¿Privatizarán el pulmón del mundo?

Se trata de una iniciativa gubernamental fundada en la búsqueda de la gestión y del uso sustentable de los bosques que se ubican en el estado de Amazonas y contempla tres modalidades de aplicación: las unidades de conservación, el uso comunitario por indígenas y pobladores tradicionales y, la más polémica, la concesión de parcelas dedicadas a la explotación forestal limitada a empresas privadas.

Este último punto establece un régimen de licitaciones para empresas privadas, supuestamente sometido a rigurosas normas establecidas por el Estado, pero aun sin definiciones precisas. 'Entre las organizaciones ambientalistas surgen opiniones diversas. Están los que rechazan la posibilidad de confiar al capital privado la defensa de una de las zonas más ricas en biodiversidad a nivel planetario, y quienes sostienen que, con un adecuado control público, se trataría de un camino apropiado para la erradicación de negocios ilegales y depredadores del medio ambiente y los recursos naturales', explicó el economista argentino y especialista en el tema, Julio Gambina.

El secretario de Bosques y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, Joao Paulo Capobianco, sostuvo que la iniciativa del gobierno 'permite la concurrencia a licitación de cualquier empresa constituida en el país, aunque sea controlada por capital extranjero, pero ello no significa privatización, ya que la propiedad de la tierra seguirá siendo pública'.

La región amazónica brasileña cubre más de cinco millones de kilómetros cuadrados. De esa área, el 25 por ciento ya es propiedad privada, y el 29 por ciento está ocupado por unidades de conservación y reservas indígenas.

Actualmente, la deforestación total alcanza a unos 500.000 kilómetros cuadrados, a un ritmo de 19.000 por año. El gobierno del Brasil, que posee el 60 por ciento de ese territorio, se ha preocupado por el problema e impuso normas según las cuales sólo el 20 por ciento de la superficie boscosa puede ser 'limpiada' con miras a su utilización en agricultura. Por ello canceló las licencias de las compañías explotadoras de madera que mostraban irregularidades.

Muchos de los países que forman parte de la cuenca amazónica (Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros) necesitan aumentar sus exportaciones para obtener recursos que puedan ser aplicados al pago de sus respectivas deudas externas. Los incentivos gubernamentales para el uso de la tierra amazónica en emprendimientos agrícolas obtienen buenos rindes económicos inmediatos pero por otro lado generan efectos ecológicos de signo contrario.

La expansión de las fronteras productivas siempre provocó altos índices de deforestación pero en las últimas tres décadas ese proceso adquirió un ritmo vertiginoso, provocando un desgaste en la masa de biodiversidad de imprevisibles consecuencias. Las voces críticas al proyecto gubernamental sostienen que la privatización del territorio implicará la necesaria privatización de la biodiversidad.

Sin embargo, lo que más preocupa a esos críticos es que la propuesta gubernamental aparece inmersa en el proyecto denominado 'Canje de deuda por naturaleza', impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se trata de un programa que prevé una quita de las deudas externas latinoamericanas a cambio de una cesión considerable de territorios ricos en recursos naturales. En realidad, el primer proyecto privatizador fue el intento de Estados Unidos de convencer al gobierno brasileño para que acceda al reconocimiento del Amazonas como Patrimonio de la Humanidad, iniciativa que aún no prosperó.

El plan 'Canje de deuda por naturaleza' está estrechamente relacionado con proyecto ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas), desde donde se manejarían los subsidios a las exportaciones, aunque lo más peligroso se encuentra en los 4 capítulos finales de esa iniciativa impulsada por Estados Unidos, referidos a inversión, competencia, propiedad intelectual y solución de controversias.

