derechos de los pueblos originarios: el Inai cuenta con 25 personas que consumen la mitad de su presupuesto en gastos administrativos y salarios (cuatro millones de pesos anuales); tiene un solo abogado y en dieciocho años nunca regularizó el funcionamiento al que lo obliga la ley. Dijo Rodriguez ante los diputados: "El alma del INAI, lo más importante que tiene para hacer, es el RENACI, es decir, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya creación se encuentra establecida en la ley. Actualmente el RENACI tiene dos técnicos y una computadora" : Una explicación de porqué la Argentina no puede hasta la fecha establecer cuántos habitantes de este país pertenecen a pueblos originarios ni atender los trámites de las casi 1.200 comunidades que necesitan registrarse para acceder a un reconocimiento legal.

También detalló cómo, en el marco de esos recursos escasos, establece sus prioridades: el Instituto recibe del Ministerio de Educación 6.000 becas para estudiantes secundarios, aún cuando en sus propios cálculos estima que serían necesarias unas 16.000. "El proceso de otorgamiento de becas nos ha insumido los tres primeros meses de mi gestión" . Interrogado sobre el monto de esas becas, detalló que se trata de 400 pesos anuales. Es decir, unos 10 dólares por mes.

Lo aseguró después de que esa Comisión de Diputados hubiera escuchado por boca de Estela Miranda, de la comunidad kolla guaraní de Banda Norte, un pedido desesperado: "Le quiero decir que el señor presidente del INAI, que dice que nos representa, que haga algo por los pueblos indígenas, que no nos deje matar como perros; no somos perros, somos seres humanos" .

Lo aseguró días después de que Indymedia Argentina diera a conocer la carta de la renuncia de Anna Suárez Smink, responsable de la gestión de personerías jurídicas del INAI, en donde expresa: "A las falencias estructurales e institucionales que considero tiene el INAI, se le suma la designación para presidirlo de personas, como el Dr. Jorge Rodríguez, con actitudes y posiciones totalmente contrarias a las demandas de los pueblos indígenas, que se divierten y juegan ambiguamente con los supuestos conflictos internos de las comunidades indígenas mirando y provocando falsas divisiones que usan como excusas para la inacción y la falta de respuesta a reclamos estructurales como son la restitución del territorio a los pueblos originarios y el control de sus recursos naturales. Cómo puede ser que este gobierno que se jacta de querer construir un nuevo país basado en el combate a la injusticia social ponga a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a una persona que envía a sus técnicos a las comunidades a "ver que tan truchos son estos indios" o que deslegitime los reclamos de comunidades indígenas con argumentos dignos de otras épocas afirmando que algunos reclamos de las comunidades indígenas son producto de la presencia de "agitadores políticos" .

Lo aseguró días antes de que la Comisión de Diputados trate este miércoles 18 de agosto un proyecto de ley de emergencia para frenar los desalojos de las comunidades indígenas, el verdadero punto de conflicto que pone de relieve el incumplimiento de los derechos que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes locales consagran a quienes todavía hoy sufren las consecuencias de una batalla desigual. Como bien caracterizó la diputada Marta Maffei -autora del proyecto- en esa reunión: "El hecho de que los cultivos transgénicos tengan un marco de comercialización tan elevado ha significado que se haya despertado la ambición de muchos propietarios -algunos extranjeros, que tienen una ambición desmedida y a los que ni siquiera les importa no solamente sacar a la comunidad, sino pasar la topadora por arriba de la tierra nativa, se trate de bosque, de monte o de lo que fuera, arrasando todo - sean propietarios de tierras fronterizas. En cuatro o cinco años la tierra, sin renovar, queda terminada y el empresario se va. Entonces, este es un estado de urgencia que se ha producido en este último periodo por la situación provocada por la devaluación del peso y su relación con las exportaciones. Está todo vinculado. Y esto ha despertado una sucesión de expulsiones, desalojos y expropiaciones en contra de los indígenas" .

