México: El acuerdo sobre transgénicos firmado por Sagarpa es ilegal: Senado
Pacto trilateral sobre transgénicos
El pacto que suscribió el coordinador de Asuntos Internacionales de la dependencia, Manuel Villalobos, con representantes de EU y Canadá se realizó ignorando al Poder Legislativo
El acuerdo firmado por la Secretaría de Agricultura con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para determinar la forma en que se etiquetarán las exportaciones e importaciones de organismos genéticamente modificados en la región es ilegal.
De acuerdo con la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ?cualquier acuerdo internacional que suscriba el Ejecutivo tiene que pasar por el Poder Legislativo para que pueda ser ratificado y entrar en vigor?.
La senadora Verónica Velasco, presidenta de dicha comisión, señaló en entrevista que la Cámara Alta no ha recibido el convenio de manera oficial y aclaró que ?ningún acuerdo que suscriba alguna autoridad adscrita al Ejecutivo federal puede considerarse ley vigente hasta en tanto los legisladores no tengan conocimiento de ello y lo ratifiquen?.
El Independiente reportó en su edición de ayer la existencia de un convenio firmado el 29 de octubre pasado por el coordinador de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, Manuel Villalobos; el subsecretario estadounidense de Agricultura, JB Penn, y Andrew Marsland, representante del ministerio canadiense de Agricultura.
El convenio unilateral entre los socios del Tratado de Libre Comercio (TLC) establece que el etiquetado de las mercancías no es obligatorio cuando un cargamento contiene 5% de organismos transgénicos o menos.
Aunque el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología (PCSB), vigente desde 2003 para 78 países, establece la obligación de documentar toda la mercancía que contenga organismos modificados genéticamente ?dados los riesgos para la salud humana y la posible contaminación de cultivos? el arreglo entre México y sus socios comerciales señala que la presencia ?no intencional? de transgénicos no será causa para etiquetar las mercancías.
Pero según la senadora Velasco, del Partido Verde, el acuerdo firmado por Sagarpa no cumplió con el procedimiento legal. ?Absolutamente cualquier acuerdo internacional que comprometa los intereses de nuestro país tiene que ser revisado por el Senado de la República y ratificado en su caso. Esa es una facultad constitucional indelegable.?
ESTRATEGIA DE PRODUCTORES
Grupos ambientalistas han denunciado que el acuerdo trilateral titulado Documentation Requirements for Living Modified Organisms for Food or Feed, or for Processing (Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento) es una estrategia de los productores de Estados Unidos y Canadá para eludir las normas internacionales de seguridad y expandir el marcado de maíz, soya y algodón transgénicos.
El Partido Verde aclara que no se opone a la utilización de los organismos genéticamente modificados. ?Nosotros no tenemos una postura radical en contra, simplemente adoptamos una postura de principio precautorio como la base para poder construir los acuerdos necesarios para el tratamiento y la regulación adecuada de los organismos genéticamente modificados?, afirmó Velasco.
El Protocolo de Cartagena ?ratificado por México, firmado por Canadá y rechazado por Estados Unidos? se firmó el 29 de enero de 2000 y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. El inciso B del artículo 18 establece que los organismos vivos modificados (OVM) destinados a uso directo como alimento humano o animal deben señalar claramente que ?pueden contener? transgénicos. En el caso de los OVM destinados al agro (las semillas, por ejemplo) se debe especificar la identidad y las características, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros.
El PCSB se inspira en un principio precautorio internacional, el cual estipula que mientras no se tenga certeza científica de la inocuidad, tanto para la salud pública como para los ecosistemas, de los organismos modificados genéticamente, las autoridades tienen que tomar las medidas necesarias para evitar su distribución libre en el ambiente y entre los consumidores.
En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente del Senado se pronunció a favor de una regulación clara para el comercio de transgénicos y destaca la importancia de considerar el legítimo derecho de los consumidores a saber lo que están ingiriendo.
?Aunque sea un porcentaje mínimo de lo que consumimos que tiene un origen genéticamente modificado, el consumidor tiene derecho a saber qué está adquiriendo para que éste decida si lo compra o no. No se vale que nos oculten la información como consumidores y nos den de comer lo que se les da la gana. Eso no es posible?, expuso Velasco.
Fuente: El Independiente, México, 11-2-04