Elsa Bruzzone, experta del Centro de Militares por la Democracia Argentina (CEMIDA), explicó al respecto que esos capítulos finales 'obligan a los estados suscriptores del ALCA a poner todos sus servicios públicos y emprendimientos referidos a recursos naturales al servicio de explotaciones privadas. De la misma forma, los estados podrán generar políticas ambientales sólo en la medida que las mismas no impidan las inversiones extranjeras, tanto en agua como en biodiversidad. Por el mismo proyecto, los países suscriptores tampoco podrán someter a sus tribunales locales los conflictos que puedan surgir del Acuerdo. Por el contrario, la única jurisdicción que se prevé es la de los jueces estadounidenses'.

El ofrecimiento de recursos naturales como garantías para el endeudamiento público ya ha tenido lugar en varios casos. Entre otros vale recordar el del 'salvataje financiero' de México, cuando el estallido de la llamada Crisis del Tequila, en 1995. En esa oportunidad, el FMI incluyó como respaldo para los nuevos créditos a una parte importante de la producción petrolera mexicana.

En la Patagonia argentina, varios gobiernos provinciales apoyados por la petrolera hispano-estadounidense Repsol-YPF realizaron encuestas para medir el pulso de la población respecto de posibles aplicaciones del programa de canje de deuda por territorio. 'En rigor, se trata de un accionar ideológico tendiente a justificar la dominación y la apropiación territorial y de los recursos naturales por parte del capital transnacional', afirmó Gambina.

'El plan recientemente anunciado por el gobierno de Brasil para la posible privatización de las explotaciones amazónicas podría significar la entrega de territorios a gobiernos provinciales y municipales estrechamente ligados con corporaciones privadas de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE). Se llevarían hasta el último árbol y la última especie animal. Se intensificaría la desertificación y desmonte con el objetivo de incrementar la siembra de soja transgénica, envenenar la tierra, el agua y el medio ambiente', consideró Bruzzone.

Supuestamente, la Amazonia es prioridad del gobierno del presidente Lula. Así lo afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, Eduardo Campos, en el marco de la 56 Reunión Anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, realizada en Cuiabá, Mato Groso, en julio pasado. Además, allí se dijo que se destinarán para la región amazónica hasta diciembre de este año unos 5 millones de dólares para financiar becas de maestrías y doctorados en la región. El funcionario añadió que, actualmente, cerca de mil especialistas tienen como objeto de sus investigaciones la floresta amazónica.

Según Campos, de 2004 a 2007, las inversiones totales del gobierno federal en ciencia, tecnología e innovación serán de 12.500 millones de dólares, el 54 por ciento más que la cuantía aplicada entre 2000 y 2003. Campos dijo que las inversiones del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en el área llegarán a 221 millones de dólares.

Para impedir la venta de terrenos en el Amazonas, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) comenzó a implantar nuevas técnicas de identificación de áreas públicas y privadas. El presidente del Instituto, Rolf Hackbart, dijo que la fiscalización del INCRA en el Amazonas será realizada con fotografías satelitales. 'Este es un programa para que sea implementado en nueve años, pero ya se ha iniciando en varias regiones, y el Norte es prioridad', señaló Hackbart.

A fines de setiembre de este año, Brasil tendrá un satélite disponible: el Amazonas, fundamental para el monitoreo constante de la zona. Pertenece a la empresa Hispamar, de origen brasileño pero controlada por la española Hispasat, que quiebra el monopolio ejercido hasta entonces por el satélite Star One, de la corporación estatal Embratel. El nuevo satélite quedará ubicado sobre la región amazónica y será el primero con cobertura en banda C y KU para toda América y parte de Europa y Africa.

El ALCA propone que todo sea patentable, ya sea como producto o como procedimiento. La patente permite controlar o prohibir la fabricación, multiplicación, uso, venta, distribución, exportación e importación de un producto. Autoriza a las empresas titulares de patentes, específicamente a los laboratorios, a apoderarse del conocimiento aportado por las comunidades ancestrales y originarias, con el compromiso de que cuando esos productos den ganancia, las mismas sean compartidas.

ARGENPRESS, Internet, 27-9-04