Lo aseguró después de haber reconocido ante los diputados que se había enterado del litigio de la comunidad mapuche con la empresa Benetton "por lo que leí en los diarios" y de haber escuchado la respuesta del diputado Tinnirello: "Hay cientos de conflictos generados por quienes desalojan a los indígenas y el INAI no es parte en esos procesos. Por ejemplo, Benetton tiene 900 mil hectáreas en la Patagonia, y ha mandado desalojar indígenas violentamente, con tanques. Hay fotos del año 2000 que han circulado por todo el mundo, donde se ve que los tanques del Ejército Argentino se han puesto al servicio de los grandes terratenientes y grupos extranjeros para ir a desalojar. Y los indígenas tan heroica y valientemente se paran con sus caballos delante de sus tanques y dicen "de acá no me sacan sino muerto", porque son sus tierras. Entonces, es grave no saber hoy lo que pasa con Benetton, que ha habido un acuerdo con una institución muy corrupta, desde mi ángulo, entre otras, que es la Justicia, que le concedió a Benetton la propiedad de las tierras con una fotocopia de 1896, que presenta como único elemento para determinar la propiedad de esa tierra. Eso es una vergüenza" .

Lo aseguró desoyendo las voces que en esa reunión desfilaron, una tras otras, para trazar el verdadero cuadro de situación. Las versiones taquigráficas del encuentro registraron así con qué garantías de respeto a los derechos fundamentales cuentan hoy las comunidades indígenas en este país:

Testimonio de Horacio Guzmán, de la comunidad guaraní El Tabacal, del departamento Orán, provincia de Salta.
" El 16 de septiembre del año pasado fuimos desalojados, de noche, con la policía, sin importarles que había mujeres embarazadas y niños. Fueron, nos azotaron y nos sacaron.

Yo me pregunto por qué, si nosotros queremos vivir en nuestra tierra, que nos fue quitada hace quinientos años y seguimos sufriendo. Estamos cansados de padecer hambre. Nosotros queremos volver a nuestro territorio para darle algo mejor a nuestros hijos, ya que a nuestros abuelos los han obligado a hablar esta lengua que estoy hablando yo, no mi lengua guaraní.

Muchos hablan de que hay que recuperar la cultura. ¿Cuál es la cultura? Nuestra propia tierra es la que nos da la cultura.
A mí me duele, porque nos tratan como criminales, nos han llevado esposados. ¿Qué somos nosotros? Yo me pregunto: cuando han ido a adueñarse de nuestras tierras, cuando han masacrado a nuestros abuelos, ¿quién dijo algo? Nadie.
Seguimos sufriendo, seguimos padeciendo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir padeciendo? Hay tantas leyes, y no se respetan. El señor Rodríguez dice que el Estado nos reconoce a nosotros si tenemos una personería jurídica; nosotros hacemos todo eso, pero cuando exigimos nuestras tierras y volver a donde queremos, ahí ya no hay leyes para nosotros.
Ustedes, los diputados y senadores, son los que hacen las leyes, ¿y nosotros qué somos? El año pasado decidimos caminar, y caminamos 248 kilómetros, desde Yrigoyen hasta Salta, para que vean nuestro sufrimiento, para que sepan en la provincia lo que pasa en la comunidad. El año pasado decidimos volver acá, y ahora estamos de nuevo golpeando puertas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir golpeando puertas?
Lo que queremos es volver a nuestras tierras, trabajarlas, porque estamos cansados de recibir limosnas y bolsones. Nosotros sabemos trabajar, queremos tener nuestras tierras y cuidarlas, lo que queda, porque lamentablemente vienen empresas de afuera y se las venden, sin importar si allí hay comunidades o no, porque no nos respetan, pero les gusta que nosotros los respetemos a ustedes. ¿A nosotros quien nos respeta? No nos respeta nadie, nos pasan por encima.
Ahora se nos ha abierto una causa por usurpación de tierras.

¿Y nosotros a quién tenemos que hacer una causa por usurpación de tierras, cuando vinieron, mataron a nuestros abuelos y nos quitaron la tierra? Nos han pasado por encima y todavía se burlan diciendo: ¿ustedes tienen papeles? Es una burla que se hace contra nosotros, y estamos cansados ya.
Hace casi dos meses que la comunidad de El Tabacal, junto con Río Blanco Banda Norte y Banda Sur, estamos en la Capital golpeando puertas para que vean que una comunidad busca y busca, pero lamentablemente donde vamos nos dicen "sí, sí" y todo queda ahí no más. Y nosotros seguimos golpeando puertas.

Lo que quieren es que nosotros volvamos de nuevo allá. Vamos a volver, y yo sé que allá nos van a volver a agarrar con la policía, y quizás alguien de ahí va a salir muerto. Porque la primera vez cuando fueron los policías hicieron tiros; no les interesó si había chicos o no, si había mujeres embarazadas; y fueron de noche, en la oscuridad. Nosotros no somos asesinos, no somos criminales; simplemente queremos dejar algo para nuestros hijos. Este país es rico, por donde lo vean, pero lamentablemente -con perdón de la palabra- nos estamos cagando de hambre. ¿Por qué?

