Proyecto Camisea: devastación ambiental para extracción de gas natural en Perú

Para el gobierno peruano se trata de una inmensa obra de ingeniería que costó más de 1.600 millones de dólares y que se transformará en el motor del crecimiento económico del país en los próximos años.

Sin embargo, para más de 30 organizaciones ecologistas y ambientalistas peruanas e internacionales, y aún más para las comunidades que viven en la zona donde se realizaron las obras de Camisea, se trata del triste final de una disputa que duró años.

El proyecto

Los yacimientos de gas natural que existen en el proyecto Camisea, ubicado en el valle Urubamba, en la región sudeste de la Amazonia peruana, constituyen la más importante reserva de gas de Perú -diez veces más grande que cualquier otra en el país- y una de las más importantes en América Latina.

El potencial de Camisea está estimado en 11 trillones de pies cúbicos (TPC) de gas natural, que resulta de la suma del gas que se comprobó que existe y el probable que pudiera existir. Se calcula que finalmente se recuperarán, considerando los volúmenes probados y los probables, 8.24 TPC y 482 millones de barriles de líquidos de gas natural asociados (propano, butano y condensados).

La explotación de estas reservas se realiza a través de dos ductos, un gasoducto para gas natural -que parte en la región de Cuzco y recorre 730 kilómetros hasta Lima, la capital peruana, y la región de Callao, ciudad y principal puerto del país- y un poliducto para líquidos de gas natural.

Además de las diversas plantas industriales erigidas en diversos puntos, existe en el proyecto Camisea una red de distribución de gas natural para Lima y Callao. El hidrocarburo procedente de Camisea llegará a una planta de distribución situada en la localidad de Lurin, a unos 35 kilómetros al sur de Lima, donde se encuentra el "City Gate" (puerta de ingreso).

Ahí se inicia la red que lleva el carburante a todo el ámbito de la ciudad de Lima y Callao, pasando por 14 distritos.

Los ductos permitirán que el gas natural y los líquidos estén disponibles tanto para consumo doméstico como para ser exportados. Lima es entonces el principal centro de consumo al que llega el gas natural y allí puede ser utilizado para fines residenciales e industriales y para generar electricidad, que después puede ser distribuida a todo el país a través de la infraestructura necesaria ya existente en Perú.

Cómo se concretó

Los yacimientos de Camisea fueron descubiertos por la trasnacional Shell en la década de 1980.

Luego de que Shell abandonara el proyecto y que transcurrieran muchos años de negociaciones fallidas, en febrero del año 2000, el gobierno peruano adjudicó la licencia para la explotación de los hidrocarburos de Camisea. El beneficiario fue el consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation S.A. con la participación de Hunt Oil Company of Peru L.L.C., SK Corporation y Tecpetrol del Perú S.A.C. (100% propiedad del Grupo Techint).

El Proyecto de explotación consistía en una licencia por 40 años para la extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos.

Por su parte, en octubre de 2000 se adjudicaron las concesiones para el transporte de líquidos y gas natural a la costa y la distribución de gas natural en Lima y Callao. El trabajo de transporte fue otorgado al consorcio liderado por Tecgas N.V. (100% propiedad del Grupo Techint), con la participación de Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Oil Company, SK Corporation, Sonatrach Petroleum Corporation B.V.I y Graña y Montero S.A.

No parece casualidad que algunos nombres se repitan en las dos concesiones dadas por el gobierno peruano.

Finalmente, el 9 de diciembre de 2000 se suscribieron en Lima los contratos para la explotación del gas natural, el transporte de líquidos y gas y su distribución.

Lo que no se ve

El costo del complejo Camisea es estimado por organizaciones de la sociedad civil estadounidense en 3.200 millones de dólares, el doble de lo anunciado por el gobierno peruano.

El consorcio privado que explota los yacimientos de Camisea está constituido actualmente por las empresas Pluspetrol de Argentina, Hunt Oil de Estados Unidos, SK Corporation de Corea, Techint de Argentina y Sonatrach de Argelia. Este grupo de empresas invirtió más de 1.600 millones de dólares en la primera etapa de la explotación.

En agosto del año 2003 el diario argentino Clarín publicó un documento en el que denunció que las poderosas empresas petroleras norteamericanas Kellogg Brown & Root y Hunt Oil impulsaron el proyecto Camisea.

Decenas de organizaciones ecologistas reclamaban en ese entonces la detención del proyecto gasífero por los daños que estaba causando a la ecología de la zona y las poblaciones indígenas.

Según Clarín, las compañías Kellogg Brown & Root y Hunt Oil están ligadas a la Casa Blanca. El diario argentino denunció que Ray Hunt, dueño de Hunt Oil, "fue uno de los principales contribuyentes a la campaña electoral de Bush y el primero en aportar dinero para su reelección. En tanto que el vicepresidente Dick Cheney, hasta antes de asumir esa función, actuó como director principal de Halliburton -la compañía estadounidense más importante en servicios petroleros-, una de cuyas filiales es Kellogg".

En cuanto a Ray Hunt, Clarín fue más preciso todavía argumentando que "aportó más de 100.000 dólares a la campaña presidencial de Bush y, junto a su esposa, cedió los primeros 2.000 dólares para la reelección del presidente".

Por su parte, la organización social y ecologista Amigos de la Tierra Internacional también denunció en varias oportunidades el apoyo de Halliburton y Hunt Oil al proyecto Camisea, especialmente en su parte final.

Es dable esperar que el proyecto gasífero se convierta en un futuro no muy lejano en uno de los más importantes abastecedores de energía para Estados Unidos. Es que así fue pensado desde su concepción, el gas natural que se extraiga no sólo brindará una capacidad energética considerablemente mayor a la actual en Perú sino que también será exportado.