En el sur viene Benetton y le venden la tierra, y los hermanos mapuches tienen que hacer un juicio contra esa empresa. Ahora nosotros tenemos que hacer juicio contra la empresa Tabacal. ¿Cuándo nos van a devolver por el daño moral que nos han hecho a nosotros? Cuando fueron detenidos, varios hermanos quedaron psicológicamente mal, con miedo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?

Las distintas etnias guaraníes cumplimos lo que está, pero cuando nosotros empezamos a exigir que se apliquen las leyes que existen, el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169, hacen oídos sordos. Muchas veces he pensado que para nosotros, los originarios, no existe democracia; nosotros somos la parte oscura de esta República Argentina, porque no tenemos derecho a exigir parte de nuestras tierras que nos han sido quitadas.

Lamentablemente, recién ahora quieren hacer que se aprenda a hablar nuestra lengua. Cuando he venido el año pasado he preguntado en una escuela por qué se exige hablar inglés o francés, y no las lenguas riquísimas de cada etnia de la República Argentina. Nosotros hemos aprendido la cultura de afuera, no la nuestra. Si nosotros hubiéramos aprendido a cuidar lo que tenemos, no estaríamos aquí.

Les doy un ejemplo: la comunidad Cris, de Canadá, tiene su territorio, pero nosotros no, a pesar de que se firma el convenio 169 y demás. La Argentina está bien hacia afuera con otras comunidades, pero adentro es otra realidad.

Nosotros hemos venido una vez, dos veces, tres veces, y vamos a venir las veces que sean necesarias a exigir. Espero que de esta reunión salga algo concreto para nosotros, porque estamos cansados. Quizás esta lucha no la termine yo sino mis hijos, porque cada uno vela por sus hijos y por la comunidad.
Donde vivimos nosotros estamos rodeados de cañaverales. Está la loma: esas tierras son nuestras. Ahora el señor Rodríguez dice que hay que consultar a antropólogos para ver si hemos vivido ahí.

Sra. Pérez Suárez.- Los diputados de su provincia, ¿qué dicen?
Sr. Guzmán.- Lamentablemente a los diputados de nuestra provincia no les interesa nuestro problema. Cuando el año pasado fuimos sacados de la loma y detenidos, no hubo ningún diputado. Yo sé que acá hay una senadora Escudero, que dice que nos representa, pero no estuvo cuando fuimos detenidos y estuvimos dos días presos; tampoco estuvo el intendente.
Hay un expediente contra veintidós de nosotros por usurpación de tierra, y si perdemos, nos hundimos. Porque volvemos a nuestra tierra nos hacen un juicio por usurpación: ¿y nosotros a quién se lo vamos a hacer por la usurpación que nos han hecho?

Sinceramente les digo, no sé qué le puedo decir a mi hijo de que antes estábamos en los tiempos de los militares y ahora en democracia. Para mí, para las comunidades, estamos como en los tiempos de los militares, porque a nosotros no nos respetan. Así como ha habido una ley para que suban y los traigan, y fueron vestidos de civil, con nosotros, porque nos metemos ahí, ya nos ponen la policía. Tanto daño que se ha hecho en la República Argentina, y nosotros seguimos sufriendo. Disculpen si ofendí en algo".

Testimonio de Andrés Madariaga, presidente de la Asociación Civil de Defensa del Derecho del Aborigen, Formosa
"Soy presidente de la Asociación Civil Defensa del Derecho de los Aborígenes.

Hemos luchado para poder obtener una personería jurídica como asociación civil, porque de esta forma podemos tener eco favorable dentro de la provincia, sobre todo en las acciones legales.

He escuchado y anotado varias cosas sobre Formosa. Con el tema de la educación, por ejemplo, en Formosa tenemos 120 comunidades de las tres etnias de la provincia: están primero los hermanos wichi, que tienen 56 comunidades; siguen los tobas, que tienen 32 comunidades, y nosotros, la etnia pilagá, tenemos 14 comunidades. Somos el 28 por ciento de las 460 mil personas de la población, más allá de los indocumentados y de los que no pueden renovar el documento por cuestiones económicas.

El censo no existe en la provincia. Es la política fundamental para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tome punta en esta causa para que nosotros podamos ser censados en la provincia y en el país, para ver cuándo componemos este país y el suelo argentino.

No quiero ser ajeno en esta causa, porque la causa es nuestra, es argentina. Nosotros no somos hijos de inmigrantes; somos hijos milenarios y reivindicamos la lucha para adelante.