El medio ambiente y las protestas

El proyecto de extracción de gas Camisea es en la actualidad el proyecto más perjudicial de la cuenca del Amazonas y cuenta con el rechazo de decenas de organizaciones ambientalistas y ecologistas de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos.

El gasoducto construido atraviesa una "zona crítica" de biodiversidad del Amazonas. Las poblaciones indígenas de la zona han debido soportar que el gasoducto también atraviese los bosques tropicales, hogares de comunidades como los Nahua, Kirineri, Nanti, Machiguenga y Yine.

En julio de 2003 los grupos ecologistas internacionales Amigos de la Tierra, Amazon Watch y Oxfam America, que encabezaron en Estados Unidos la oposición al proyecto Camisea, lograron que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergara la aprobación de un préstamo de 75 millones de dólares necesarios para terminar las obras del proyecto.

En las semanas previas a la sesión del directorio del BID organizaciones ecologistas habían remitido cartas al presidente del banco, Enrique Iglesias, y al titular del Banco Estadounidense de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im Bank, otro financiador), Philip Merrill.

En las notas pidieron que se postergara el desembolso de los créditos al proyecto de Camisea hasta que las compañías no corrigieran los severos daños causados al ecosistema y a las poblaciones nativas.

La coordinadora en Lima de Oxfam América, Cathy Ross, dijo que "nosotros no nos oponemos al proyecto de Camisea, porque es muy importante para el desarrollo del Perú e implica progreso. Pero estudios de impacto ambiental realizados por empresas independientes encontraron alarmantes daños, en particular en la zona del Bajo Urubamba, en la región turística del Cuzco. Las compañías no tienen un monitoreo especializado y adecuado y lo que pedimos es que antes de recibir el crédito del BID, la CAF y el Ex-Im Bank, garanticen que cumplirán los estándares internacionales de reducción de riesgos".

En agosto de 2003, el Ex-Im Bank se negó a financiar el proyecto Camisea, siendo la primera vez que el Directorio del banco rechazaba un proyecto por razones ambientales.

Sin embargo, pocos días después, el proyecto obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de que no cumplía con las exigencias de las normas internacionales, que prohíben el ingreso en tierras de pueblos indígenas no contactados.

No obstante, la negativa del Ex-Im Bank y de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation - OPIC) de financiar el proyecto Camisea y el posterior retiro de Citigroup como asesor financiero, demostraron que el proyecto no sólo presentaba riesgos ambientales y sociales, sino también financieros.

En septiembre de 2003, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 135 millones de dólares para Camisea. Estados Unidos se abstuvo de votar. En ese entonces se llevaba construido un 60% del proyecto total.

Organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos criticaron a las autoridades de su país por abstenerse en la junta del BID en lugar de votar en contra. Las organizaciones consideraron que la negativa de Estados Unidos a votar pudo haber convencido a otros países de dar un voto afirmativo.

En ese entonces, informes publicados por organizaciones ambientalistas demostraron que el proyecto había causado erosión y contaminación masiva, y que en el plano de las discusiones sobre el proyecto se había intentado dividir a las comunidades indígenas invadiendo su espacio, cuando esas comunidades viven en total aislamiento por propia determinación.

Sobre fines del año pasado, dirigentes de comunidades indígenas adjuntas a la reserva informaron acerca de un gran descenso de los cardúmenes en los ríos, arroyos y lagos locales, debido a la gran erosión del suelo. Activistas denunciaron que el grave descenso de la actividad pesquera condujo a que aumentaran los niveles de desnutrición de pobladores de la zona.

Actualidad y expectativas

De acuerdo a lo anunciado por representantes del consorcio que explota los recursos de Camisea, se espera que en la segunda fase del proyecto se construya una planta de licuefacción que permitirá convertir el gas en líquido para exportarlo por un monto de unos 700 millones de dólares anuales.

Especialistas financieros calculan que el precio del gas doméstico se podría reducir hasta un 50 %, al tiempo que la electricidad bajaría un 20 %.

El gobierno de Alejandro Toledo cumplió con su promesa de terminar el proyecto y sus analistas estiman que la explotación de las reservas de Camisea permitirá un aumento del 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) peruano a partir de este año y de un 2 % a partir de 2007.

Por otra parte, varios senadores estadounidenses, organizaciones de la sociedad civil peruana y la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) se han opuesto al proyecto por entender que el impacto ambiental y social fue mal evaluado.

Asimismo, son impredecibles e incontrolables las consecuencias que Camisea pueda llegar a tener en el futuro en cientos de comunidades indígenas de la zona, muchas de las cuales evitan o rechazan el contacto con personas ajenas a su ambiente y carecen de inmunidad frente a enfermedades comunes.

El otorgamiento de la concesión para este proyecto fue un requisito previo que Alberto Fujimori, presidente peruano entre 1990 y 2000, debió satisfacer para que Perú pudiera recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de 1990.

Camisea supone hoy uno de los mayores daños al medio ambiente y a seres humanos existentes en el mundo. Pero además de eso, Camisea es un ejemplo más que evidencia las políticas de desarrollo implementadas por los países del sur pero pensadas en el norte, en particular por Estados Unidos.

Esas políticas de desarrollo no se basan en las ventajas comparativas que los países más pobres puedan tener con respecto a los países más industrializados. Muy por el contrario. Se trata nada más de modelos económicos de crecimiento propios del neoliberalismo y el capitalismo, adaptados a una región del mundo que está lejos de poder seguirlos.

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Radio Mundo Real, Internet, 3-9-04