No quiero abrazar la reparación histórica mientras no haya derecho jurídico sobre la tierra. Sería muy importante trabajar con la comisión sobre este tema de los derechos indígenas, y cuando se habla de un proyecto, como indígena, como hijo de esta tierra, considero que podría ser un proyecto de cooperación de tierras.

¿Por qué nosotros debemos pagar una expropiación cuando ellos penetraron nuestras comunidades, no vinieron siquiera a avisarnos que ellos entraban con sus maquinarias, con sus animales, con aliados en el Estado provincial? Por eso decimos "basta". Apliquen la ley nacional 23.302, la 24.071, la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que por fin nos incorporó, más allá de lo que decía la de 1853 en el artículo 67, inciso 15).

Hoy por hoy abundan las problemáticas en las comunidades indígenas. En Formosa, una de las partes más discriminadas, hay un 70 por ciento de analfabetos en las comunidades indígenas y 15 mil indocumentados. En Formosa capital hay 22 mil planes jefes y jefas de hogar, y solamente 52 son para indígenas, de los 7 mil que viven alrededor de la ciudad de Formosa. Los más pobres son los indígenas, los más indigentes.
Nosotros queremos presentar un proyecto que se refiera a la recuperación de tierras. La base fundamental es primero la tierra, lo demás viene solo".

Testimonio de Estela Miranda, de la comunidad kolla guaraní de Río Blanco Banda Norte

"Nuestro caso es muy puntual y me alegra que me escuchen. Ojalá que me escuchen, que estas palabras lleguen a sus oídos y que puedan hacer algo por nosotros, porque en realidad se habla mucho y se hace muy poco.

También quiero decir que nosotros somos las víctimas de la injusticia que hemos vivido y estamos viviendo. Hemos sido desalojados el 2 de marzo, nos quitaron nuestras cosechas, nuestros bienes, nuestros animales se murieron, y después de haber esperado dos meses en la ruta, a plena lluvia y pleno sol, con hambre y sed, la señora jueza nos da la orden de que volvamos a nuestras casas, pero ella no cumple en ir a reubicarnos.

Entonces nosotros veíamos que ya íbamos a morir en la ruta. Nos sería fácil morir en nuestras casas y no en la ruta, porque no somos perros. Decidimos volver a nuestras casas, y ese mismo día nos abrieron una causa penal, por la cual toda la comunidad está acusada de ser usurpadora, de ser delincuente. Es una injusticia muy grande la que me trae por aquí.

No quisiera que yo ni mis hermanos sigamos siendo víctimas porque esto es una injusticia demasiado grande que ningún ser humano debe vivir. Pido por favor a todos ustedes, autoridades presentes y no presentes, que me escuchen, y les digo que voy a seguir hablando hasta que se nos haga justicia en esta situación.

Vengo desde muy lejos. No es fácil estar acá. Pero voy a seguir hasta ver que se cumpla la justicia como se cumplen muchas cosas. Les pido por favor que pongan en este momento la mano en su corazón como todo ser humano en el cumplimiento de la ley: del inciso 17), artículo 75 de la Constitución y de la ley 23.302.

No queremos más leyes. Queremos que las leyes que existen se cumplan; no queremos que se modifiquen porque no sabemos qué es lo que quieren modificar.

Entonces, yo se les pido por favor en nombre mío, de mi comunidad y de todas las comunidades que están sufriendo el atropello y la injusticia. Quiero decir basta a la injusticia, basta al genocidio. Quiero decir sí a la vida. Porque ahora de ustedes dependen mi comunidad y las demás comunidades.
En realidad, estamos al borde de un nuevo desalojo para el cual nosotros hemos decidido que ya no vamos a salir como antes. Que nos maten ahí donde estamos, pero no vamos a salir a la ruta.

Eso lo quiero decir especialmente a la señora diputada que dice que es de Orán. Me alegra haberla conocido. No la había conocido nunca, pero me gustaría que transmita esto a la señora jueza: nosotros vamos a exigir justicia acá, y estoy segura de que esto va a venir de lo alto. Vamos a conseguirlo.
Vamos a decir no a la injusticia. Queremos tener un derecho humano, queremos que exista un derecho humano. Para nosotros no existe el derecho humano y por eso nos hacen lo que nos hacen. Nos quitaron todo, y todavía tenemos una causa penal abierta.

Nos están citando todos los días los policías a los tribunales a hacernos firmar a presión cosas que no tenemos que firmar; es así todos los días. Es una cosa demasiado injusta lo que estoy viviendo y lo que está viviendo mi comunidad.

Por eso, les pido por favor, lo nuestro es muy puntual, que esto llegue a sus oídos y a su corazón. Se trata de la vida de los niños, de los jóvenes y de los ancianos que están en mi comunidad. Ellos están esperando que les lleve una respuesta positiva. Yo no sé qué les voy a llevar, qué les voy a decir, porque en realidad hasta ahora no consigo nada.

Es muy triste, porque hay muchas autoridades y muchos profesionales que nos pueden dar una mano. A mí me gustaría que eso se haga lo antes posible porque lo otro puede esperar, pero la muerte puede llegarnos, aunque no sabemos cuándo. Como ellos son del poder, tienen ejército, como bien dijo el tipo ese que se anda haciendo pasar por dueño: "el señor gobernador tiene un ejército". Mañana va a venir y nos va a matar. Esa es la amenaza que tenemos.

Tenemos una topadora que está destruyendo todo, todas las reservas que teníamos de tantos años que nos han dejado nuestros abuelos. Eso no lo queremos.

Pero ahora estamos cada día más presionados por la injusticia y la maldad. Me gustaría que por favor vean el video que me mandaron para que vean que es verdad lo que vengo planteando. No es ninguna mentira.

También exijo el cumplimiento de la ley. No queremos modificación; queremos que se cumpla para llegar a tener un título como comunidad indígena, para lo cual nosotros exigimos nuestras 500 hectáreas. Pero allá dicen las autoridades que tenemos que llegar a un negocio. ¿Cuál es el negocio que nos proponen? Firmar un contrato de arriendo.

Nosotros no vamos a firmar nunca un contrato de arriendo, porque eso sería hacernos cortar la cabeza. Entonces, nosotros no queremos eso. Queremos un título comunitario, que se nos respeten las 500 hectáreas y que no nos sigan quitando todos los días porque tienen una topadora, porque tienen gente que ha salido, que son empleados de la empresa que están armados.

Nosotros no tenemos armas. Somos gente muy humilde, muy pasiva, no hemos hecho nunca daño a nadie ni tampoco lo vamos a hacer. Por eso, vengo a pedir que hagan algo, por favor, no queremos ser más víctimas. No queremos que mueran niños porque esto es horrible.

Para nosotros no existen los derechos humanos. Muy clara y muy sincera ha sido la señora Ana María González (antropóloga, asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también presente en la reunión de Ginebra para informar sobre estos temas) cuando fui por primera vez a su oficina y me dijo: "Mire señora, le digo sinceramente que no puedo hacer nada por usted". Y veo que ha sido muy sincera. A mí me gusta cuando las personas son sinceras y no mienten.
También digo que la señora senadora Sonia Escudero dijo que estaba negociando, que el señor gobernador iba a comprar esa propiedad y que nos iba a expropiar. Pero esos son versos.

¿Por qué ahora la empresa sigue avanzando? Nosotros no tenemos defensa. No podemos pagar a un abogado; todos los abogados son del poder, son los jueces del poder. ¿A quién vamos a recurrir nosotros en esta situación? Es muy triste. Por eso vengo a pedir, por favor, si pueden hacer algo por nosotros. Somos muchas comunidades las que estamos viviendo esta injusticia, este atropello.

Y también les pido que no dejen de lado a todas las comunidades del sur, que están pasando por lo mismo que nosotros. Hace poco me habló un abogado de Orán diciéndome que por favor firmemos el contrato de arriendo porque sino íbamos a terminar como los de Benetton. Entonces, un abogado que está trabajando para nosotros, que me diga eso, es una injusticia demasiado grande, es algo horrible.

Entonces, ¿qué me espera? ¿Qué le voy a decir a mi comunidad? Yo quisiera saber quién es, de acá, el señor que está a cargo de Derechos Humanos. Quisiera saberlo para escuchar una palabra de parte de él. Porque en realidad no existen los derechos humanos.

Es muy triste, queridos hermanos, yo los considero mis hermanos, porque todos estamos bajo este cielo y en esta tierra; son mis hermanos, los quiero mucho y les agradezco que me hayan podido brindar este espacio y que puedan escuchar mi voz. Porque en realidad, si no se cumple la ley, esto va a seguir así. Nosotros no tenemos derechos humanos.
También les quiero decir que el señor presidente del INAI, que dice que nos representa, que haga algo por los pueblos indígenas, que no nos deje matar como perros; no somos perros, somos seres humanos".

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La Vaca.org, Internet, 16-8-04